Los opositores de Netanyahu se basan en los peligros de las ‘reformas’ de autócratas para protestar

Al proponer su reforma judicial, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que estaba restableciendo el equilibrio de poder entre los legisladores electos y los jueces no electos.

“No es el fin de la democracia, es el fortalecimiento de la democracia”, dijo Netanyahu la semana pasada, antes de que una enorme ola de protesta y descontento civil lo obligara a posponer esas propuestas.

Pero el argumento legalista de Netanyahu ocultó lo que estaba en juego, y el clamor en las calles ha reflejado en parte el éxito de sus oponentes para persuadir a los israelíes de que el plan de este en realidad amenazaba con socavar gravemente la democracia de su país, no con fortalecerla.

Para ello ha sido clave el ejemplo de otros países en los que la reducción del poder judicial se ha convertido en una herramienta para herir de muerte a la democracia.

“Hemos estudiado esta dimensión de la llamada reforma judicial en Hungría, Polonia y Turquía y ya sabíamos lo que se avecinaba”, declaró Yaniv Roznai, profesor de Derecho de la Universidad Reichman de Herzliya, Israel, que se ha opuesto rotundamente al plan.

Roznai lleva meses hablando del “riesgo de crear un monstruo”, en sus propias palabras, al eliminar los tribunales como control efectivo del gobierno de la mayoría. En Hungría, por ejemplo, el primer ministro Viktor Orbán y su partido conservador Fidesz ganaron las elecciones nacionales en 2011 e introdujeron una serie de cambios permitidos por la ley en la Constitución húngara. Empezaron cambiando el proceso de nombramiento de jueces a fin de darle más poder al Parlamento para que cubra las vacantes, de forma muy similar a la propuesta de Netanyahu.

Al igual que Netanyahu, Orbán afirmó que estaba “fortaleciendo” la democracia. Dijo que dar al Parlamento el control de los nombramientos judiciales haría que Hungría siguiera el método estadounidense de selección de jueces federales. Los aliados de Netanyahu también han mentado a Estados Unidos como modelo para su plan de nombramientos judiciales.

“Mira lo que pasa en Estados Unidos”, dijo el mes pasado el ministro de Justicia de Netanyahu, Yariv Levin, en una entrevista. “En Estados Unidos, a los jueces de la Corte Suprema los nomina el presidente y los confirma el Senado”.

Netanyahu y su coalición también propusieron reducir el alcance del poder judicial otorgando al parlamento, o Knesset, la facultad de anular las decisiones de la Corte Suprema israelí por mayoría de votos. Sus partidarios dijeron que la propuesta era similar al poder que tienen las asambleas legislativas para anular las decisiones de la Corte Suprema en Canadá.

Los juristas señalan que el sistema de gobierno israelí carece de los controles adicionales del ejercicio del poder por mayoría que tienen Estados Unidos y Canadá. En esas diferencias, según los expertos, radica el porqué las propuestas de Netanyahu de injertar características de otros países en el sistema parlamentario israelí podrían tener consecuencias perjudiciales para su democracia.

“Cualquier comparación entre Estados Unidos e Israel tiene que recalcar las diferencias entre ambos”, afirmó Ran Hirschl, catedrático de Derecho y Gobierno de la Universidad de Texas en Austin.

Para empezar, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, Israel no tiene una Constitución escrita. Esto significa que no hay una Carta de Derechos y pocas disposiciones legales que requieran un proceso de enmienda más complejo que la aprobación de una ley ordinaria.

Además, Israel, como Hungría, tiene una sola cámara parlamentaria, la Knesset, en lugar de dos, como Estados Unidos, las cuales pueden limitar el poder de la otra. Tampoco hay una separación clara entre los poderes ejecutivo y legislativo ni un sistema federalista que delegue ciertas competencias en los estados o provincias.

“El poder politico está concentrado en una legislatura”, explicó Roznai.

El gobierno podría estar en manos de solo unas cuantas personas poderosas.

“Los ministerios de gobierno están dirigidos por los líderes de la coalición, que pueden ser cinco o seis políticos que controlan sus propios partidos”, dijo Roznai.

Lo que sí tiene Israel son las llamadas Leyes Básicas, estatutos que definen las normas jurídicas nacionales.

En 1992, la Knesset aprobó una Ley Básica de Dignidad Humana y Libertad, que la Corte Suprema de Israel ha usado para consolidar su función de sosegar el gobierno de la mayoría y para revocar decisiones gubernamentales sobre seguridad nacional y la primacía del judaísmo ortodoxo en la vida pública, entre otras cosas.

Por ejemplo, la corte prohibió formas de tortura en 1999 y dijo en 2021 que las personas que se convierten al judaísmo a través de las ramas reformista y conservadora del judaísmo cuentan como judíos y tienen derecho a convertirse en ciudadanos.

Decisiones como estas llevaron a algunas comunidades religiosas y de derecha a ver a la orte como su enemiga. Las raíces de la revisión judicial propuesta por Netanyahu se encuentran en ese descontento.

En Hungría, tras la elección de Orbán, no surgió ninguna oposición real contra sus cambios en el poder judicial. Además de cambiar la forma de seleccionar a los jueces, el gobierno amplió el Tribunal Constitucional y llenó los escaños nuevos. Mientras esto ocurría, una escasa mayoría del Tribunal Constitucional del país anuló leyes que el gobierno había aprobado, incluida la reducción de la edad de jubilación de los jueces para abrir más plazas en la corte y un programa para registrar a nuevos votantes.

Pero la resistencia institucional no duró. El gobierno de Orbán promulgó otra serie de enmiendas constitucionales que, entre otras cosas, anulaban las sentencias del Tribunal Constitucional. El gobierno también utilizó medios legales para hacerse con el control del consejo nacional de medios de comunicación, la comisión electoral y otras instituciones clave. Cuando Orbán se presentó a la reelección en 2014, él y su partido habían destruido las posibilidades de cualquier tipo de oposición dinámica.

La posición de Netanyahu se complica por el juicio en curso en el que se le acusa de corrupción, aunque él niega que eso tenga que ver con la revisión judicial propuesta. Una encuesta de Kan, la emisora pública, que se presentó el lunes, mostró que casi dos tercios de los israelíes quieren que se detenga la legislación judicial. Sin embargo, el socio de extrema derecha de Netanyahu en la coalición, Itamar Ben-Gvir, solo aceptó una pausa y se comprometió a continuar con la reforma judicial.

Las protestas en Israel sugieren que gran parte de la población está convencida de que las elecciones no bastan para salvaguardar su democracia.

“El gobierno de la mayoría es la esencia de la democracia. Pero no es una condición suficiente”, dijo Roznai. “Se necesita cierta separación de poderes, cierta independencia judicial, cierta protección de los derechos. Eso es lo que ve la gente aquí”.

c.2023 The New York Times Company