No al pacto con el narco

El denominado Movimiento Nacional 10 de marzo propuso un pacto con grupos delincuenciales, que consiste básicamente en el cese de las desapariciones en el país y en la ubicación de los miles de personas desaparecidas en las que -se asume- ha habido actuación de particulares. No es la primera ocasión que se hace este llamado a una tregua. Ya antes el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad lo propuso hace algunos años. Además de la dura crítica al gobierno federal y del reconocimiento de que han fallado, la propuesta reconoce la gobernanza criminal y el control político que los grupos delincuenciales tienen frente a la incapacidad de los gobiernos para contener el fenómeno de las desapariciones.

La propuesta no es asunto menor, sobre todo viniendo de familias de personas desaparecidas de larga data que hacen referencia a experiencias en Tamaulipas y en Sinaloa. Son de nuevo las víctimas las que activan propuestas para localizar a las personas desaparecidas y para detener esta grave crisis. Ya ha pasado un año de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señalara que se trata del crimen perfecto, que la impunidad es absoluta y que las desapariciones son generalizadas y sistemáticas en el territorio nacional. Su llamado a la prevención ha quedado en el olvido del Gobierno de México que administra políticamente la crisis.

La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha señalado que el supuesto apoyo que el presidente manifestó en una mañanera es una renuncia explícita a su responsabilidad de lograr la pacificación del país. Incumplió su compromiso de establecer una política de justicia transicional y militarizó el país. Nada qué esperar de este gobierno.

Sin idealizaciones, también es necesario decir que este supuesto pacto debilita el papel del Estado frente a las desapariciones, condición de por sí grave debido a la ausencia de la FGR para cumplir su papel; además, pasa por alto que en el fenómeno de la macrocriminalidad, los particulares actúan con el apoyo, la autorización o la aquiesencia del Estado.

Se requiere entonces justicia, verdad y reparación, y no una negociación con los perpetradores de la violencia.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.