Los obispos de Perú afirman que una investigación del Congreso pone en riesgo la legalidad

Lima, 13 sep (EFE).- La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) afirmó este miércoles que la investigación sumaria que ha iniciado el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha abierto "una crisis" que genera inestabilidad y un enfrentamiento que pone "en riesgo la legalidad, la armonía social y lo establecido" en la Constitución de Perú.

"El Perú vive una crisis que está generando mayor inestabilidad por la decisión del Congreso de encargar una investigación 'de carácter sumario', en catorce días, aludiendo 'causales graves' que habrían cometido los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que eventualmente llevaría a la destitución de sus integrantes", señaló la CEP en un pronunciamiento.

Al respecto, sostuvo que la JNJ "es un órgano constitucional autónomo" y que "estos conflictos se deben afrontar en base al respeto irrestricto del orden constitucional, el principio de legalidad, la tutela procesal efectiva y la garantía del recto ejercicio de la defensa".

"Como obispos creemos en una democracia sólida, con paz y justicia social, y expresamos que la Iglesia basada en su Doctrina Social, quiere ser siempre solidaria con la humanidad entera y con su historia", concluyó.

Este martes, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso inició una investigación sumaria, que se desarrollará durante 14 días, a los integrantes de la JNJ a pesar de la preocupación manifestada por organismos nacionales e internacionales ante una posible amenaza al equilibrio de poderes en el país andino.

La comisión, que preside la legisladora Janet Rivas, del partido marxista Perú Libre, dio luz verde al plan de trabajo de la investigación, que fue aprobado por el pleno del Congreso el pasado jueves.

La congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, presentó la moción que busca la remoción de los integrantes de la JNJ con el argumento de que "se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales".

Como fundamentos, la moción recurrió a un pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de antejuicio y juicio político al que fue sometida por el Congreso la exfiscal general Zoraida Ávalos, y la denuncia de una supuesta intromisión ante los miembros de la Corte Suprema para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada.

En respuesta, la JNJ consideró que esta investigación es una amenaza al "ejercicio independiente de sus funciones" y que la eventual remoción de sus miembros "constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú".

Por este tema, la Cancillería convocó este martes al coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en el país, Igor Garafulic, para "transmitirle formalmente la extrañeza" del Gobierno por un pronunciamiento que emitió la representación que lidera en rechazo a la investigación del Congreso.

Poco antes, la Comisión de Exteriores del Congreso exigió su retiro del país por considerar que cometió una "intromisión en asuntos internos", mientras que el presidente del grupo de trabajo, el fujimorista Alejandro Aguinaga, anunció que "se pretende declararlo persona non grata".

(c) Agencia EFE