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Opinión: Se acaba el plazo para apoyar de forma significativa a las familias inmigrantes separadas

Una mujer abraza a su hija en Houston, Texas. (Meridith Kohut para The New York Times)
Una mujer abraza a su hija en Houston, Texas. (Meridith Kohut para The New York Times)

AUNQUE LA REUNIFICACIÓN PUEDE PRODUCIR ALEGRÍA, LOS PADRES NO PUEDEN ESCAPAR DEL SUFRIMIENTO DE LOS AÑOS QUE PERDIERON CON SUS HIJOS.

El mes pasado, el gobierno federal anunció la propuesta de un acuerdo de conciliación en la demanda colectiva que presentó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) en nombre de los padres inmigrantes que fueron separados injustamente de sus hijos en la frontera conforme la política de tolerancia cero del gobierno de Trump. El 8 de diciembre, un tribunal federal celebrará una audiencia y considerará si debe otorgar la aprobación final del acuerdo.

Si se aprueba, el acuerdo les daría a las familias algunos beneficios temporales como autorización de trabajo, alojamiento a corto plazo, asistencia médica, incluidos servicios de salud conductual. También les daría la oportunidad de solicitar el estatus de inmigración permanente por medio del sistema de asilo. Aunque no les proporcionará un abogado que les represente, ofrecerá servicios legales de inmigración, como un servicio de asistencia que ofrezca asesoramiento, ayuda para llenar formularios y brinde referencias de abogados que podrían aceptar un caso sin cobrar. Y, durante los próximos ocho años, prohibirá la separación en la mayoría de los casos de familias detenidas en la frontera.

Sin embargo, en su conjunto, con el acuerdo propuesto, nuestro gobierno está lejos de cumplir la obligación moral de reparar de forma significativa el daño que infligió a más de 5000 niños y sus padres. El alivio a corto plazo y temporal del gobierno les niega a las familias la estabilidad y el apoyo que merecen mientras reconstruyen sus vidas. En cambio, el gobierno federal debería —y todavía puede— darles a las familias separadas un estatus migratorio permanente, una indemnización monetaria y la rendición de cuentas por el daño que siguen sufriendo.

La justicia para las familias separadas debe incluir un estatus migratorio permanente en este país, para que las familias puedan centrarse en reconstruir sus vidas sin el temor inminente a la deportación a circunstancias peligrosas. Para los miles de familias que se han reunido hasta la fecha, el trauma de una abrupta separación forzada ha alterado su química familiar para siempre. El proceso de reparación de los lazos rotos entre padres e hijos requerirá tiempo, esfuerzo y servicios de apoyo.

Muchos padres fueron deportados mientras sus hijos permanecían en Estados Unidos, a menudo criados por familiares. Ahora, mientras el gobierno del presidente Joe Biden trabaja para regresar a los padres deportados, ellos vuelven con niños que se han adaptado a escuelas de habla inglesa, han creado vínculos con distintos cuidadores y se han aclimatado a un estilo de vida estadounidense. En algunos casos, estas diferencias han impedido que los padres reanuden el papel de cuidadores principales de sus hijos.

Aunque la reunificación puede producir alegría, los padres no pueden escapar del sufrimiento de los años que perdieron con sus hijos. Una madre, impactada con el nuevo vello facial de su hijo, me comentó que el gobierno le había quitado a su hijo y le había devuelto a un hombre.

Aunque el acuerdo que propuso el gobierno ofrece un estatus temporal y una nueva oportunidad para solicitar asilo, no les brindará representación legal. En otras palabras, las familias en proceso de reunificación tendrán que seguir sorteando las complejidades de la ley de asilo por su cuenta ante una agencia federal que, en el año fiscal 2022, solo otorgó el 22 por ciento de las solicitudes de asilo que atendió.

El gobierno también podría y debería compensar monetariamente a las familias. Ningún padre que yo conozca cambiaría años de recuerdos familiares o la salud de su hijo por una cantidad en dólares. Pero al menos sería una admisión parcial de la responsabilidad del gobierno por estos horrores. El dinero también podría ofrecer una fuente práctica de apoyo a las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes mientras sortean las secuelas de la separación familiar. Para muchas familias, esto incluye los efectos a largo plazo del trauma.

En 2018, expertos en salud infantil se apresuraron a criticar la política de separación familiar por el innegable impacto negativo en la salud mental y el desarrollo a largo plazo de los niños. Trabajé con un niño separado de 11 años que se reunió con su padre en julio de 2018 después de cuatro meses. Incluso ahora, el niño se despierta en medio de la noche con pánico. En palabras de su padre, su familia está marcada para siempre.

En diciembre de 2021, después de meses de conversaciones, el gobierno de Biden se retiró de las negociaciones que habrían ofrecido una compensación a miles de familias separadas a la fuerza conforme la política. Los casos de familias individuales siguen en litigio, pero el Departamento de Justicia se aferra a luchar contra estas reclamaciones legales con uñas y dientes e incluso ha defendido las acciones del gobierno de Trump en los documentos judiciales presentados en la mayoría de esos casos.

La política de separación familiar se diseñó a propósito para infligir daño a los niños. Es una profunda mancha en la historia de nuestra nación y, a pesar de todo, ningún responsable de implementar esta política ha rendido cuentas al público.

No es demasiado tarde para hacer lo correcto. El Congreso debería intervenir para crear un estatus migratorio permanente para los padres e hijos separados o, como mínimo, asignar fondos para proporcionar representación legal completa a todas las familias separadas que soliciten asilo conforme el acuerdo. El gobierno de Biden debe dejar de defender en los tribunales una política que denuncia al público y volver a negociar un acuerdo en las demandas por daños y perjuicios.

Y para aquellos de nosotros a quienes nos indignó la separación familiar hace cinco años, debemos seguir exigiéndoles a los funcionarios de nuestro gobierno que les ofrezcan una indemnización y una rendición de cuentas más significativas a estas familias. Hasta que eso suceda, nuestra incapacidad para reparar de forma importante los daños de la separación familiar seguirá siendo casi tan vergonzosa como la política original misma.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

c.2023 The New York Times Company