La oposición cuestionó a Martín Soria por su propuesta de reformar el Consejo de la Magistratura con un DNU

Consejo de la Magistratura
Pablo Tonelli fue uno de los que criticó la idea de Soria de modificar el Consejo de la Magistratura a través de un DNU - Créditos: @Fernando Massobrio

Dirigentes de Juntos por el Cambio y Consenso Federal cuestionaron las declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, quien recordó que “la Constitución no impide reformar el Consejo de la Magistratura por decreto” de necesidad y urgencia.

“Lo que dijo el ministro es que por supuesto existen mecanismos constitucionales como el mecanismo del DNU”, dijo la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en un intento de justificar los dichos del ministro. Sin embargo, la oposición no lo dejó pasar desapercibido.

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El diputado nacional de Pro Pablo Tonelli aseguró que “sería una monstruosidad” intervernir el Consejo de la Magistratura de esa forma y opinó que “habría que iniciarle un juicio político al Presidente”, si esto sucediera. Tonelli es uno de los referentes de la oposición en el organismo que evalúa a los jueces.

Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en la cámara baja, también criticó la posibilidad que deslizó Soria. “Hace una semana dije que le declararon la guerra a la Constitución. Ahora quieren modificar el Consejo de la Magistratura por DNU. Así empezó el chavismo cuando tenía votos, éstos saben que se van y hacen cualquier cosa por la impunidad. El Ministro Soria debe irse ya mismo”, publicó en su cuenta de Twitter.

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La legisladora de la Coalición Cívica ARI Marcela Campagnoli también cruzó al titular de la cartera de Justicia. “La ignorancia y prepotencia de Martín Soria alarma. Lea la constitución, ministro. Respete el estado de derecho”, expresó.

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Alejandro “Topo” Rodríguez, que integra la coalición Consenso Federal junto con Roberto Lavagna, acusó al Gobierno de intentar un “golpe institucional”. “El Gobierno Nacional ya adelantó que, si no llega a estar de acuedo con lo que decida el Congreso de la Nación, no descarta reformar, de facto, el Consejo de la Magistratura. Hacerlo, sería ejecutar un golpe institucional”, escribió en sus redes.

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Las declaraciones de Soria llegan en un tenso momento, después de que el presidente Alberto Fernández presentara un pedido de juicio político a la máxima autoridad de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados y convocara a sesiones extraordinarias para el 15 de enero.

Cerca del Presidente, sin embargo, tomaron distancia de las declaraciones de Soria y señalaron a LA NACION que no está en los planes de Fernández un decreto para modificar el Consejo de la Magistratura.

Parálisis del Consejo

El Consejo de la Magistratura está paralizado desde hace seis meses, cuando ocurrió la última reunión plenaria, sin que pudieran votarse desde entonces ningún candidato a juez para cubrir el 25 por ciento de juzgados vacantes en la justicia nacional y federal, y sin que avanzaran los expedientes disciplinarios y de juicio político contra magistrados investigados por inconductas.

La parálisis tiene sus razones según quien las explique: en los tribunales señalan que la política trabó todo el funcionamiento a raíz de la lucha por controlar el cuerpo de cara a los próximos cuatro años, mediante planteos judiciales o a través de maniobras que buscaron ventajas para colocar más consejeros senadores o diputados que los que preveía la ley.

En cambio, el kirchnerismo le echa la culpa a la Corte por haber anulado la integración del Consejo de la Magistratura de 13 miembros, como la concibió un proyecto de ley impulsado por Cristina Kirchner en 2006, y ordenar que se regresara al viejo consejo de 20 miembros, presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La Corte viene tomando medidas desde que en diciembre del año pasado ordenó en un fallo volver a la vieja ley del Consejo de 1999. Se realizaron las elecciones de nuevos consejeros y juraron los representantes de los jueces, los abogados y los académicos. Además, en otro fallo, señaló al kirchnerismo por elaborar un “ardid” falto de “buena fe” para alterar las reglas y burlar la representación de las minorías parlamentarias en el Consejo. Finalmente, abordó las medidas que trababan las juras de los diputados. Solo resta resolver lo que sucederá con los senadores.