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ONG salvadoreña advierte vencimiento de plazo para legislar la identidad LGTBI

San Salvador, 3 feb (EFE).- La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris) señaló este viernes que el plazo dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema al Congreso para aprobar reformas que permitan el cambio de nombre en razón de la identidad de género vence el próximo 23 de febrero.

"Este 23 de febrero, vence el plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, para que ésta legisle a favor del cambio de nombre de las personas trans", publicó la organización en redes sociales.

Llamó al Órgano Legislativo a "que cumpla el mandato dado por la Sala de lo Constitucional y reconozca la existencia de las personas trans como origen y fin de la actividad del Estado, al igual que se reconoce al resto de la población salvadoreña".

En febrero de 2022, los jueces constitucionalistas ordenaron en un fallo al Congreso "emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género".

Los magistrados constitucionalistas dieron a los diputados el plazo de un año para emitir esta reforma a la Ley del Nombre de la Persona Natural.

La resolución declaró inconstitucional "de modo general y obligatorio" por omisión parcial el inciso 2 del artículo 23 de la referida legislación.

"La falta de regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género constituye un trato discriminatorio no justificado", apunta la resolución, cuyo contenido completo aún no se conoce.

En marzo de 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó al órgano Legislativo un anteproyecto de Ley de Identidad Género, cuyo estudio no avanzó.

Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos.

En diversas ocasiones, las activistas de derechos humanos de la comunidad LGTBI han denunciado que la violencia y discriminación que sufre la comunidad obliga a sus miembros a huir del país para no morir a manos de las pandillas o de los cuerpos de seguridad de un Estado "cómplice" de los asesinatos y la impunidad.

(c) Agencia EFE