Los pacientes que reciben tratamientos de fertilidad y los médicos que los atienden temen que la prohibición del aborto limite el uso de la fecundación 'in vitro'

Anna Nibley Baker, madre de cuatro y residente de Salt Lake City, está casi segura de que su esposo y ella ya no desean que crezca su familia. Sin embargo, en los ocho años que han pasado desde el nacimiento de su último hijo, concebido gracias a la fecundación “in vitro” (IVF, por su sigla en inglés), ha pensado con cariño en los tres embriones que le quedan a la pareja, congelados y almacenados en una clínica universitaria.

Ahora que la Corte Suprema decidió anular el fallo del caso Roe v. Wade sobre el aborto, Baker, de 47 años, al igual que muchos pacientes más y sus médicos en todo el país, siente cierto sobresalto cuando piensa que quizá ya no pueda tomar decisiones en cuanto al destino de esos embriones. Si los estados prohíben el aborto desde el momento de la concepción (y no hacen ninguna distinción entre la fecundación en el vientre o en el laboratorio), las consecuencias para procedimientos rutinarios en los tratamientos de fertilidad podrían ser extraordinarias.

En un ciclo de IVF, un campo de la medicina que tiene más de 40 años de antigüedad y al que recurren cientos de miles de parejas heterosexuales y homosexuales, personas solteras y vientres de alquiler en Estados Unidos, el objetivo es crear el mayor número posible de embriones saludables para cada paciente. En general, los médicos implantan uno o dos de esos embriones en el útero y congelan los restantes para que el paciente pueda utilizarlos en el futuro.

Las acciones que han emprendido algunos estados para prohibir el aborto han comenzado a generar numerosas interrogantes legales en torno a estos embriones: ¿los doctores todavía podrán realizarles exámenes genéticos a los embriones para detectar anomalías cromosómicas o enfermedades como Tay-Sachs, Huntington y drepanocitosis, para ayudar a decidir cuál implantar?

¿A pacientes como Baker se les impedirá deshacerse de los embriones que ya no necesiten y más bien se les instará a darlos en adopción o se les obligará a almacenarlos para siempre?

Si los embriones no sobreviven el descongelamiento para ser implantados, ¿las clínicas enfrentarían multas de carácter penal?

En síntesis, muchos temen que los reglamentos aplicables a los embarazos no deseados también controlen, intencionalmente o no, a las personas que añoran un embarazo.

Desde que se dio a conocer el fallo, las clínicas de fertilidad no han parado de recibir llamadas frenéticas de pacientes ansiosos por saber si deben (o incluso si legalmente todavía pueden) transferir sus embriones congelados a estados con derechos al aborto garantizados. Los bancos criogénicos y los médicos también han estado evaluando situaciones hipotéticas terribles: un médico de Texas dedicado a tratamientos de fertilidad preguntó si debería contratar los servicios de un abogado defensor experto en derecho penal.

Hasta ahora, el texto de las leyes que surtirán efecto no se ocupa explícitamente de embriones creados en el laboratorio. Un nuevo documento sobre política de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, que representa a varios prestadores de servicios especializados en tratamientos de fertilidad, analizó 13 leyes catalogadas como “leyes de activación” y concluyeron que no representan una amenaza inmediata para los pacientes que sufren infertilidad y quienes les prestan servicios de salud. Además, en entrevistas realizadas con los principales grupos antiaborto, estos afirmaron que los embriones creados con tecnología reproductiva asistida en este momento no son una prioridad.

No obstante, algunos expertos legales advierten que, a medida que los estados vayan redactando legislación, la situación de estos embriones, así como la de los pacientes y proveedores de servicios, podría llegar a ser vulnerable, en especial si un fiscal vehemente decide explorar este nuevo terreno.

Barbara Collura, presidenta de Resolve, organización que representa los intereses de pacientes que reciben tratamientos de fertilidad, señaló que han lidiado con varias acciones legislativas que pretendían establecer el control del estado sobre los embriones. Fracasaron “porque nos defendimos y, además, contábamos con el respaldo de Roe v. Wade”, aseveró. “Obviamente, ya no es así”.

En relación con el caso cuyo fallo dejó sin efectos la decisión de Roe, añadió, “nos parece que Dobbs es una especie de luz verde para los fanáticos legislativos que quieran dar el siguiente paso en este tema”.

Cuando se utiliza la palabra “embarazo”, la mayoría de las normas que activan prohibiciones hacen una distinción entre su objeto y un embrión guardado en una clínica. La prohibición de Utah, donde vive Baker, por ejemplo, se refiere al aborto en el contexto de un “embarazo humano tras la implantación de un óvulo fecundado”, con lo que quedaría excluida la jurisdicción del estado sobre los embriones almacenados (esa ley de activación en particular se encuentra suspendida temporalmente).

Por otra parte, la legislación sobre el aborto que enarbola el Comité Nacional por el Derecho a la Vida como modelo para las filiales estatales y los legisladores se refiere a “todas las etapas de desarrollo del menor nonato dentro del útero de una mujer, desde la fecundación hasta el nacimiento”.

Representantes de cuatro grupos nacionales que se oponen al aborto indicaron en entrevistas que tienen la firme convicción de que todos los embriones son seres humanos, pero establecer normas aplicables a los embriones creados con IVF como parte de las prohibiciones para el aborto no es su objetivo principal.

“Hay tanto más que hacer en tantas áreas”, afirmó Laura Echevarria, vocera del Comité Nacional por el Derecho a la Vida, en referencia a legislación sobre notificaciones a los padres y programas que establezcan redes de seguridad para las mujeres embarazadas y sus familias. “La IVF en realidad ni siquiera está en nuestro radar”.

De cualquier manera, Kristi Hamrick, portavoz de Students for Life Action, un importante grupo nacional antiaborto, advirtió que en épocas recientes se ha empezado a incluir la IVF en la conversación.

“Proteger la vida desde el primer momento es nuestra meta fundamental, y en este nuevo ambiente legal investigamos temas como la IVF, en especial si consideramos que el modelo de negocios, por diseño, acaba con la mayoría de las vidas concebidas en el laboratorio”, indicó.

Las clínicas no tienen ninguna obligación de presentar información acerca del número de embriones congelados que conservan, por lo que es imposible confirmar un número confiable en Estados Unidos. La cifra más citada, 400.000, se tomó de un estudio de Rand Corp. realizado en 2002, pero el total actualizado sería mucho mayor.

Durante el año pasado, los legisladores republicanos de por lo menos 10 estados propusieron proyectos de ley que le darían “personalidad” legal a estos embriones congelados, según registros conservados por Resolve. No se ha aprobado ninguno de ellos. Sin embargo, los analistas de política de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva explicaron que estas leyes, que les otorgan a los embriones y los fetos la situación legal de un ser humano vivo, “podrían ser cada vez más comunes en el mundo después de Roe”.

Hamrick, de Students for Life Action, comentó que la legislación de “protección a partir del momento de la concepción” o “personalidad” tiene un “futuro prometedor”.

Además, con todo y que las leyes de activación de prohibiciones en general definen el aborto en relación con el embarazo, el lenguaje que emplean algunas no parece ajeno al mundo de la infertilidad, lo que es preocupante. Arkansas, por ejemplo, define al menor nonato como “un organismo individual de la especie Homo sapiens, desde el momento de la fecundación hasta que nace con vida”.

Sara Kraner, abogada general del banco criogénico Fairfax, que opera instalaciones de almacenamiento de embriones en seis estados, explicó: “No sabemos cómo interpretarán los estados el lenguaje, y nadie quiere convertirse en el caso que siente precedente. Puedo presentar argumentos sólidos de los motivos por los que las distintas prohibiciones no se aplican a los embriones almacenados, pero no puedo garantizar que el juez acepte mis argumentos si debo comparecer ante el tribunal”.

Baker, quien se convirtió en madre por adopción además de por IVF, siente un vínculo muy profundo con sus tres embriones congelados. Ahora batalla para decidir qué hacer, en particular en vista de que el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto ensombrece su futuro.

No puede imaginar donárselos a otra pareja, lo que en efecto sería permitir que unos extraños den a luz y críen a sus hijos, un proceso que muchos integrantes del movimiento antiaborto designan “adopción copo de nieve”.

Tampoco puede, ni financiera ni psicológicamente, pagar el almacenamiento para siempre.

Y mucho menos está lista para que los descongelen y, en sus propias palabras, “terminen su vida en un plato de laboratorio”.

Lo que le importa a Baker, quien es enfermera de cuidados intensivos, es tener el derecho de tomar decisiones que considera íntimas y de lo más personales. No cree que pudiera recurrir nunca a un aborto, a menos que su vida estuviera en peligro, pero también cree que debería ser su decisión.

Por lo tanto, no quiere que los legisladores estatales decidan el futuro de sus embriones.

“Forman parte de mi ser”, dijo Baker. “Nadie más que mi esposo o yo debería tener derecho a decidir qué les pasará”.

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