Patrocinador del proyecto de ley ‘No digas gay’ es acusado de fraude en préstamos a empresas por el COVID

El representante estatal Joe Harding, republicano del norte de la Florida, fue acusado el miércoles de lavado de dinero y fraude electrónico después que un jurado de instrucción federal indicó que declaró falsamente que dos empresas inactivas de su propiedad tenían empleados para obtener préstamos relacionados con el coronavirus.

La acusación federal acusa a Harding, republicano de Ocala, de confabularse para defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) con el fin de obtener préstamos para catástrofes económicas, afirmando que obtuvo o intentó obtener más de $150,000 “a los que no tenía derecho”, según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de la Florida.

Harding declaró en un comunicado que se declaraba inocente de los cargos federales y que quería que “el público y mis electores sepan que devolví íntegramente el préstamo y cooperé con los investigadores como se me pidió”.

Añadió que “por consejo de un abogado, no podré decir nada más específico sobre los procedimientos legales” hasta más adelante y pidió oraciones mientras él y su familia “trabajan por una resolución justa y equitativa”.

El presidente de la Cámara estatal, Paul Renner, dijo que retira “temporalmente” a Harding de sus tareas en las comisiones “para que tenga tiempo de centrarse en este asunto”. Harding debía ser vicepresidente de la Comisión de Salud y Servicios Humanos y vicepresidente de la subcomisión de Asignaciones de Educación Básica.

“En Estados Unidos nos apegamos al imperio de la ley, y como tal, el representante Harding se presume inocente y tendrá la oportunidad de defender su caso ante un tribunal”, dijo Renner en un comunicado. “Dado que la acusación no se refiere a ningún aspecto de sus funciones legislativas, cualquier otra pregunta debe dirigirse a su abogado”.

Según la acusación, en diciembre de 2020, Harding presentó solicitudes de préstamos para sus negocios The Vak Shak Inc. y Harding Farms LLC, declarando falsamente el número de empleados para las empresas y afirmando falsamente que los negocios estaban activos en 2019 y 2020.

En su solicitud de préstamo, Harding afirmó que The Vak Shak había tenido unos ingresos brutos de más de $400,000 antes del inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020 y que la empresa tenía cuatro empleados. En realidad la empresa había estado inactiva de 2017 a 2020, no tenía ingresos y no tenía empleados, según la acusación.

Para Harding Farms, Harding dijo que la compañía tenía ingresos brutos de alrededor de $400,000 y tenía dos empleados. En realidad, la empresa estuvo inactiva de 2017 a 2020, no tuvo ingresos y no tenía empleados, según la acusación.

Harding incluyó estados de cuenta bancarios “creados fraudulentamente” para Harding Farms para respaldar su solicitud, según la acusación.

Casi al mismo tiempo que presentó la solicitud de préstamo, Harding restableció las empresas con la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida para que pareciera que las empresas estaban activas, según el informe.

Harding lleva en el cargo desde 2020. Atrajo la atención nacional a principios de este año cuando presentó el proyecto de ley 1557 de la Cámara de Representantes, oficialmente llamado “Derechos de los padres en la educación”, pero al que los opositores se refieren como el proyecto de ley “no digas gay”.

La ley prohíbe la instrucción en el aula y las discusiones sobre la orientación sexual y la identidad de género de preescolar a tercer grado, pero las lecciones para los grados superiores pueden verse afectadas, también, si se discuten en formas que no son “apropiadas para la edad o el desarrollo”.

El gobernador Ron DeSantis promulgó la medida en marzo, después que la propuesta se convirtió en un pararrayos nacional y provocó críticas de organizaciones LGBTQ y de Disney, uno de los mayores empleadores del estado y un importante donante político empresarial.

La pena máxima por fraude electrónico es de 20 años, mientras que la pena máxima por lavado de dinero es de 10 años y la pena es de cinco años por hacer declaraciones falsas. El juicio de Harding está fijado para el 11 de enero.

Ana Ceballos, redactora del Herald/Times contribuyó a este artículo.