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OPINIÓN: Trump podría ser acusado por incitar a la violencia

El expresidente Donald Trump habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), 4 de marzo de 2023, en Oxon Hill, Maryland. (AP Foto/Alex Brandon)
El expresidente Donald Trump habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), 4 de marzo de 2023, en Oxon Hill, Maryland. (Alex Brandon / Associated Press)

Por primera vez, el Departamento de Justicia afirmó que Trump puede ser acusado ante una Corte, por incitar a la violenta insurrección del 6 de enero de 2021, que culminó con el mortal ataque al Capitolio, luego de múltiples fracasos para permanecer en el poder.

Desesperado Trump acudió a un Tribunal Federal de Apelaciones argumentando que el incendiario discurso en que urgió a millares de sus simpatizantes a que fueran al Capitolio y “pelearan como un infierno” para impedir que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden, no fue una incitación a la violencia.

El Departamento de Justicia señala que el expresidente esgrime una supuesta “inmunidad absoluta” que perdió al dejar el cargo; estaba en un acto de campaña, no estaba en ejercicio de su autoridad presidencial, en el discurso no habló de temas de interés general, tampoco está amparado por la Primera Enmienda Constitucional, “porque constituye un llamado implícito a la violencia e ilegalidad, instigando a atacar el Congreso”.

De acuerdo con el escrito que presentó ante la Corte, en una demanda de 2 policías del Capitolio que fueron brutalmente golpeados y de 11 integrantes demócratas de la Cámara de Representantes, “la Primera Enmienda no incluye incitar a la violencia”, por lo que pide a los magistrados rechazar el argumento de inmunidad absoluta que busca Trump.

La demanda, presentada bajo una ley, escrita al término de la Guerra Civil, en respuesta a la violencia del Ku Klux Klan, busca que Trump sea obligado a pagar compensaciones a los policías del Capitolio, por la muerte, heridas, lesiones físicas y psicológicas que recibieron ellos y otros, durante los disturbios.

La decisión del Tribunal es de suma importancia, ya que tendría influencia directa en los casos No. 22-7120 de Moore Vs. Trump, No. 22-7121, de Tabrón Vs. Trump, 22-7122 de Kirkland Vs Trump, No. 23-7010, de Smith Vs. Trump y 1:23-cv-38 de Garza Vs. Trump, que podrían llevar a la consignación del expresidente, que busca desesperado colocarse a la cabeza de los aspirantes republicanos a la nominación presidencial para 2024.

Otros casos criminales contra Trump avanzan en el estado de Georgia, donde Trump amenazó e intimidó a altos funcionarios electorales de ese estado, tratando de suplantar a los delegados legítimos al Colegio Electoral, por otros que votaran por él.

También avanza la investigación sobre la extracción ilegal, almacenamiento inadecuado y posibles copias y transferencias de documentos “Top Secret”, sensibles y altamente clasificados, sobre programas nucleares de diversos países y otros aspectos de seguridad nacional, y que es conducida por el Fiscal Especial Jack Smith.

Un problema significativo que ha sido detectado es el temor de funcionarios de justicia y del Buró Federal de Investigaciones, por las implicaciones políticas, laborales y hasta de seguridad, que pueda implicar la participación más abierta y decidida en la consignación de Trump.

Aunque el Procurador General de Justicia Merrick Garland ha dicho que “ninguna persona puede estar por encima de la ley,” son por todos conocidos los instintos vengativos de Trump.

Eso ha llevado a quienes están involucrados, a discusiones, desacuerdos, demoras, extrema cautela y otras acciones, por miedo, como reveló recientemente Jay Bratt, con amplia experiencia como fiscal, en un amplio reportaje del diario Washington Post, que “como ningún político de este país, se ha valido del temor y el miedo para conseguir sus propósitos”.

Así lo vimos con el despido del exdirector del FBI James Comey, la remoción de Andrew Mc Cabe, quien le sucedió, 3 días antes de su jubilación, la presión para la renuncia de los procuradores Jeff Sessions, William Barr y posteriormenteJeffrey Rossen.

Igual que los ataques al fiscal Robert Mueller, los fiscales Jack Smith, Fani Willis, Letitia James y muchos más.

Luchando por todos los medios por la nominación presidencial y reforzar su argumento de que la investigación de sus crímenes “tiene objetivos políticos”, Trump lucha por unificar un partido cada día más fracturado, con más divisiones, del que surgirán al menos 17 aspirantes a la nominación presidencial, muchos de los cuales han marcado distancia con el exmandatario.

Claro es el caso del gobernador de Florida Ron de Santis, del exvicepresidente Mike Pence y otros que declinaron participar en la Conferencia Nacional de Acción Cívica Conservadora, CPAC, que organiza en Washington Matt Schlapp, exempleado de Trump, quien es investigado por conducta sexual inapropiada.

Trump también promovió una campaña contra Mitch Mc Connell, líder de la Minoría del Senado, a quien quiere reemplazar, igual que a otros legisladores, que no hacen lo que les ordena.

Trump rápidamente acomodó la situación a su favor, diciendo que “la razón por la que no van a asistir es que la multitud ya no quieren escuchar de nuevo su discurso”, mientras que, en su oportunidad, el sábado próximo, destacará que “su país se está yendo al infierno y él sabe cómo resolverlo”.

En el lado Demócrata, el presidente Joe Biden, insiste en que se reelegirá, aunque comienza a surgir el nombre del secretario de Transporte, Pete Buttgieg, quien ya es víctima de ataques de los republicanos trumpistas, por su manejo del descarrilamiento del tren con desechos tóxicos en East Palestine, Ohio y por ser abiertamente gay.

También se espera que haya otros políticos demócratas jóvenes buscando la nominación, en un país cansado y decepcionado de las mafias del poder, que han controlado la política los últimos 20 años.

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Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.