La participación de mujeres en actividades agropecuarias se reduce y sus condiciones de trabajo siguen sin mejorar

Marcela Nochebuena
Marcela Nochebuena

La participación de las mujeres en labores agropecuarias y del campo disminuyó en más de tres puntos de 2007 a 2022, al pasar de 19.7% a 16.2%, de acuerdo con los resultados más recientes del Censo Nacional Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Aunado a ello, las condiciones en las que laboran las y los trabajadores agrícolas no han mejorado. “Las y los jornaleros son comúnmente contratados por breves periodos de tiempo, por más de un patrón durante el año o son contratados por el mismo patrón, pero en diferentes periodos”, consigna el documento.

De acuerdo con el Inegi, durante el periodo de producción agrícola que fue de octubre de 2021 a septiembre de 2022, poco más de 14 millones de hombres trabajaron como jornaleros en actividades agropecuarias, por apenas 1 millón 849 mil mujeres. Dadas sus condiciones de trabajo —periodos breves y diferentes empleadores—, el instituto aclara que esta categoría no se refiere a personas, sino a puestos de trabajo.

Aunado a ello, los resultados oportunos no presentan un desagregado específico de la cantidad de hombres y mujeres que se dedican únicamente al trabajo agrícola, pues la cifra agrupa a los sectores agrícola, ganadero y forestal. Aunque los y las trabajadoras agrícolas han permanecido al margen incluso de las estadísticas oficiales, estimaciones previas del propio Inegi señalan que aproximadamente 2.5 millones en total se dedican solo a la agricultura, según lo publicado por Animal Político.

En tanto, respecto de las personas productoras, el Censo Agropecuario señala que, de un total de 3.5 millones, solo 677 mil 237 son mujeres, es decir, 19%. Considerando ambos géneros, la mayoría —72.7%— se ubica en un rango de edad de 45 a 65 años y más. Los estados de donde son provenientes el 61.4% de las y los jornaleros de los sectores agropecuario y forestal son Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Estado de México y Chiapas. 

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Estimaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señalan que más del 90% de los trabajadores agrícolas carece de contrato y acceso a instituciones de salud, mientras que el 85% no cuenta con prestaciones laborales. El 33.3% gana un salario mínimo, que hoy está fijado en 312.41 pesos diarios para la Zona Libre de la Frontera Norte y 234.52 pesos para el resto del país. 

Las mujeres acceden en mucho menor medida a estos derechos y, de manera frecuente, ganan menos, además de que enfrentan una serie de violencias económicas, físicas y psicológicas. Sin embargo, han sido ellas las pioneras en denunciar la discriminación, incluso a nivel internacional en el marco del T-MEC, y son también quienes aun con las dificultades que enfrentan, tejen redes, comunidad y aprendizajes, y demuestran que los procesos de toma de conciencia e incidencia pueden originarse en contextos precarios y vulnerables, según lo documentó Animal Político.

El Censo Agropecuario añade que la superficie agrícola total en el país es de 26 millones 104 mil 423 hectáreas, de las que 20.5 millones están sembradas. De las sobrantes, casi 3 millones no están sembradas por mal temporal, falta de crédito, enfermedad, falta de dinero o apoyos, o bien, porque no hubo quien lo hiciera. En tanto, el número de unidades de producción agropecuaria activas ha aumentado, pero el promedio de superficie agrícola por unidad ha disminuido —de 7.7 a 5.9 hectáreas—, es decir, tienden a ser más pequeñas. 

En tanto, el Inegi reporta un incremento en el nivel de escolaridad de las y los productores, aunque la primaria sigue siendo la predominante. Mientras el porcentaje que estudió hasta primaria se redujo de 54.9% a 50.4%, el de quienes cuentan con secundaria se incrementó de 11.1% a 21.6% y el de aquellas personas sin estudios se redujo de 27.2% a 14.5%. Entre los principales problemas de las unidades de producción agropecuaria, el censo enlista los altos costos de insumos y servicios, factores climáticos, baja de precios o disminución de ventas a causa de la pandemia, factores biológicos, pérdida de fertilidad del suelo e inseguridad, en ese orden.