Opinión: Soy culpable de violar la Ley de espionaje

Laura Poitras
·6  min de lectura
El Departamento de Justicia está sentando un precedente peligroso que amenaza a los periodistas… y a la verdad. (Damon Winter/The New York Times).
El Departamento de Justicia está sentando un precedente peligroso que amenaza a los periodistas… y a la verdad. (Damon Winter/The New York Times).

EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA ESTÁ SENTANDO UN PRECEDENTE PELIGROSO QUE AMENAZA A LOS PERIODISTAS… Y A LA VERDAD.

Soy culpable de violar la Ley de espionaje, título 18, secciones 793 y 798 del Código de Estados Unidos. Si me acusan y me declaran culpable, podría pasar el resto de mi vida en prisión.

Esto no es hipotético. Justo ahora, el gobierno de Estados Unidos está enjuiciando a un editor bajo la Ley de espionaje. El caso podría sentar un precedente que me pondría en peligro a mí y a muchísimos otros periodistas.

Confieso que —junto con periodistas de The Guardian, The Washington Post y otras organizaciones de noticias— informé y publiqué documentos sumamente confidenciales de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) proporcionados por el denunciante Edward Snowden, que revelaron los programas de vigilancia masiva global del gobierno. Este reportaje fue ampliamente reconocido como un servicio público.
La Ley de espionaje define la posesión o publicación no autorizada de información clasificada o de “defensa nacional” como un delito grave. La ley se promulgó originalmente durante la Primera Guerra Mundial para enjuiciar a “espías y saboteadores”. No permite una defensa de interés público, lo que significa que está prohibida la presencia de un jurado que tenga en cuenta la diferencia entre un denunciante que revela los delitos del gobierno a la prensa y un espía que vende secretos de Estado a un gobierno extranjero.

Antes del 11 de septiembre de 2001, la Ley de espionaje rara vez se usó en el contexto del periodismo. La excepción más notable fue el caso de Daniel Ellsberg, quien en 1971 fue acusado de violar la Ley de espionaje por proporcionarles a los medios de comunicación, incluyendo a The New York Times, los papeles del Pentágono. Los cargos contra Ellsberg fueron retirados cuando se expusieron los métodos ilegales de recopilación de pruebas del gobierno, como irrumpir de manera ilegal en la oficina de su psiquiatra e intervenir sus líneas telefónicas sin una orden judicial.

Todo esto cambió después del 11 de Septiembre, cuando la Ley de espionaje se convirtió en una herramienta del gobierno para perseguir selectivamente a fuentes y denunciantes, así como para intimidar a los periodistas y organizaciones de noticias que buscan publicar informes que el gobierno quiere suprimir. Tan solo durante la presidencia de Barack Obama, el Departamento de Justicia procesó ocho casos de la Ley de espionaje relacionados con periodismo contra fuentes, es decir, más enjuiciamientos por filtraciones que todos los gobiernos previos juntos.

Uno de los abusos más alarmantes de la Ley de espionaje durante la presidencia de Obama fue el caso de Stephen Kim, un analista del Departamento de Estado que en 2010 fue imputado por la ley por revelar información clasificada al periodista de Fox News James Rosen. En la orden de allanamiento del Departamento de Justicia, Rosen es descrito como un posible “coconspirador”. Rosen finalmente no fue acusado, pero de forma trágica Kim se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de espionaje y cumplió 10 meses en prisión (Coproduje una película sobre ese caso).

A pesar de este incremento de enjuiciamientos contra denunciantes y fuentes, el gobierno nunca había cruzado la línea de acusar a periodistas o editores por recibir o divulgar información confidencial… hasta el año pasado.

Fue entonces cuando el Departamento de Justicia acusó a Julian Assange, fundador y editor de WikiLeaks, de 17 cargos de violación de la Ley de espionaje, además de un cargo previo de conspiración para violar la Ley de fraude y abuso informáticos.

Los cargos contra Assange se remontan a hace una década, cuando WikiLeaks, en colaboración con The Guardian, The New York Times, Der Spiegel y otros, publicaron los registros de guerra de Irak y Afganistán, y posteriormente se asoció con The Guardian para publicar telegramas del Departamento de Estado. La acusación describe muchas actividades realizadas por los medios noticiosos todos los días, incluyendo la obtención y publicación de información real y de interés público, la comunicación entre un editor y una fuente, así como el uso de herramientas de cifrado.

Hice una película sobre Assange y WikiLeaks llamada “Risk”. Filmé a Assange durante muchos años y, como muestra la película, tuvimos desacuerdos notables. Hay muchas razones para ser críticos con respecto a Assange, y nunca he rehuido de ellas. Pero debemos tener clara la razón por la que está siendo enjuiciado y lo que está en juego para la libertad de prensa.

Las publicaciones de WikiLeaks expusieron crímenes de guerra, revelaron muertes de civiles previamente desconocidas en la Irak ocupada por Estados Unidos, detallaron la corrupción del gobierno en Túnez en vísperas de la Primavera Árabe y generaron innumerables informes más que dominaron las primeras planas de los periódicos de todo el mundo durante 2010 y 2011.

WikiLeaks fue responsable de los informes más crudos sobre las ocupaciones estadounidenses y la política exterior desde el comienzo de la “guerra contra el terrorismo” y ayudó a cambiar la conciencia pública.

Ninguno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”, incluyendo los programas de tortura de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), han sido llevados ante la justicia. En contraste, Assange enfrenta una posible sentencia de hasta 175 años de prisión.

Assange está detenido en Belmarsh, una prisión de alta seguridad en Londres —que recientemente entró en confinamiento debido a un brote de coronavirus— y lucha contra la extradición a Estados Unidos. Se espera que un juez británico dicte sentencia sobre su extradición el 4 de enero. El 16 de diciembre, 15 miembros del Parlamento del Reino Unido le enviaron una carta al secretario de Estado para reunirse con Assange antes de la decisión sobre la extradición y citaron preocupaciones sobre la libertad de prensa.

He experimentado el efecto escalofriante de la Ley de espionaje. Cuando estuve en contacto con Snowden, en ese entonces un denunciante anónimo, conversé con uno de los mejores abogados de la Primera Enmienda del país. Su respuesta fue inquietante. Leyó la Ley de espionaje en voz alta y dijo que nunca se había usado contra un periodista, pero que siempre había una primera vez para todo. Agregó que yo sería una buena candidata para esa primera vez porque soy una documentalista sin el respaldo de una organización de noticias.

No se puede exagerar el peligroso precedente que establece la acusación de Assange bajo la Ley de espionaje y su posible extradición: cada periodista de seguridad nacional que informa sobre información confidencial ahora enfrenta posibles cargos de la Ley de espionaje. Allana el camino para que el gobierno de Estados Unidos enjuicie a otros editores y periodistas internacionales. Además, normaliza en otros países el enjuiciamiento de periodistas de Estados Unidos como espías.

Para revertir este peligroso precedente, el Departamento de Justicia debe retirar de inmediato estos cargos y el presidente debe perdonar a Assange.

Desde los hechos del 11 de Septiembre, este país ha sido testigo de una creciente criminalización de la denuncia de irregularidades y del periodismo. Si se permite que el caso de Assange siga su curso, será el primero, pero no el último. Si el presidente electo Joe Biden quiere restaurar el “alma de Estados Unidos”, debería comenzar por salvaguardar de manera inequívoca la libertad de prensa bajo la Primera Enmienda y presionar al Congreso para que revoque la Ley de espionaje.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company