OPINIÓN: La declaratoria de culpabilidad a García Luna, es el juicio a todo un régimen de gobierno en Mexico

Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano en el sexenio de Felipe Calderón, fue encontrado culpable de tres cargos de narcotráfico, por conspiración para transportar, importar y distribuir cocaína; otro por ser parte de una empresa criminal y uno más por declaraciones falsas ante autoridades migratorias de Estados Unidos.

Aun cuando todavía falta la sentencia, con la declaración de culpable que la tarde de este martes le dio un jurado ciudadano de Nueva York, concluye el capítulo del enjuiciamiento en Estados Unidos del que fuera considerado como el hombre más poderoso, por encima incluso del propio presidente Felipe Calderón, durante el sexenio del 2006 al 2012.

El enjuiciamiento contra Genaro García Luna, que concluyó este martes 21 de febrero, había iniciado el 10 de diciembre del 2019, cuando en Texas fue detenido por agentes de la DEA, esto luego de poco más de 18 meses de investigación, tras ser mencionado en el Juicio de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien supuestamente habría recibido protección de García Luna.

El que fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido bajo la acusación de haber ayudado, a través de protección oficial, al Cartel de Sinaloa para posibilitar el trasiego de cantidades industriales de cocaína desde México hacia Estados Unidos.

El apoyo que le dio García Luna, desde su posición federal de secretario de Seguridad al cartel de “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada, no se limitó al periodo del 2006 al 2012, cuando García Luna fue el responsable de la seguridad pública de México. Los nexos de corrupción habrían llegado hasta el sexenio del Presidente Vicente Fox, entre el 2000 al 2006, cuando García Luna fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la entonces Procuraduría General de la Republica (PGR).

Inicia otra historia… revisar el pasado

Con la declaratoria de culpabilidad de García Luna, es cierto, se cierra un ciclo. Pero inicia otra historia. Y es que durante el tiempo en que García Luna estuvo sentado en el banquillo de los acusados, no solo se le estuvo juzgado a él; todo un régimen político, el neoliberal, también estuvo señalado implícitamente en cada una de las acusaciones.

El juicio de García Luna que ha concluido con la declaratoria de culpable, pero que aún está pendiente la sentencia por la gravedad de sus faltas, conlleva una carga de responsabilidad de los gobiernos de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Estos tres presidentes lo hicieron crecer, y de alguna forma le fomentaron a García Luna sus relaciones de corrupción y con el mundo de la criminalidad. Esto se había estado insistiendo desde hace muchos años en México. Fueron muchos los trabajos periodísticos que salieron a la luz pública, refiriendo, con elementos de prueba –como se hace el periodismo- sobre la verdad que hoy se oficializa.

Desde la prensa, los mexicanos ya sabíamos desde hace muchos años, que García Luna, en el gobierno de Vicente Fox desde su posición como director de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR, estaba siendo sobornado con millones de dólares al año por los carteles de Los Beltrán Leyva y de Sinaloa.

También -desde los trabajos informativos de periodistas independientes- se había dicho que García Luna, en el gobierno de Felipe Calderón, siendo secretario de Seguridad Pública, había comprometido la seguridad nacional al poner al servicio del Cartel de Sinaloa todo el aparato de gobierno, haciendo que el cartel de “El Mayo” Zambada y de “El Chapo” Guzmán creciera en forma exponencial, en recursos, violencia, criminalidad y trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Igualmente, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, diversos trabajos informativos de la prensa independiente de México, refirieron que sin tener cargo público oficial, Genaro García Luna se había convertido en uno de los hombres más importantes en la prestación de servicios y suministros para el espionaje al gobierno mexicano.

Ya desde la prensa independiente se había dicho que Genaro García Luna, a través de una red de corrupción –en la que estaba incluida su esposa Linda Cristina Pereyra- había logrado desfalcar al gobierno mexicano, a través de la obtención de contratos ilícitos, por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos.

Dichos recursos, son lo que ahora el gobierno mexicano busca recuperar a través de un juicio por la vía civil que se ha entablado en un juzgado de Miami, en Estados Unidos. Porque de denuncias penales no habla el gobierno mexicano, pese a que se tengan las evidencias solidas de que García Luna también delinquió en forma reiterada contra el orden social mexicano.

A la espera de la sentencia

Sin duda, el dictamen de culpable de la justicia norteamericana contra García Luna es histórico. Esta es la segunda ocasión en que un secretario de estado, del gobierno mexicano, es sometido ante la justicia norteamericana. El primero fue el general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quien fue perdonado por la mediación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Genaro García Luna, aun cuando es el segundo secretario de estado de México en ser enjuiciado por el gobierno de Estados Unidos, se ha convertido en el primero en ser declarado culpable de los cargos que se le acusan, por eso la sentencia podría ser ejemplar. Según se ha dicho en la corte de Nueva York, el Juez Brian M. Cogan ha fijado la fecha del 27 de junio próximo para dictar sentencia sobre los cinco cargos de responsabilidad que se le han declarado a García Luna.

De acuerdo a diversas opiniones, y tomando en cuenta los antecedentes que el propio Juez Brian M. Cogan ha establecido con otras sentencias en donde se han declarado responsabilidades sobre cargos similares a los acusados a García Luna, la sentencia podría no ser mayor a 35 años de cárcel, pero tampoco menos a los 20 años de prisión.

De acuerdo al Código Penal Federal del gobierno norteamericano, por los cargos que ha sido imputado el ex secretario Genaro García Luna, podría alcanzar una sentencia de 10 años a una cadena perpetua en prisión.

¿Qué viene para Mexico?

México se encuentra solo como espectador en este suceso judicial histórico. Si bien es cierto que la detención, la imputación de cargos y el desarrollo del juicio contra García Luna han sido un escaparate para el gobierno mexicano, del que se ha valido el gobierno de la Cuarta Transformación para hacer un show en el que se olviden las carencias de la procuración de justicia en México, también resulta que este juicio ha comenzado a despertar conciencias. Cada vez son más los mexicanos que se preguntan ¿Por qué razón la Fiscalía General de la República (FGR) no inicia una investigación por narcotráfico a García Luna?

La respuesta a esta interrogante está más allá de la suposición de colusión entre García Luna y el Fiscal Alejandro Gertz Manero, pues no se debe pasar por alto que García Luna, cuando se coludió con los carteles de Sinaloa y de los Hermanos Beltrán Leyva, era titular de la Agencia Federal de Investigaciones y tenía una muy estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad Publica, en la administración de Vicente Fox, cuyo titular era el mismo Alejandro Gertz Manero.

Sin esa no fuera la razón por la que la Fiscalía mexicana no abre una carpeta de investigación por narcotráfico contra Genaro García Luna, la única razón que queda es la prevalencia de la impunidad e inoperatividad en la que se encuentra la Fiscalía, en donde desde hace mucho tiempo no hay titular y la dependencia se encuentra prácticamente acéfala.

Si los mexicanos tuviéramos una Fiscalía eficiente, hoy ya habría investigaciones penales contra los principales mencionados en el juicio de García Luna, los que están señalados de haber recibido sobornos por parte de los carteles de las drogas o de haber acordado algún tipo de relación protectora, según los dichos de los propios actores de la criminalidad.

La lista no es tan grande, solo hablamos de Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México; Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México; General Guillermo Galván, ex secretario de Defensa Nacional; Ney Gonzalez Sánchez, ex gobernador de Nayarit.

Tras el juicio, todo es posible

Hasta antes de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, la colusión del gobierno federal mexicano con los carteles de las drogas, para permitir el libre trasiego, era solo un mito; una hipótesis planteada por unos cuantos periodistas que a costa de su integridad física hicieron el señalamiento. Ni la detención y encarcelamiento de cinco gobernadores ligados al narcotráfico, de 12 que fueron procesados en los últimos siete años, fundaban la certeza de que desde la federación se diera cobijo a algunos jefes de los carteles de las drogas.

La culpabilidad de Genaro García, habla de otra realidad. De una verdad que, aunque ya era sospechada, por cruel es difícil de entender; su detención corrió el telón del teatro político de lo absurdo: dejó al descubierto el surrealismo mexicano, propio de una novela negra donde el culpable del asesinato es el mayordomo, la figura apacible y silenciosa que se mueve por el escenario del crimen sin ninguna sospecha, porque es el encargado de cuidar la casa.

La duda fundada de los mexicanos hacia el comportamiento privado de sus gobernantes, principalmente con relación a sus nexos con algunos carteles de las drogas, no ha sido fortuita. Los casos de procesamiento judicial de los ex gobernadores Jorge Torres López, de Coahuila; Eugenio Hernández Flores y Tomás Yárrington Rubalcava, de Tamaulipas; Jesús Reyna García, de Michoacán, y Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo, todos acusados de haber permitido la operación de carteles de las drogas en sus estados durante sus gobiernos, ya apuntaba hacía la insolvencia moral del sistema político, pero aun así todavía se dudaba, en un dejo de esperanza ciega, que la infiltración del narco hubiera tocado las estructuras del gobierno federal.

El encarcelamiento de los ex gobernadores Roberto Borges Angulo, de Quintana Roo; Javier Duarte de Ochoa y Flavino Ríos Alvarado, de Veracruz; Guillermo Padrés Elías, de Sonora; Andrés Granier Melo, de Tabasco, o de Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes, señalados de alta corrupción, o los procesos penales iniciados contra Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit; Cesar Duarte Jáquez, de Chihuahua; Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León; Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz; Miguel Alejandro Alonso Reyes, de Zacatecas, o Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán, que fueron indiciados bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, no terminaron por convencer a la sociedad mexicana del grado de infiltración que pudiera haber hecho el crimen organizado.

Hasta entonces solo se suponía que el cáncer de la corrupción únicamente había tocado las estructuras de los gobiernos estatales y locales. Al menos así los referían las detenciones de 14 alcaldes que, solo durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, fueron encarcelados por la presunción de sus nexos con células del crimen organizado y de los carteles de las drogas:

Erick Ulises Ramírez Crespo, de Cocula, Guerrero; Juan Mendoza Acosta, de San Miguel Totolapan, Guerrero; José Luis Abarca, de Iguala, Guerrero; Salma Karrum Cervantes, de Pátzcuaro, Michoacán (muerta en prisión); Dalia Santana Pineda, de Huetamo, Michoacán; Arquímedes Oseguera, de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Jesús Cruz Valencia, de Aguililla Michoacán; Enrique Alonso Plascencia, de Tlaquiltenango, Morelos; César Miguel Peñaloza Santana, de Cocula, Guerrero; Uriel Chávez Mendoza, de Apatzingán, Michoacán; José Luis Madrigal, de Numarán, Michoacán; Juan Hernández Ramírez, de Aquila, Michoacán; Francisco Flores Mezano, de Tancoco, Veracruz; Feliciano Álvarez Mesino, de Cuetzala del Progreso, Guerrero; Ricardo Gallardo Cardona, de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, y Enoc Díaz Pérez, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas.

Pese a ello, todavía quedaba el resquicio de la duda de que el gobierno en la cúpula de su estructura federal no hubiese sido tocado por el perverso amo del dinero del crimen organizado. Pero la realidad salió a flote con esta declaración de culpabilidad.

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Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.