ONU: Régimen de Maduro detuvo a 158 menores, varios con discapacidad. Algunos sufrieron vejaciones sexuales

El régimen del gobernante venezolano Nicolás Maduro detuvo a 158 niños, algunos con discapacidad, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y varios fueron recluidos en prisiones comunes, lo que ocasionó que las niñas sufrieran “vejaciones sexuales”, según un informe de la ONU.

La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela reveló este martes un nuevo reporte en el que dijo que la represión del régimen de Maduro se “intensificó a niveles sin precedentes”, sumiendo al país en una de las crisis de derechos humanos “más agudas”.

“La Misión tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas durante este período representan una continuación de la misma línea de conducta que la misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad”, se destacó en el informe que documenta, además, 25 muertes en las manifestaciones.

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Después de las protestas por los resultados electorales, la misión obtuvo información sobre la detención de 130 niños y 28 niñas que fueron acusados de graves delitos como terrorismo, “un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente”.

Una mujer huye de los gases lacrimógenos lanzados por agentes de la Guardia Nacional para reprimir una protesta en contra de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024, en el vecindario de Petare de Caracas.
Una mujer huye de los gases lacrimógenos lanzados por agentes de la Guardia Nacional para reprimir una protesta en contra de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024, en el vecindario de Petare de Caracas.

“Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante”, dijo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, al presentar el informe a la prensa, el cual examina la situación de los derechos humanos en Venezuela entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.

Valiñas reveló que la brutal represión de las fuerzas de seguridad y de los paramilitares, llamados “colectivos”, fue “orquestada por los más altos niveles civiles y militares del gobierno, incluido el presidente Maduro”.

“No solo no ha habido mejoras, sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes en el contexto postelectoral”, destacó.

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Las protestas se realizaron luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuyó la reelección a Maduro con más del 51% de los votos, sin publicar las actas de escrutinio de las elecciones, ni llevado a cabo auditorías y procesos de verificación.

La oposición ha denunciado que se cometió un fraude electoral y afirma que el excandidato Edmundo González ganó las elecciones con el 70% de los sufragios.

En el caso de los menores de edad, en el informe se señala que aunque los detenidos fueron conducidos por lo general a centros de reinserción de adolescentes infractores, en algunos casos permanecieron recluidos en prisiones comunes, sin que se respetara la separación por edad o género, se indicó en el informe.

“Esta falta de división en los centros de detención puso a los niños y a las niñas en una situación de especial vulnerabilidad. De acuerdo con información recibida por la misión, esta situación afectó sobre todo a las niñas, que, en ocasiones, fueron sometidas a vejaciones sexuales mientras permanecieron detenidas junto con adultos hombres”, detalló la misión.

Torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas

La Misión recibió alegaciones de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas opositoras cuando se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad en prisiones y otros centros de detención.

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Indicó que pudo acreditar con motivos razonables para creer que, al menos en siete casos, las autoridades cometieron actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos estos casos ocurrieron antes del 28 de julio de 2024.

También recibió alegaciones de otros casos que no pudieron ser investigados en detalle debido al temor a represalias de las víctimas o de sus familiares.

Un hombre golpea una olla durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Valencia, estado de Carabobo, Venezuela, el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales
Un hombre golpea una olla durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Valencia, estado de Carabobo, Venezuela, el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales

Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. Otros métodos registrados fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día.

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Estos métodos coinciden con los métodos de tortura utilizados por la Policía Nacional Bolivariana y por los servicios de inteligencia documentados en informes previos de la misión, precisó.

Un caso ilustrativo es el de John Álvarez, estudiante y líder juvenil del partido político Bandera Roja. Álvarez fue detenido el 30 de agosto de 2023 y, el mismo día de su detención, fue trasladado a una comisaría de policía en Caracas donde fue objeto de tortura física y sexual.

Álvarez recibió golpes y descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo para obligarle a implicar a diversos líderes sindicales, políticos y periodistas en actos ilegales. Como resultado de la tortura a la que fue sometido, sufre secuelas físicas.

Coerción e intimidación

La Misión investigó otros nueve casos en los que las autoridades ejercieron coerción e intimidación sobre las personas detenidas, incluyendo amenazas contra sus familiares para que grabaran videos autoincriminándose o incriminando a terceros, aunque estos videos no siempre se hicieron públicos.

“Debido a las limitaciones de acceso a la información ya mencionadas, es probable que la mayoría de los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes posteriores al 28 de julio de 2024 no hayan sido reportados todavía por las víctimas o sus familias (...) Estos casos requieren ser investigados seriamente para identificar y sancionar a los responsables”, resaltó.

En cuanto a la violencia sexual, la Misión dijo que aunque el número de casos basados en género registrado en contra de personas opositoras del gobierno, o percibidas como tales, se mantuvo en cifras relativamente bajas entre septiembre de 2023 y julio de 2024, “tuvo un fuerte incremento tras las elecciones del 28 de julio”.

Explicó que al igual que en los períodos de 2014-2019 y 2020-2023, los actos de violencia sexual y de género se cometieron principalmente durante las detenciones, en el marco de los interrogatorios y en lugares de detención. Las personas detenidas y los familiares que las visitaron en los centros de detención —sobre todo mujeres y niñas— fueron las víctimas principales de estos actos.

También se registró un aumento en el número de alegaciones de desaparición forzada, alcanzando cotas no observadas desde 2019.

Durante el periodo anterior a las elecciones, la Misión investigó 29 casos y dijo que tiene motivos razonables para creer que en 15 de ellos hubo una desaparición forzada de corta duración.

En relación con las detenciones posteriores a las elecciones, la misión inició la investigación en al menos 27 casos, incluidos siete niños, en los que se obtuvo indicaciones preliminares de que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración.

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