¿Peligra la ley que concede la nacionalidad de España a latinos de origen español? Piden frenarla

Orbon Alija/Getty Images

Una asociación española sin ánimo de lucro intenta frenar la Ley de Memoria Democrática, que tras su aprobación en octubre de 2022 otorga la nacionalidad española a miles de descendientes de españoles que nacieron en el extranjero.

Ahora solicita que no se conceda la ciudadanía española a través de la actual Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como “Ley de Nietos” a miles de beneficiarios descendientes de españoles de origen, quienes pueden tramitar la nacionalidad española.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, España, admitió a trámite un procedimiento contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica contra la Ley de Memoria Democrática “por saltarse los procedimientos de fondo y de forma”, según publica el periódico español La Razón.

También se solicitan medidas cautelares de suspensión de la normativa que habilita el proceso de nacionalizaciones en base a la nueva Ley de Memoria Democrática.

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Esta asociación española aclara en su cuenta de Twitter que “la demanda interpuesta por esta asociación no es contra la ley, es contra la instrucción que fija el procedimiento para llevar a cabo lo dispuesto en ella”.

Este auto judicial ha sido trasladado al Ministerio de Justicia para que presenten sus alegaciones, cuyo plazo finaliza en 10 días a partir del 9 de enero.

Dicen los abogados especializados en ciudadanía española que hay que esperar unas semanas para saber cuáles son las repercusiones reales del resultado de este procedimiento contencioso que han interpuesto contra la instrucción de la Dirección General.

Todavía es pronto para saber qué va a pasar con las solicitudes de nacionalidad española entre los descendientes que viven principalmente en Cuba, Argentina, Colombia y Venezuela, entre otros.

Sin embargo, a esta asociación le llueven las críticas en las redes sociales, que no han tardado en reaccionar ante sus alegaciones, ya que son miles los descendientes de españoles de diferentes países los que ya han iniciado los trámites a través de las embajadas y consulados.

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Resumen alegaciones de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica

“La Ley de Memoria Democrática ha sido dictada por un órgano manifiestamente incompetente, porque le corresponde al gobierno español y no a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia de España”.

“La ley otorga en exclusiva la facultad de desarrollo normativo al Gobierno de la nación”.

“La disposición final quinta de la Ley 20/2022 es meridianamente clara cuando concreta que se habilita al Ejecutivo para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley”.

“En ningún caso se faculta a una directora general para tal fin”.

“Hay otra causa de nulidad indudable como es que se ha prescindido completamente del procedimiento establecido para la aprobación de una norma jurídica de tanta trascendencia. Existen más anomalías de fondo, pues la instrucción impugnada extiende además el concepto de exiliado político o ideológico a nada menos que todas las personas que emigraron desde España entre 1939 y 1955, sin distinguir si lo fueron por motivos políticos o económicos, cuando la Ley se refiere exclusivamente a razones políticas”.

“Se añade el gravísimo hecho de que serán las asociaciones memorialistas, partidos y sindicatos afines al Gobierno los que tendrán la potestad de certificar la condición de exiliados”.

La adopción de medidas cautelares de suspensión inmediata solicitadas no han sido admitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que primero se tiene que pronunciar el Ministerio de Justicia al respecto.

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