Como en la era Obama, activan plan de defensa comunitaria contra deportaciones masivas

El triunfo electoral de Donald Trump ha provocado que las organizaciones proinmigrantes activen su estrategia para asistir a la comunidad tal como se vivió en la era de Barack Obama, cuando se estableció una cifra récord de deportados.

Los activistas y juristas aseguran que todavía hay personas en estado de shock y con incredulidad, pero las primeras decisiones del presidente electo presagian que su amenaza de realizar deportaciones masivas va en serio; por lo tanto, las personas indocumentadas deben prepararse en caso de redadas.

“Quieren hacer deportaciones masivas, pero pienso que van a empezar con las personas que tienen algún tipo de antecedente”, opina Elizabeth Uribe, abogada especializada en inmigración.

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Si en el pasado alguien fue detenido por la policía o por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Uribe explica que esas personas deben buscar asistencia legal porque las prioridades van a cambiar y “cualquier antecedente podría ser argumento” para incrementar las deportaciones.

Los delitos que sirvan para ejecutar las deportaciones van a definirse con claridad cuando Trump asuma el poder el 20 de enero de 2025. En principio, el presidente electo nombró este lunes, 11 de noviembre, a Tom Homan como el “zar de la frontera”. Este funcionario será el responsable de expulsar a los extranjeros indocumentados.

En un mitin, realizado el mes pasado en el Madison Square Garden en Nueva York, Trump dijo que al regresar a la Casa Blanca el primer día “lanzaré el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos para sacar a los criminales”.

Con ese objetivo en la mira, el presidente electo tendría que superar los 3 millones 94 mil deportados en los ochos años de Obama, cifra que le granjeó el mote de “deportador en jefe”. Antes de él, Bill Clinton deportó 869 mil en sus dos periodos y George W. Bush hizo lo suyo con 2 millones 12 mil personas.

“Tengo temor de las separaciones de familias, lo mismo que pasó la otra vez”, confiesa Olga, madre de cuatro hijos estadounidenses, que llegó de México en 1987. “Como ya hubo redadas, muchas personas estuvimos en pánico, incluyéndome a mí".

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Esta mujer, de 55 años, no ha podido regularizar su estatus migratorio. Por eso, el pasado 5 de noviembre al ver la tendencia en las elecciones presidenciales le dio pavor. “En lo que pensé es que no había esperanza con esta persona [Trump], no entiende ni tiene sentimientos hacia la comunidad latina, es muy triste lo que se viene”, aseguró.

Los inmigrantes indocumentados fueron el objetivo de amplios operativos de ICE en la administración Obama [2009-2017] y en el primer periodo presidencial de Trump [2017-2021].

En este momento, los activistas están restableciendo sus estrategias de defensa comunitaria utilizadas en esos tiempos oscuros cuando los agentes de “la migra” se introdujeron en las comunidades, realizaban detenciones durante el día, utilizaban uniformes y autos más parecidos a los de la policía local para perseguir indocumentados.

“Estamos reactivando lo que hicimos con Obama y en el primer mandato de Trump”, indicó Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), detallando que ya comenzaron a recibir llamadas de personas solicitando que vayan a dar pláticas acerca de los derechos de los migrantes.

Aparte de las charlas que COFEM lleva a centros comunitarios —desde hace 10 años—, en el pasado entregaron miles de tarjetas laminadas que incluyen los derechos de las personas en inglés y español para ser entregadas a un agente de ICE en caso de que lleguen a la vivienda.

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En esas tarjetas, que volverán a distribuir en la comunidad, se explica que los migrantes tienen derechos constitucionales; además, se subraya tres cosas: no abrir la puerta, no contestar ninguna pregunta y no firmar nada.

“Es muy importante tener un plan, prepararnos al igual que lo hacemos para enfrentar un terremoto y las personas que se pueden hacer ciudadanas que inmediatamente se naturalicen para que ayuden a su familia en caso de una detención”, apuntó Moreno.

El plan ante una detención es clave, reitera Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización proinmigrante El Rescate. Lo que se necesita, en primer lugar, es contar con un poder debidamente notarizado en donde se establezca quien queda en custodia de los hijos o hijas en caso de que un padre o una madre caiga en manos de ICE.

“Debe ser un documento notarizado, porque de lo contrario las autoridades del condado decidirán a quién le dan la custodia de esos niños o niñas si quedan sin padres producto de una detención”, advirtió el activista.

Sanabria afirma que en sus oficinas están dando consultas legales y también están definiendo un plan, junto a varios sindicatos de maestros, para acercar la información a los padres de familia en las escuelas.

Los activistas insisten en que las personas deben estar bien informadas para saber cómo responder en caso de una redada.

En un análisis que realizó el consulado mexicano, en el área de Los Ángeles en el 2017 —el primer año de Trump— ICE detuvo a 1,945 personas de ese origen. El 97% eran hombres, el promedio de edad fue de 37 años y cuatro meses. El 95% tenía hijos nacidos en Estados Unidos.

En ese reporte se destacó que el 64% de los detenidos fueron deportados y solo el 1% fue liberado.

“El 36% fueron detenidos al momento de salir de una cárcel, los estaban esperando”, dijo el entonces cónsul general, Carlos García de Alba, quien dio el informe en febrero de 2018. “El horario preferido por ICE para hacer sus operativos es entre las 6 y 9 de la mañana, cuando el 35% son detenidos”, resaltó el diplomático.

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En el contexto actual, la abogada Uribe advierte que entrar en contacto con la policía o una detención por un crimen menor que provoque el ingreso a una cárcel del condado, puede desembocar en un traslado y que, al final, los inmigrantes lleguen a manos de los agentes de “la migra”.

“Todos sabemos que van a haber cambios y todo será más difícil, pero hay que conocer los derechos, protegerse y hacer lo que esté dentro de nuestro alcance”, aseguró la jurista, recalcando que no debe tomarse a la ligera el plan de Trump.

En su primer mandato, señala Uribe, Trump utilizó los arrestos por conducir borracho como causa de deportación. Si alguien tiene un antecedente de violencia doméstica o una orden de deportación en su historial, lo mejor es buscar a un abogado experto en derecho penal o un jurista especializado en inmigracion, según sea el caso.

Las personas con un estatus migratorio irregular también pueden acercarse a las organizaciones comunitarias que brindan talleres sobre derechos de los migrantes y a las que ofrecen asesoría legal.

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Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.