Opinión: Estimado Supremo Tribunal Federal de Brasil, use su poder para proteger a las mujeres

EL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE BRASIL ESTÁ ANALIZANDO UN CASO QUE PODRÍA PASAR A LA HISTORIA SI DESPENALIZA EL ABORTO.

El verano pasado, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el precedente que sentó el caso Roe contra Wade, de inmediato entraron en vigor leyes antiaborto estatales, las clínicas cerraron ese mismo día y las personas buscaban con desesperación atención médica a contrarreloj del embarazo.

Es decir, hay una urgencia en la injusticia, por lo que el presente es siempre el momento de la justicia.

Estas lecciones se están poniendo a prueba en Brasil. La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal del país inició la votación de un caso para despenalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de embarazo. Esto supondría un cambio radical en el país, como se analiza en la imagen de arriba. En la actualidad, Brasil prohíbe el aborto, con escasas excepciones en casos de violación, riesgo para la vida y una enfermedad fetal mortal conocida como anencefalia.

La sentencia debería haberse dictado hace tiempo. El caso, conocido como A.D.P.F. 442, se presentó ante el tribunal en 2017 y pide que se declare como inconstitucional la ley penal sobre el aborto y se ponga fin a su prohibición casi total.

El viernes pasado, la magistrada y presidenta saliente del tribunal, Rosa Weber, emitió el primer voto a favor de la despenalización del aborto en el caso. Su sucesor, Luis Roberto Barroso, podría garantizar que el caso siga adelante sin demora. Las mujeres brasileñas no pueden esperar más por la igualdad y la justicia que les promete su Constitución. El tribunal debe votar y debe hacerlo lo antes posible.

Cuando se presentó, esta causa fue posiblemente la primera en pedir a un tribunal latinoamericano que despenalizara el aborto. Desde entonces, otros tribunales de la región se han pronunciado al respecto. Lo que comenzó como un apoyo tímido a las reformas legislativas y a la facultad del Congreso para despenalizar el aborto se ha convertido en la llamada ola verde, un movimiento político a favor del derecho al aborto. Los tribunales empezaron a dictar sentencias sobre el acceso al aborto como una cuestión de derechos fundamentales y como parte del marco constitucional de los países, en ellas más que aceptarse se cuestionaba el uso del derecho penal en la regulación del aborto. En un puñado de países no tardó en llegar la despenalización como imperativo constitucional.

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucionales las disposiciones sobre el aborto en un código penal estatal y dos años después declaró lo mismo del código federal. En 2022, la Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia de gran alcance que despenalizaba el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Se trata de sentencias basadas en principios que permiten el aborto con la simple petición de una persona que lo necesite. Eliminan autorizaciones de atención que estaban asociadas a escasos beneficios sanitarios o sociales y de las que se abusaba con demasiada frecuencia para retrasar y denegar la atención. Son sentencias acordes con los hechos cotidianos de los derechos fundamentales y enraizadas en las más sólidas evidencias de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud recomienda la despenalización del aborto para salvar vidas y proteger la salud y el bienestar. Las pruebas son irrefutables. Las mujeres sufren y mueren a causa de estas leyes. El aborto siempre conllevará esta amenaza hasta que pueda practicarse sin sanción legal.

Esto se debe a que la penalización niega más que el acceso a un solo servicio de atención médica; conlleva daños sociales más extensos. Genera miedo entre las personas que necesitan atención y quienes podrían atenderlas, es un destino cruel para las mujeres más vulnerables, denunciadas por quienes dicen cuidarlas y perjudicadas en un sistema que pretende ayudarlas. En Brasil, la penalización del aborto traiciona la promesa constitucional de atención universal. Las personas que huyen o son abandonadas por el sistema sanitario público del país deben buscar desesperadamente atención fuera de este. Se enfrentan a cargas extraordinarias, cargas a las que algunas de ellas no sobreviven.

Mediante el castigo que inflige y el secretismo y la vergüenza que impone, la criminalización separa a las personas de sus redes de apoyo, cercena sus vínculos sociales e invita a todo tipo de humillaciones y pérdidas en sus vidas. Profundiza las desigualdades raciales, de clase y de género en la vida social. En Brasil, las mujeres negras y morenas, las mujeres pobres y jóvenes, y las mujeres de las regiones más vulnerables del país tienen más probabilidades de abortar, de ser detenidas por hacerlo y de morir a causa de ello. Estas son las mujeres que aparecen en las estadísticas sobre abortos inseguros en el país.

También están las mujeres que sobreviven sometidas al dolor del embarazo forzado. Pasan por la labor de parto y dan a luz tras un diagnóstico prenatal, solo para ver a sus hijos sufrir o morir. Otras añoran un futuro libre de violencia; un futuro de seguridad económica; un futuro en el que su familia tenga casa, vestido y sustento; o un futuro en el que puedan tener planes de vida y hacerlos realidad.

Esta es la evidencia a favor de la despenalización del aborto en la práctica. Los jueces disidentes de la Corte Suprema de Estados Unidos imploraron a sus colegas que no la ignoraran al poner fin al derecho constitucional al aborto. Los tribunales en Colombia y México recurrieron a ella para encontrar el derecho al aborto en los preceptos más fundamentales de sus constituciones: la vida y la muerte, el derecho a una vida libre de violencia, la igualdad y la dignidad humana.

Hace años, estas pruebas se expusieron ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil en una audiencia pública sobre este caso, el compromiso público más importante sobre el aborto en una institución estatal. Hoy estas pruebas hacen que la vida de las mujeres sea la carga apremiante de la sentencia del tribunal.

Cada año, cientos de miles de mujeres abortan en Brasil. El aborto es una experiencia cotidiana porque es un acto mediante el cual las personas cuidan de sí mismas y de los demás. Como tal, su protección como derecho constitucional se convierte en un acto de cuidado hacia las mujeres en nuestra esfera más pública, un tribunal de justicia.

La penalización del aborto exige que cada voto sea emitido en su contra. No hay nada más que analizar, no hay más pruebas que invocar; solo aguarda un futuro constitucional para las mujeres de Brasil y sus derechos fundamentales. Llegó el momento de emitir una sentencia.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

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