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Opinión: La administración de Biden les quitó a Meta, Google y Amazon el poder de dictar normas

Uno de los motivos por los que la idea del libre comercio ha pasado de moda en años recientes es la percepción de que los tratados de comercio reflejan lo que quieren las grandes empresas estadounidenses a costa de todos los demás.

Los funcionarios estadounidenses lucharon por tener tratados de comercio para proteger la propiedad intelectual; por su parte, las empresas farmacéuticas obtuvieron la oportunidad de ampliar la vida de las patentes y elevar el precio de los medicamentos por todo el mundo. Los funcionarios estadounidenses lucharon por obtener protecciones para los inversionistas, mientras que las empresas mineras obtuvieron el derecho a demandar por miles de millones en “utilidades perdidas” si un país tomaba medidas para proteger su agua potable o el ecosistema de la Amazonía. Además, por años los funcionarios estadounidenses han luchado por normas aplicables al comercio digital que permitan el libre movimiento de datos a través de las fronteras nacionales, con lo que instigaron el temor de que las empresas tecnológicas más poderosas del mundo llegaran a utilizar esas normas para adelantársele a la competencia y escudarse de disposiciones diseñadas para proteger a los consumidores y su privacidad.

Por eso, la administración de Biden, que conquistó la presidencia gracias a la promesa de luchar por tratados de comercio que reflejen mejor los intereses del ciudadano común y corriente, ha dejado de apoyar normas de comercio digital beneficiosas para las empresas tecnológicas que los funcionarios estadounidenses habían respaldado por más de una década.

El mes pasado, la representante comercial del presidente Joe Biden, Katherine Tai, le notificó a la Organización Mundial de Comercio que el gobierno estadounidense le había retirado su apoyo a una propuesta que promovió en el pasado y habría exportado el enfoque de no intervención del país a la industria tecnológica. De haberse adoptado esa propuesta, les habría evitado a las tecnológicas el dolor de cabeza de tener que lidiar con muchas leyes nacionales distintas sobre el manejo de datos, incluidas normas que disponen que deben guardarse o analizarse. También habría protegido en gran medida a las empresas tecnológicas de reglas diseñadas para proteger la privacidad de los ciudadanos y reducir conductas monopolizadoras.

La decisión de dejar de apoyar esa agenda en el comercio digital ha sido ridiculizada y calificada como desastrosa para las empresas estadounidenses y una bendición para China, que aplica muchísimas restricciones complicadas a la transferencia de datos fuera de China. “Hemos advertido desde hace años que Estados Unidos debía escribir las normas para el comercio digital o, de lo contrario, China lo haría”, se lamentó el senador Mike Crapo, republicano de Idaho, en un comunicado de prensa. “Ahora, el gobierno de Biden ha decidido dejar que China las escriba”.

Lo cierto es que Tai les ha impedido escribir las normas a Meta, Google y Amazon, que ayudaron a moldear la política anterior, según un artículo publicado este año por Wendy Li, quien realiza estudios de doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison y solía contestar el teléfono e interactuar con cabilderos en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. El artículo incluye correos electrónicos editados entre negociadores de la era de Donald Trump y cabilderos para Facebook, Google, Microsoft y Amazon, en los que intercambian sugerencias relacionadas con el texto propuesto para la política de comercio digital en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. “Aunque antes eran ‘alérgicos a Washington’, según la descripción de un negociador comercial, en el curso de una década las empresas tecnológicas contrataron a distintos cabilderos y se integraron a asociaciones de comercio con el propósito de influir proactivamente en la política de comercio internacional”, escribió Li en la revista científica Socio-Economic Review.

Ese artículo explica cómo los funcionarios comerciales de Estados Unidos llegaron a apoyar un enfoque para la política de comercio digital casi idéntica a lo que querían Google, Apple y Meta: sin restricciones sobre el flujo transfronterizo de datos. Sin divulgación obligatoria de código fuente o algoritmos en el curso normal de los negocios. Sin legislación para reducir los monopolios ni alentar mayor competencia, posición que en general se oculta en cláusulas que prohíben la discriminación contra empresas estadounidenses (puesto que muchos de los grandes actores tecnológicos monopolizadores son estadounidenses, las normas para controlar esa conducta se aplican desproporcionadamente a empresas estadounidenses, por lo que pueden presentarse como barreras injustas al comercio). Este enfoque, en esencia, les quita a los gobiernos el poder de regular a los datos y se los da a las empresas tecnológicas, según el trabajo de investigación de Henry Gao, experto en comercio internacional radicado en Singapur.

Aunque parte de esta agenda es razonable y positiva para el mundo (un exceso de regulación reprime la innovación), adoptarla íntegramente involucraría el riesgo de cimentar las ventajas que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses ya tienen y distorsionar de manera permanente el mercado en su favor.

Muchas tecnológicas más pequeñas se quejan de que las grandes empresas adoptan conductas monopolizadoras que deberían regularse. Por ejemplo, a Google se le acusó de favorecer sus propios productos en los resultados de búsquedas, mientras que a Apple se le acusó de cobrarles a algunos desarrolladores cantidades exorbitantes para quedar incluidos en la lista de su App Store. Un grupo de empresas tecnológicas más pequeñas llamado Coalition for App Fairness le agradeció a Tai que hubiera dejado de apoyar la supuesta agenda beneficiosa para las tecnológicas ante la Organización Mundial de Comercio.

De cualquier forma, el cambio hecho por Tai dejó sorprendidos a los aliados de Estados Unidos y dirigentes de empresas extranjeras, y trastornó por completo las negociaciones en torno a las normas de comercio digital en el Marco Económico del Indopacífico, una de las iniciativas distintivas de Biden en Asia.

“El término que emplearíamos sería ‘atónito’”, me dijo John W.H. Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional. “No comprendemos qué está sucediendo”.

El cambio radical sin duda fue abrupto: Japón, Singapur y Australia, que apoyaban la postura previa de Estados Unidos, se quedaron solos. Por desgracia, no solo tomó por sorpresa a aliados de Estados Unidos, sino hasta algunos funcionarios estadounidenses. Pero cambiar de postura fue la decisión correcta.

La postura previa de Estados Unidos ante la organización de Comercio era minoritaria. Solo el 34 por ciento de los países del mundo tienen políticas abiertas de transferencia de datos como Estados Unidos, según un documento del Banco Mundial de 2021, mientras que el 57 por ciento han adoptado políticas parecidas a la de la Unión Europea, que permite el flujo libre de datos, pero da espacio de maniobra para leyes que protejan la privacidad y los datos personales. El nueve por ciento de los países cuentan con políticas restrictivas para la transferencia de datos, entre ellos Rusia y China.

Ahora, Estados Unidos tiene la oportunidad de trabajar para lograr un consenso global sensato que les dé a las empresas tecnológicas lo que necesitan (claridad, normas más universales y relativa libertad para mover datos a través de las fronteras) sin librarlas del tipo de regulación que quizá se requiera para proteger a la sociedad y la competencia en el futuro.

Ahora que cada vez hay mayor inquietud en cuanto a la seguridad de la inteligencia artificial y el poder de las grandes tecnológicas para eliminar a la competencia, hay buenas razones para pensar dos veces si queremos respaldar una agenda que quizá favorezca a unas cuantas empresas que ya amasaron una cantidad impresionante de datos y de influencia política.

Si el gobierno de Biden puede liderar un convenio digital que logre un equilibrio adecuado, quizá también restaure la fe en el libre comercio si demuestra que los tratados de comercio no deben ser escritos por los poderosos a costa de los débiles.

c.2023 The New York Times Company