Las grandes farmacéuticas nos están haciendo tontos

Stephen Buranyi
·11  min de lectura
Las grandes farmacéuticas nos están haciendo tontos. (Shira Inbar/The New York Times)
Las grandes farmacéuticas nos están haciendo tontos. (Shira Inbar/The New York Times)

EL DESARROLLO DE LAS VACUNAS CONTRA EL CORONAVIRUS IMPLICÓ UN TRABAJO HEROICO. PERO ESO NO SIGNIFICA QUE ESTA INDUSTRIA SE MEREZCA TU DEVOCIÓN.

Es lo más cercano a un milagro en la ciencia: ya tenemos una vacuna contra el coronavirus y la razón principal es que las vacunas de ARNm, una tecnología nunca antes probada, parece funcionar mejor de lo que casi nadie esperaba.

Apenas este verano, muchos analistas pronosticaban que no tendríamos una vacuna sino hasta el otoño de 2021, según la cronología de los tratamientos tradicionales. Si estas nuevas vacunas funcionan tan bien en la realidad como en los ensayos clínicos, el mundo lo recordará como una victoria quizás mayor que la de Salk y Sabin contra la polio. Si este nuevo tipo de vacuna también funciona contra otros virus, marcará un avance histórico para la inmunología, más cercano a los descubrimientos de Pasteur y Jenner.

Sin embargo, ha ocurrido algo extraño en nuestra celebración de este triunfo científico. Mientras esos avances históricos se conmemoran como el trabajo de científicos o laboratorios específicos, las vacunas contra la COVID-19 pasarán a la historia como una victoria de las compañías farmacéuticas.

La regla en la cobertura de la prensa parece ser que la mayor marca involucrada obtiene el mayor crédito. Y así, todos los días hay noticias sobre la vacuna de Pfizer (una colaboración entre Pfizer y la compañía alemana de biotecnología BioNTech), la vacuna de Moderna (una asociación entre los Institutos Nacionales de Salud y Moderna) y la vacuna de AstraZeneca (que, de hecho, es una de las vacunas que no utiliza ARN,creada por científicos de la Universidad de Oxford y desarrollada y distribuida por AstraZeneca).

Este es un increíble golpe maestro de relaciones públicas para una industria desesperada por rescatar su imagen. Apenas el mes pasado, Purdue Pharma se declaró culpable y aceptó el pago de multas de más de 8000 millones de dólares tras ser procesada por su participación en la horrible crisis de los opioides en Estados Unidos. El récord anterior, de 2009, era de Pfizer por un acuerdo extrajudicial para la industria farmacéutica por el que pagó 2300 millones de dólares, para resolver un litigio por comercialización fraudulenta de un analgésico, un antipsicótico y otros medicamentos para enfermedades para las que no había recibido aprobación.

La vileza de la industria farmacéutica es tan común que se ha convertido en parte de nuestro bagaje cultural. Los guionistas de la película de 1993 “El fugitivo” sabían que una compañía farmacéutica sin rostro que tratara de encubrir su mala conducta sería un villano perfectamente plausible para amenazar a Harrison Ford (la película fue un éxito). En la novela publicada en 2001 de John le Carré, “El jardinero fiel”, un diplomático británico descubre que una importante farmacéutica está probando medicamentos peligrosos en africanos pobres, lo cual es igual de verosímil: esta trama hace eco de un caso real que involucra a Pfizer en Nigeria (la empresa ha negado cualquier acto ilícito y la demanda, que se resolvió fuera de los tribunales, fue presentada por las familias de los niños que murieron durante las pruebas).

Y a pesar de ello, desde que la industria farmacéutica intervino con las vacunas, la animadversión bien merecida desde hace generaciones parece estar desapareciendo. El año pasado, las encuestas de Gallup clasificaron a la industria farmacéutica como la más desagradable de Estados Unidos, por debajo de las grandes empresas petroleras y la enorme burocracia. Para este septiembre, incluso antes de que llegaran las vacunas, el índice de aprobación de la industria ya estaba mejorando.

Esto no solo afecta a la industria en sí. Recientemente, un analista financiero dijo a este diario que la participación de Pfizer en la pandemia del coronavirus tenía que ver “tanto con las relaciones públicas como con la rentabilidad financiera”. En abril, el director ejecutivo de Eli Lilly, la compañía que puso en marcha una terapia de anticuerpos para la COVID-19, dijo a sus inversionistas que la pandemia ofrecía “una oportunidad única para restaurar la reputación de la industria”.

Llevamos tanto tiempo esperando una vacuna, que ahora que por fin está por comenzar a administrarse, parece casi perverso cuestionar el nombre que aparece en la ampolleta. Sin embargo, la industria farmacéutica no es nuestra salvadora. Cada una de estas vacunas es un complejo proyecto científico con muchos colaboradores y un importante nivel de apoyo gubernamental. Darle a la industria no solo aplausos, sino también control sobre las vacunas sería un error.

Incluso en medio de este golpe maestro de relaciones públicas, las corporaciones farmacéuticas no pueden dejar de ser lo que son. Se beneficiarán con creces de estas vacunas, aun cuando afirmen estar actuando desinteresadamente. Y en gran medida están monopolizando el acceso, lo que significa que millones de personas en el sur global no podrán obtener las vacunas que salvan vidas durante meses.

Las vacunas de ARNm en las que la gente tiene tantas esperanzas no existirían sin el apoyo público en cada paso de su desarrollo. Moderna no es un gigante farmacéutico. De hecho, en cierto modo, se trata de una historia de éxito local. La empresa, fundada en 2010 después de que un grupo de profesores universitarios estadounidenses adquiriera el apoyo de un inversionista de capital de riesgo, ha estado trabajando en esta tecnología desde hace años. Sin embargo, el trabajo original de Moderna se basa en descubrimientos anteriores de científicos de la Universidad de Pensilvania que recibieron fondos de los Institutos Nacionales de Salud para su investigación.

Una vez que la carrera por una vacuna comenzó, los gobiernos redoblaron esfuerzos. Moderna ha recibido alrededor de 2500 millones de dólares en financiamiento para la investigación federal y suministros durante el año pasado del programa gubernamental Operación Warp Speed, así como la tecnología compartida, desarrollada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su sigla en inglés) para vacunas anteriores contra el coronavirus. Los NIH también proporcionaron un extenso apoyo logístico, ya que supervisaron los ensayos clínicos de decenas de miles de pacientes.

A Pfizer, mientras tanto, le gusta decir que evita el dinero federal para mantener la independencia. No obstante, coproduce y distribuye una vacuna de BioNTech, una compañía que recibió más de 440 millones de dólares de financiamiento del gobierno federal alemán. La vacuna se basa en la tecnología de BioNTech, con la intervención de Pfizer para acelerar el desarrollo y la fabricación.

Pfizer nunca había producido una vacuna de ARNm, pero modificó varias de sus fábricas para hacerlo. De hecho, hizo un intercambio de su inmenso capital y red logística por los derechos de marca. Además, el gobierno de Estados Unidos afirma que, al hacer un pedido de casi 2000 millones de dólares antes de que comenzaran los últimos ensayos clínicos de la vacuna, eliminó importantes riesgos financieros para Pfizer.

El desarrollo de estas vacunas implica una combinación de investigaciones académicas, empresas de biotecnología, instituciones públicas, dinero público y las grandes farmacéuticas. Esto siempre ha sido así, pero, en el pasado, los gobiernos y los científicos académicos pudieron tener mucho más control sobre sus contribuciones. Tanto Salk como Sabin hicieron sus descubrimientos de la vacuna contra la polio sin patentes. En ese momento, Pfizer estaba entre los principales fabricantes y distribuidores de la vacuna de Sabin y obtuvo ganancias considerables por la prestación de este servicio, pero reconoció de manera acertada que era una pequeña parte de un conjunto más amplio.

¿Qué nos aportan hoy en día este tipo de asociaciones? El gobierno de Estados Unidos negoció que el precio a granel de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech fuera de entre 15,25 y 19,50 dólares por dosis en varios contratos diferentes. Esto es significativamente menor que los 25 a 37 dólares que Moderna dice que cobrará a los gobiernos del resto del mundo, pero los analistas sugieren que incluso 19,50 dólares podrían darle a Pfizer un margen de beneficios del 60 al 80 por ciento. Moderna ha anunciado que no hará cumplir sus patentes, pero la empresa no se ha olvidado de las oportunidades de ganancias.

Siempre que parece que estamos consiguiendo un buen trato, resulta ser uno aún mejor para las compañías farmacéuticas. Incluso las acciones aparentemente desinteresadas pueden resultar muy benéficas para la industria.

Es cierto que el acuerdo de Oxford con AstraZeneca incluía un compromiso de precios al costo para los países en desarrollo mientras durara la pandemia. Sin embargo, The Financial Times ha informado que un acuerdo que la compañía ha firmado con al menos un fabricante indica que este compromiso particular podría terminar muy pronto, a partir de julio (la farmacéutica declaró que buscará la orientación de expertos sobre cuándo puede declarar el fin de la pandemia). Y el acuerdo de AstraZeneca con Oxford, según The Financial Times, todavía permite un margen de beneficio saludable de hasta un 20 por ciento.

Esto no sorprende. Hace tiempo que la oportunidad de recibir ayuda de los gigantes del capitalismo estadounidense a cambio de nada se acabó, independientemente de este desastre e independientemente de los innumerables sacrificios que millones de personas comunes han hecho. El verdadero problema no es el precio —que pagaremos, obviamente— sino el acceso.

Con el control sobre la producción de estas vacunas, estas compañías las proporcionarán en gran medida conforme a su propio calendario y utilizarán sus propias fábricas o productores con licencia, mientras otras instalaciones en todo el mundo permanecen inactivas. Es casi seguro que los gobiernos pedirán más vacunas aprobadas en las próximas semanas y meses, pero la capacidad de producción de cada compañía es limitada. Las empresas no solo deberían comprometerse a renunciar a sus patentes, sino también a compartir todos sus conocimientos técnicos para que otros fabricantes puedan ayudar a producir las tan necesarias vacunas.

Como están las cosas en este momento, es probable que la mayoría de la gente que está fuera de las categorías de alto riesgo no reciba una vacuna sino hasta “ya avanzado el 2021”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Se espera que muchos países del sur global puedan vacunar a lo sumo al 20 por ciento de sus poblaciones para fines del año próximo. Proyecten el actual número de muertes diarias y la desesperación en esa línea de tiempo.

No tiene por qué ser así. Lo que resulta en verdad irritante es que se suponía que las vacunas de ARNm eran una tecnología revolucionaria y liberadora. Pueden producirse de manera más rápida y sencilla, en instalaciones más pequeñas y baratas, incluso en laboratorios básicos, en comparación con las vacunas tradicionales. Los científicos se imaginaron un mundo en el que las vacunas pudieran fabricarse con rapidez, en cualquier lugar, por una pequeña fracción del costo de las vacunas tradicionales.

Eso fue antes de que la industria interviniera. Las naciones del sur global están exigiendo una suspensión de los derechos de patente de las vacunas contra el coronavirus y, el mes pasado, académicos y activistas estadounidenses (entre ellos Chelsea Clinton en nombre de la Fundación Clinton, que dista de ser una organización revolucionaria) pidieron un plan similar, que incluyera compartir las patentes de las vacunas y permitir que se iniciara la fabricación a nivel mundial. Esto probablemente significaría que no solo las naciones más pobres, sino que tú, quien lee esto, recibiría la vacuna más rápido, ya que se producirían más dosis. Nada de esto es probable que ocurra.

Al comienzo de esta pandemia, recuerdo haber sentido horror ante la catástrofe que se estaba desarrollando, así como un poco de esperanza en que, como ha sucedido en otros momentos difíciles, la gente encontraría la manera de cambiar el mundo para mejor. Se habló de apoyo comunitario, asistencia mutua y el redescubrimiento de los poderes positivos del Estado para proteger a sus ciudadanos. Mucho de eso se ha atenuado ahora y tal pareciera que solo queremos alivio, regresar a como era el mundo antes, y lo más pronto posible.

Tenemos que volver a ese lugar. Sin embargo, esta puede ser la mejor oportunidad para liberarnos del yugo de una industria que, hasta hace poco, fue vilipendiada con justa razón. La gente sigue de cerca estos acontecimientos y el apoyo estatal que asegura las ganancias de la industria farmacéutica no podría ser más evidente: tan solo la Operación Warp Speed ha proporcionado más de 10.000 millones de dólares a la industria.

Está bien pagarle a la industria para que haga una vacuna. Eso es un servicio. Pero no debemos tener miedo de exigir más: el apoyo público debería significar una vacuna pública, una que llegue a la población lo antes posible, sea rentable o no. La industria farmacéutica no podría amasar beneficios ni restaurar su reputación sin el financiamiento proveniente de nuestros impuestos. No deberíamos dejar que las grandes farmacéuticas lo olviden.

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This article originally appeared in The New York Times.

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