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Ordenan allanamientos por el hackeo a Marcelo D’Alessandro y dos de los jueces que condenaron a Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'alessandro
El ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro

La Justicia porteña ordenó este martes una serie de allanamientos en Eldorado, Misiones, contra quienes serían los autores materiales del hackeo de los teléfonos del ministro de Seguridad porteño (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro, el diputado Diego Santilli, dos de los magistrados que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner y uno de los jueces más criticados por el kirchnerismo, Gustavo Hornos, confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION.

Los allanamientos se ordenaron a pedido de la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, quien también solicitó los arrestos de cinco sospechosos, pedido al que no hizo lugar la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Araceli Martínez.

Larreta se reunirá con Marcelo D’Alessandro en las próximas horas para definir su salida de Seguridad: lo reemplazaría Eugenio Burzaco

Los sospechosos identificados durante la investigación son Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Elías Nuñes Pinheiro -padre e hijo-, Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado. Todos tienen residencia en la localidad fronteriza con Paraguay, aunque ostentan un dato singular: para los hackeos habrían utilizado un usuario con credenciales administradas por la Jefatura de Gabinete de la Nación que les permitió acceder a datos personales de las víctimas que se encuentran reservados en el Registro Nacional de las Personas.

La fiscal Dupuy también requirió el secuestro de todos los dispositivos de almacenamiento informático y la documentación que se encuentren en las viviendas y locales comerciales bajo sospecha, además de cuatro vehículos –un Audi, un Volkswagen y dos Toyota-, y que se mantenga la investigación bajo secreto de sumario para avanzar en la identificación de los autores intelectuales del espionaje ilegal.

“Sabemos quiénes serían los responsables inmediatos, pero seguimos sin saber de qué lado vino [el ataque informático]”, indicó una fuente oficial al tanto de la investigación a LA NACION, que se mostró cauta sobre los pasos a seguir. “Habrá que ver qué surge de los allanamientos, qué aparece en esos domicilios”, planteó.

Durante las semanas posteriores a la difusión del contenido de un teléfono celular de D’Alessandro –de licencia y sin goce de sueldo hasta el 6 de abril próximo, aunque ayer se supo que lo reemplazaría Eugenio Burzaco como ministro-, la fiscal Dupuy logró determinar que los hackers estaban en la provincia de Misiones, activaron chips en Eldorado y tenían cierta sofisticación para ocultar sus huellas.

En la misma senda, pero desde los tribunales federales de Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado avanzó sobre el hackeo al teléfono de otro funcionario de Pro, Santilli, ocurrido el viernes 14 de octubre, a través de un “SIM SWAP” que se completó a través de la página de Internet de la empresa Movistar.

Tras responder apenas cinco preguntas sobre Santilli de resolución sencilla para cualquiera con acceso a Google y conocimientos básicos de “ingeniería social”, el o los hackers tomaron el control del teléfono de Santilli durante cuatro horas. Accedieron así a sus casillas de correo electrónico, sus conversaciones de WhatsApp, sus cuentas en redes sociales y su agenda de contactos. Es decir, lo mismo que denunció D’Alessandro, quien quedó contra las cuerdas y debió dar explicaciones dentro de Pro sobre sus acciones, su nivel de vida y sus vínculos, por ejemplo, con la exnúmero dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani.

En el caso de Santilli, Movistar le informó a la Justicia que la tarjeta SIM que se usó para hackear a Santilli se la había vendido, junto a otras 29.999, a la empresa Comtel SA, que a su vez precisó que dicha tarjeta la remitió a Misiones, donde terminaron en las manos de un vendedor, Junior Gularte. Citado por la Fiscalía, Gularte declaró que vendió esa y otras tarjetas a un técnico de celulares y revendedor, el 9 de septiembre. ¿Su nombre? Elías Ezequiel Núñes Pinheiro, quien cumplió 22 años el 18 de diciembre pasado.

A su vez, Núñes Pinheiro declaró ante el fiscal Delgado que él recibió esa SIM con la que hackearon a Santilli, pero dijo que la vendió junto a las demás a varios comercios, sin asentarlo en un registro numerado. Afirmó que salió en su automóvil a ofrecer las tarjetas y chips por Eldorado y ciudades aledañas, pero que jamás podría precisar dónde vendió cada tarjeta.

Ahora, sin embargo, la fiscal Dupuy verificó otra historia, apoyada en datos que entrecruzó de Movistar, Claro, Personal, Nosis y Google, e información sobre modelos de teléfonos móviles, direcciones IP, antenas de telefonía celular, espectro de conectividades y datos adicionales de correos electrónicos, además de tareas discretas de constatación. En particular, en los locales de “JyC Electronic”, “GSM Express” y “Mobile Shop”, y viviendas particulares en Eldorado.

Así, Dupuy reconstruyó que Nuñes Pinheiro creó un perfil falso de Nosis, ingresó y extrajo información de 72 personas durante 2022 –entre ellas, Santilli y D’Alessandro- y respondió las preguntas fijadas por el sistema de Movistar para habilitar el SIM-SWAP y tomar el control del teléfono del entonces ministro, el 19 de octubre pasado.

Durante los siete días siguientes, según reconstruyó la Unidad Fiscal, el mismo grupo avanzó contra otros diez usuarios de Movistar. Así hackearon también los teléfonos de Santilli, Fabio Alejandro Segurado, Luis Esteban Barbier, María Eugenia Piperio, Cristina Vanesa Figueroa, Verónica Salido, Adriana Lazaro, dos de los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner -Rodrigo Gimenez Uriburu y Andrés Fabián Basso-, y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Marcelo Hornos.

Marcelo D'Alessandro
Marcelo D'Alessandro - Créditos: @Archivo

Los hackers contaron con algo más que información disponible en Nosis. Los investigadores establecieron que ellos o alguien más ingresó al sistema informático del Registro Nacional de las Personas con un usuario que tenía las credenciales “MME” administrada por la Jefatura de Gabinete de la Nación y efectuó una consulta de tipo “datos y fotos” de D´Alessandro. De ese modo, accedieron a un informe completo de sus datos personales, lo que les permitió completar el SIM-SWAP.

Lo mismo ocurrió, cabe aclarar, con las otras víctimas de los hackers durante en esos mismos días. En algunos casos –como los de Basso y Hornos- utilizaron credenciales identificadas como “Mme_2″, “MME2vpn(99)” y “MME” que también corresponderían a usuarios administrados por la Jefatura de Gabinete desde su área de Innovación Administrativa (TAD).

¿Quiénes están detrás del hackeo?

Si hasta allí logró avanzar la Justicia, desde la política imperan los cruces de acusaciones. Desde Juntos por el Cambio afirman que el hackeo lo orquestó el oficialismo, basados en la secuencia de filtraciones y quiénes son los beneficiados y perjudicados: el presidente Alberto Fernández utilizó el fruto de espionaje en una cadena nacional, parte del material se conoció horas antes de que el tribunal comunicara su veredicto en el “caso Vialidad” contra Cristina Fernández de Kirchner, y otra parte trascendió en plena ofensiva del Gobierno contra la Corte Suprema por la coparticipación. Pero no fue todo: el 23 de febrero, horas después de que el juez federal Sebastián Ramos declaró ante la Comisión de Juicio Político, se filtraron mensajes que había intercambiado por chat con D’Alessandro que, según denunció el oficialismo, contradicen su testimonio en el Congreso.

Los jueces del TOF N° 2, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Los jueces que condenaron a Cristina Kirchner, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Desde el oficialismo rechazan esas versiones y reclaman que Juntos por el Cambio se mire al espejo por los cruces entre las facciones que responden a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en la puja por la candidatura presidencial o lo ocurrido en la trama de espionaje ilegal que dominó la presidencia de Mauricio Macri. “D’Alessandro es ‘víctima’ de la interna que carcome a su espacio político”, dijo el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, a LA NACION. “Estoy seguro de que detrás de todo esto está la Policía de la Ciudad, cuyos agentes prestó Rodríguez Larreta a Macri para que trabajasen en la AFI, donde integraron el grupo ‘Super Mario Bros’. Ahora le están pasando factura por haberles soltado la mano cuando la Justicia los procesó a ellos como ‘cuentapropistas’, mientras protegía a los eslabones superiores. Eso, la mafia te lo cobra”.

Junto a la fiscal Dupuy, en tanto, predominó la cautela. Esperan los resultados de los allanamientos para analizar las nuevas pruebas.