Opinión: Cómo hacerle pagar a Rusia su invasión a Ucrania

Esta semana, Volodímir Zelenski visitará Washington para agradecerle a Estados Unidos su generosidad y al mismo tiempo pedirle otros 24.000 millones de dólares, que es la ayuda militar y humanitaria adicional para Ucrania que el gobierno de Biden le está solicitando al Congreso. Esto elevará la cantidad total de ayuda estadounidense a 135.000 millones de dólares lo que corresponde, hasta ahora, según una estimación, a 223 millones de dólares por día desde que comenzó la guerra.

Quizás sea momento de abrir una nueva fuente de financiamiento antes de que se agote la generosidad de Estados Unidos… esta vez procedente de Rusia.

Desde la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos y nuestros socios democráticos han congelado casi 300.000 millones de dólares en activos del banco central ruso, lo que representa poco menos de la mitad de las reservas de divisas y oro del Kremlin. Desde entonces, algunos de nosotros hemos estado alegando que este dinero debe ser transferido a Ucrania, por una cuestión de justicia y como un disuasor contra este tipo de agresiones. Como ha dicho el exsecretario del Tesoro, Larry Summers: “Los asaltabancos no deberían esperar que los bancos respeten sus cajas de seguridad”.

Hasta ahora, el gobierno de Biden no ha estado de acuerdo con esto. “En este momento, no sería lícito que el gobierno de Estados Unidos confisque” los activos de Rusia, señaló la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en mayo de 2022. La revista The Economist argumentó que este tipo de medidas violarían el derecho internacional, y hay preocupaciones de que también dañarían los intereses económicos de Estados Unidos cuando países extranjeros intentaran desdolarizar sus economías.

Pero esas objeciones, en sí, no son muy sólidas. Un informe de 184 páginas muy bien sustentado e investigado de la Renew Democracy Initiative que circuló esta semana entre periodistas, funcionarios del gobierno y líderes de organizaciones sin fines de lucro nos muestra por qué.

El principal autor del informe es Larry Tribe, un profesor liberal de Derecho legendario en la Universidad de Harvard con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en esta sí. (Aclaración importante: yo ayudé a emprender la Renew Democracy Initiative hace seis años y soy parte de su consejo consultivo, pero no participé en la elaboración ni en la publicación del informe). La conclusión principal del informe es que el presidente tiene plenas facultades, según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (o IEEPA, por su sigla en inglés) de 1977 para transferir a Ucrania los activos congelados de Rusia.

“La IEEPA indica con claridad que el presidente puede ‘investigar’, ‘obstruir, ‘regular’, ‘dirigir e imponer’, ‘invalidar’, ‘anular’ e ‘impedir y prohibir’” la transmisión de bienes de una entidad a otra, escriben Tribe y sus colegas. “Esas facultades abarcan la transmisión de ‘cualquier derecho, poder o privilegio’ con respecto a un bien que sea del interés de un país extranjero y que esté sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos”. Algunos presidentes anteriores ya usaron esta facultad: George H. W. Bush congeló los activos de Irak en Estados Unidos después de la invasión a Kuwait y al final los transfirió a la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas para las víctimas de la ofensiva de Sadam Huseín.

¿Y qué hay de la “inmunidad soberana” de Rusia, la doctrina jurídica de que un Estado es inmune a fallos o sanciones de tribunales extranjeros? Ese es uno de los argumentos que en ocasiones han salido a relucir en contra de transferir a Ucrania los activos de Rusia. También es irrelevante. “Es un principio que solo se aplica en procesos judiciales, y no está diseñado para incapacitar a la política exterior de ningún país como se refleja en las acciones ejecutivas o legislativas”, me escribió Tribe en un correo electrónico. “Sencillamente no existen fundamentos para decir que Rusia puede violar la soberanía de Ucrania mientras invoca su propia soberanía como un escudo inviolable”.

El informe de Tribe señala que hay un principio de “contramedidas” bien establecido en el derecho internacional, que son acciones que de otro modo podrían violar el derecho internacional, pero que son legítimas “porque la medida se toma contra otro Estado por algún acto indebido a nivel internacional”. El criterio es simple: los violadores del derecho internacional no tienen derecho a veto sobre las penas por sus violaciones.

Para terminar, existe el argumento de que Estados Unidos podría sufrir un daño económico a largo plazo si otros países evitan dejar aquí su dinero por temor a que se lo puedan quitar. Le presenté este argumento a Summers, quien admitió que existía el riesgo de que Estados Unidos actuara de manera unilateral, sin la coordinación de los países europeos, donde ahora están congelados la mayor parte de los activos rusos. “La idea es que se haga de manera multilateral”, me dijo. Si otros no lo hicieran, podría haber una fuga de dólares. Pero si lo hacen todas las principales divisas, ¿a dónde va a mover su dinero la gente?

Summers es un defensor enérgico de transferir fondos a Ucrania. Uno de sus muchos argumentos relevantes es que ya se ha dado un paso decisivo. Hemos congelado los activos de Rusia y declarado a Vladimir Putin un criminal de guerra; es impensable que el dinero sea descongelado si no es para la reconstrucción de Ucrania. Así que, ¿por qué no poner manos a la obra ahora, cuando el financiamiento adicional podría acelerar la victoria de Ucrania, ayudar a su pueblo mientras está bajo ataque y enviar un poderoso mensaje al Kremlin y a otros posibles agresores de que el precio económico de una invasión es tanto contable como elevado?

El gobierno de Biden hasta ahora ha acumulado un historial honorable de hacer lo correcto para Ucrania, pero casi siempre se le ocurre un poco tarde. Ayudar a vencer a Rusia con su propio dinero es fundamental para esa labor. La lógica moral es convincente. El caso judicial es claro. Y, como las facturas indican, el momento político es ahora.

c.2023 The New York Times Company