Organismos de DDHH y juristas consideran improcedente propuesta de reforma de Noboa sobre reclusos

QUITO (AP) — Organizaciones de defensa de los derechos humanos y juristas en Ecuador consideraron el jueves improcedente la propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar parcialmente la Constitución para excluir a las personas privadas de libertad del grupo de atención prioritaria y la calificaron como una estrategia mediática y populista.

Se trata del tercer proyecto de reforma constitucional que Noboa ha propuesto. Previamente, el gobernante pidió autorizar la instalación en suelo ecuatoriano de bases militares extranjeras, además propuso eliminar la financiación electoral por parte del Estado a los partidos políticos. La primera es analizada por una comisión del Legislativo que deberá presentar un informe ante el pleno tras pasar el filtro de la Corte Constitucional; la segunda está en trámite en este organismo.

Noboa, quien aspira a un nuevo mandato en las elecciones de febrero de 2025, informó la víspera que enviará a la Corte Constitucional un pedido de reforma parcial a la carta política para corregir lo que calificó de “error” en la Constitución vigente desde 2008, argumentando que busca una distribución más justa de los recursos.

“Prioridad sólo para quienes lo necesitan y lo merecen”, señaló.

Fernando Bastias, del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, dijo a The Associated Press que la propuesta es improcedente porque, argumentó, para modificar una garantía constitucional que concede protecciones a un sector de la población se requiere de una Asamblea Constituyente y porque Ecuador es suscriptor de convenios internacionales sobre protección de derechos de los privados de libertad que son de cumplimiento obligatorio.

El activista agregó que el anuncio es “un insulto para los familiares de las víctimas de masacres” en las cárceles porque “atención prioritaria en la práctica no existe”.

Según Bastias, el más reciente informe de derechos humanos de las Naciones Unidas señala que “las condiciones de los privados de libertad continúan siendo inhumanas debido a la falta de atención médica, alimentación, hacinamiento, prácticas de tortura”, a lo que añadió falta de presupuesto.

Refirió que la organización ha recibido sólo en 2024 más de 100 casos de denuncias de tortura.

Ismael Quintana, experto constitucionalista, coincidió en que la propuesta de Noboa “no podrá ser canalizada por la Corte Constitucional”, dado que “resulta restrictiva de los derechos humanos”.

El jurista argumentó que el planteamiento presidencial “parte de una intención populista”, pero que es “inviable, anti-técnica e irresponsable”, añadió.

En medio de un ambiente pre-electoral y de crisis “se ponen de manifiesto estas estrategias coyunturales con ofrecimientos populistas” para llamar la atención de la población, opinó el catedrático de la Universidad SEK Internacional, Esteban Ron.

Noboa plantea reformar los artículos 35 y 52 de la Carta Magna, que deberán pasar el filtro de la Corte Constitucional antes de pasar a consideración del Legislativo.

El artículo 35 señala que “las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”.

El 52 añade que la población penitenciaria tendrá derecho a “contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad”.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, hasta finales de septiembre el número de internos en las cárceles de Ecuador era de 32.690.