Pedro Castillo, de maestro rural y derrotar al clan Fujimori a una presidencia fugaz con un final caótico en Perú

Pedro Castillo era todo un desconocido solo unos meses antes de convertirse en presidente de Perú, en junio de 2021. Se inscribió como candidato en el partido Perú Libre el último día permitido, el 30 de septiembre de 2020. Faltaban seis meses para la primera vuelta.

Para marzo Castillo solo tenía un 3% de intención de voto. Un mes después, el 4 de abril, duplicó su respaldo al 6%. Algunos comenzaban a recordar al sindicalista que lideró una masiva huelga docente en 2017 a nivel nacional.

También se difundieron sus propuestas de gobierno, un programa que prometía un rol más activo del Estado en la gestión de la economía, además de reformas institucionales. Aún faltaba la remontada, la aceleración final, el cambio de marcha que lo sacaría adelante.

Castillo quedó al frente en la primera vuelta y ganó la presidencia en un ballottage con la poderosa Keiko Fujimori, quien había sido dos veces candidata y buscaba su revancha definitiva.

La pregunta en el exterior, y entre las atónitas elites limeñas que no lo vieron venir, era quién era Pedro Castillo, y qué se traía bajo el ala de ese sombrero ancho con el que se paseaba a caballo desde sus días de maestro rural, en la modesta región norteña de Cajamarca.

Regiones más pobres

Su currículum registraba una formación como maestro de primaria y un bachillerato en Educación en la Universidad César Vallejo. También se graduó en la maestría de Psicología Educativa por esa misma institución.

Castillo era un desconocido en Lima, pero no en el Perú profundo. De ahí que ya en la primera rueda venciera en las cinco regiones más pobres del país. Su notoriedad venía de una base sindical como dirigente del gremio del Magisterio, la agrupación radicalizada de docentes de escuela pública.

“Nunca más un pobre en un país rico”, fue uno de sus lemas de campaña, en alusión a la exitosa economía minera del país, que, pese al crecimiento sostenido de tres décadas consecutivas, mantuvo un altísimo índice de desigualdad social, sobre todo en las regiones andinas. “Cuando una persona nace en el pueblo, tiene que asumir lo que el pueblo manda”, dijo en otra ocasión.

Su propuesta se basaba en priorizar los sectores de salud, educación y agricultura, donde debían operarse cambios para llevar al país del crecimiento al desarrollo. El meollo de su plan estaba en la nacionalización del gas y la renegociación de contratos, y en que las multinacionales reinvirtieran parte de sus ganancias en el país.

Lo que más llamó la atención para operar esos cambios fue su propuesta institucional, que consistía en reformar la Constitución de 1993, que había promulgado el padre de su rival en las elecciones, Alberto Fujimori.

A poco de asumir, tras superar un sinfín de impugnaciones sin el menor sustento de Keiko Fujimori, que se negaba a aceptar la derrota, comenzaron los problemas. El presidente modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de ministros. También enfrentó dos intentos de destitución desde el Congreso, y al momento de dar el golpe de Estado se las estaba por ver con un tercero.

La acusación por “permanente incapacidad moral”, la figura constitucional que avala el juicio político, se sustentaba en acusaciones de corrupción. La Fiscalía lo investigaba en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis era que Castillo usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas.

Las causas incluían tráfico de influencias en la compra de combustible por la estatal Petroperú y en ascensos militares, obstrucción a la Justicia en la destitución de un ministro, corrupción y colusión en un proyecto de obra pública, y el plagio en su tesis universitaria.

El enfrentamiento con el Congreso y la Fiscalía era tan fuerte que Castillo pidió la visita de una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que concluyó en un informe que se necesitaba una tregua política para el diálogo entre las partes.

El anuncio de Castillo sucedió 30 años después del autogolpe de Alberto Fujimori, que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992. La de Castillo fue una solución expeditiva que, al contrario de Fujimori, quien se afirmó ocho años más en el poder, le jugó en contra y determinó el final abrupto de una carrera fugaz.