Opinión: Los ejércitos no deberían volver a atacar nunca una parte fundamental de la vida moderna

LA COMUNIDAD MUNDIAL DEBE ESTABLECER LÍMITES CLAROS PARA LOS COMBATIENTES EN FUTUROS CONFLICTOS A FIN DE CREAR PROTECCIONES ESPECÍFICAS PARA LAS REDES ELÉCTRICAS.

A fines de marzo, tras dos años de duros ataques a Ucrania, Rusia acabó con la mitad de la red eléctrica de Ucrania. Hasta entonces, los objetivos de los misiles y drones kamikazes rusos habían sido sobre todo las subestaciones ucranianas que transportan la electricidad desde las centrales eléctricas a los consumidores. Pero esta vez atacaron las centrales mismas, lo que resultó en el daño y casi destrucción de las centrales hidroeléctricas y de combustibles fósiles, todas ellas difíciles de reparar o remplazar.

Cuando deja de haber energía eléctrica, la vida se detiene. Se va la luz. Se deja de tratar el agua. Deja de haber agua potable. Los autos, autobuses y trolebuses eléctricos se paran. Los ascensores se paran, dejando atrapadas a las personas mayores y discapacitadas. Para muchos, la calefacción, la refrigeración, la cocina y el lavado de ropa se detienen, junto con dispositivos médicos como los generadores de oxígeno.

Aunque la dependencia del mundo en la energía eléctrica para todo esto y más está en aumento, las redes eléctricas siguen siendo objetivos militares legítimos, según el derecho internacional y nuestro propio reglamento militar. Pero hay pequeños y prometedores indicios de que esto podría estar cambiando. A principios del mes pasado, antes de los ataques más dañinos de Rusia, la Corte Penal Internacional de La Haya concluyó que el ataque del país al sistema eléctrico ucraniano ya había cruzado la línea y emitió órdenes de aprehensión en contra de dos comandantes rusos de alto rango, el almirante Viktor Nikolayevich Sokolov y el teniente general Sergei Ivanovich Kobylash, cuyas unidades están acusadas de lanzar los misiles (Rusia ha negado haber cometido crímenes de guerra).

Fue la primera acusación a combatientes por ataques contra una red eléctrica y un primer paso importante hacia el reconocimiento de la creciente importancia de la electricidad para la vida moderna. Pero ahora la comunidad internacional debe establecer límites claros para los combatientes en futuros conflictos, y reforzar la mano de los futuros fiscales, mediante la codificación de protecciones específicas para las redes eléctricas. La comunidad internacional ya intenta hacerlo para determinadas infraestructuras, como hospitales, presas y centrales nucleares, a través de los Convenios de Ginebra. Es hora de añadir las redes eléctricas a esa lista privilegiada.

Desde hace décadas, durante las guerras los ejércitos han atacado de manera sistemática las redes eléctricas. Alemania atacó la red del Reino Unido desde zepelines en la Primera Guerra Mundial y aviones de la OTAN atacaron centrales eléctricas en Serbia en 1999. Las consecuencias civiles de estos ataques pueden ser devastadoras: cuando Estados Unidos dejó sin electricidad a Bagdad en 1991, durante la guerra del Golfo Pérsico, se interrumpió el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales, lo que desencadenó epidemias de tifoidea y cólera.

Se supone que el derecho internacional debe poner freno a este tipo de ataques; las leyes establecidas en los Convenios de Ginebra consideran las redes eléctricas “bienes de carácter civil”, que deben protegerse en la guerra. Pero en la práctica, gracias a las innumerables excepciones, los militares pueden justificar casi cualquier ataque cuando los beneficios previstos superan el sufrimiento de los civiles.

A menudo, los gobiernos señalan la importancia de la electricidad en todos los ámbitos, desde las comunicaciones políticas y militares hasta la fabricación de armas. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los ataques masivos del mes pasado fueron necesarios porque afectaron a las empresas que fabrican y reparan “armas, equipo y municiones”. Pero parece que el verdadero objetivo era aterrorizar y doblegar al pueblo ucraniano. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, lo dijo en su justificación de los ataques a la red eléctrica en noviembre de 2022 que dejaron sin electricidad a 10 millones de personas: “La falta de voluntad de la parte ucraniana para solucionar el problema, para iniciar negociaciones, su negativa a buscar un terreno común, esta es su consecuencia”.

Estados Unidos, en su Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa actualizado el año pasado establece que considera que las centrales eléctricas son lo suficientemente importantes para las funciones militares de un Estado “como para calificarlas de objetivos militares durante los conflictos armados”. El manual de normas del Pentágono desestima las lesiones y muertes de civiles causadas por apagones por considerarlas demasiado “remotas” e “incuantificables” para que los mandos sobre el terreno puedan calcularlas con precisión y anima a tener en cuenta solo a los civiles afectados “muy poco después del ataque”, como los de un hospital conectado de manera directa a una central eléctrica. Pero incluso en ese caso, el manual se atiene a la norma general para la infraestructura civil, pues aconseja a las fuerzas estadounidenses retirarse solo cuando el daño de apagar el soporte vital sea “excesivo” en relación con las ganancias.

No es de extrañar que incluso los expertos militares estadounidenses en derecho de los conflictos armados hayan adoptado posturas divergentes sobre los ataques a la red de suministro de Rusia en Ucrania, que continuaron la semana pasada. “Al menos algunos” violaron el derecho internacional, escribió uno de ellos . Otro determinó que era difícil identificar con “contundencia” un acto criminal.

Los tres jueces de la Corte Penal Internacional afirmaron tener “motivos razonables para creer” que los agentes que pretenden detener cometieron crímenes de lesa humanidad. Ese cargo se aplica a actos ilícitos generalizados o sistemáticos y los ataques rusos a la red eléctrica siguen intensificándose.

Nuestras fuerzas militares empezaron a reducir sus ataques a las redes eléctricas hace más de 20 años. Gregory Noone —capitán y antiguo juez defensor de la Marina de Estados Unidos que ha formado en leyes de guerra a funcionarios del gobierno de Ruanda, Afganistán y Rusia— me dijo que vio un cambio en el comportamiento estadounidense entre la guerra del Golfo Pérsico y la guerra de Irak. “Nosotros, el Ejército estadounidense, nos enorgullecíamos de haber apagado todas las luces de Bagdad en la primera guerra del Golfo. Acabamos con su red eléctrica”, recordó Noone. Pero ya durante la guerra de Irak: “Nos dimos cuenta de que hacer eso no era tan buena idea”.

Otros países harían bien en seguir nuestro ejemplo y rechazar los ataques masivos a la red eléctrica. Salvarían vidas y evitarían una destrucción innecesaria; también ayudarían a crear un corpus no escrito (pero aplicable) de derecho internacional que limite los ataques a la red eléctrica.

Pero la comunidad internacional puede y debe hacer más. Un protocolo robusto sobre la protección a la red eléctrica que de manera inequívoca limite la destrucción de la energía eléctrica podría cambiar las reglas del juego. Aumentaría la amenaza de juicios, lo que podría disuadir a los malos actores que, de otro modo, se verían tentados a atentar contra los generadores de electricidad. La Corte Penal Internacional declaró que el deseo de poner fin a nuevos ataques motivó la decisión de hacer públicas las órdenes de detención contra el general Kobylash y el almirante Sokolov. La esperanza es que los oficiales de campo que dirigen misiles y aviones no tripulados se lo piensen dos veces antes de ordenar este tipo de ataques en el futuro.

Aunque es posible que Putin nunca enfrente las consecuencias de haber sumido a Ucrania en la oscuridad, es posible que el general Kobylash y el almirante Sokolov nunca salgan de Rusia, por temor a ser detenidos fuera de sus fronteras para ser juzgados. Si lo hacen, aún podría esperarse un ajuste de cuentas para quienes sumieron a la población civil en la oscuridad. Los fiscales que persiguen a criminales de guerra pueden seguir tras ellos durante décadas.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

c.2024 The New York Times Company