Yahoo Noticias Organizaciones opositoras cubanas se suman al esfuerzo de familiares para una ley de amnistía
LA HABANA (AP) — Dos organizaciones opositoras se sumaron este lunes a los esfuerzos de familiares de personas que fueron condenadas tras las protestas ocurridas desde 2021 en Cuba al reclamar a la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento cubano, la promulgación ahora de una ley de amnistía para los encarcelados.
La iniciativa data de 2022, pero no ha logrado en este tiempo que se le haga espacio en el cronograma legislativo.
Para los disidentes y varias ONG, algunos de los encarcelados son presos políticos o de conciencia, aunque para el gobierno los sentenciados cometieron delitos como atentados o sedición.
“El Consejo para la Transición Democrática (CTD) y la plataforma democrática DFrente, dentro de la que trabajamos, han dado su respaldo cerrado e inmediato a esta demanda por una ley de amnistía. E invitan, a todos sus integrantes, a que impulsen por todos los medios posibles esta solicitud inteligente y hecha con apego a la legalidad vigente”, expresó un comunicado firmado por ambas organizaciones.
Los opositores plantean con esta iniciativa una “liberación, con responsabilidad y sin venganza” y una “salida política”, que incluso fue reclamada por el Vaticano o algunos gobiernos de la Unión Europea.
Pero según la legislación cubana, para que una petición ciudadana de ley llegue al Parlamento debe reunir 10.000 firmas de electores cubanos, las cuales tendrían que estar certificadas por el órgano electoral de la isla. Hasta ahora se presentaron 100 a esta entidad y el organismo avaló solo cuatro, informó a The Associated Press Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de CTD.
“La burocracia cubana es deliberadamente lenta. Sobre todo, cuando se trata de la ciudadanía”, dijo Cuesta.
De todas formas, las agrupaciones llamaron a sus activistas y a las familias de los sentenciados a realizar el trámite de certificación de firmas por más complicado que sea y pusieron a disposición los formularios y la asesoría requerida.
La otra forma de lograr que una ley sea debatida es que un diputado del Parlamento o una organización social –las legalizadas tienen un fuerte vínculo con el gobierno— presenten la propuesta.
La semana pasada, en redes sociales, el padre de un preso llamado Walniel Luis Aguilar y otros familiares informaron que habían enviado una carta a la diputada Ana Mari Machado, quien también es vicepresidenta del Legislativo unicameral, para que se interese por el tema.
Durante las manifestaciones de julio de 2021, algunas de las cuales terminaron en actos vandálicos, un número no determinado de personas fueron arrestadas. Una organización llamada Justicia 11J recolectó unos 1.555 nombres.
En enero de 2022, la Fiscalía reconoció que había 790 personas procesadas por delitos relacionados con la protesta y a lo largo de ese año los tribunales sentenciaron a más de 380, algunos con penas de hasta 30 años por figuras como sedición.
Una organización de activistas de derechos humanos con sede en Madrid llamada Prisioners Defenders aseguró que había en Cuba en diciembre de 2023 unos 1.062 presos a los que calificó de políticos que se suman a los de 2021 y algunos detenidos en 2022.
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Andrea Rodríguez está en Twitter como www.twitter.com/ARodriguezAP
