Yahoo Noticias ¿Newsom y Bonta fallaron a migrantes que fueron traídos a Sacramento por Florida?
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El año pasado, el gobernador Gavin Newsom y el procurador general Rob Bonta se apresuraron a condenar a los funcionarios de Florida responsables de transportar a 36 migrantes latinoamericanos desde el exterior de un centro de migrantes en Texas a Sacramento bajo falsas promesas de vivienda y empleo.
“(Gobernador de Florida) Ron DeSantis eres un hombrecito patético. Esto no es Martha’s Vineyard. ¿Cargos por secuestro?”, publicó Newsom en X, antes Twitter, junto con una captura de pantalla de una sección del código penal de California sobre secuestro.
“Florida, a través de este programa, está demostrando lo peor de lo que podemos ser”, declaró Bonta a The Sacramento Bee en junio pasado.
Declaraciones similares generaron titulares durante semanas, y ambos hombres prometieron poner en marcha investigaciones sobre los incidentes de junio de 2023 que llevaron a los migrantes a California. Newsom y Bonta incluso sugirieron que el Estado pudiera presentar cargos penales contra DeSantis y su programa de reubicación financiado por el Estado.
Sin embargo, más de un año después, ninguno de los dos ha cumplido sus declaraciones ni ha hecho mucho por ayudar a los migrantes desde entonces. De hecho, poco se sabe sobre el estado de las investigaciones.
La Procuraduría General dijo que no podía hacer comentarios sobre temas relacionados con las investigaciones.
Funcionarios de California no han mencionado públicamente a los migrantes desde el verano pasado, excepto cuando el gobernador usó el incidente para criticar aún más a DeSantis durante su debate televisivo cara a cara el pasado noviembre. El procurador general, por su parte, se ha negado a firmar documentación legal para ayudar al grupo de migrantes a solicitar visados destinados a víctimas de delitos que ayudan a las fuerzas del orden.
La oficina del gobernador no respondió a las preguntas sobre las investigaciones ni sobre su apoyo a los migrantes de Sacramento para que reciban estos visados.
El silencio de Newsom y Bonta simboliza la respuesta general al incidente de Sacramento, según líderes comunitarios y voluntarios que siguen ayudando al grupo. El clamor inicial de apoyo de los gobiernos estatal, del condado y de la ciudad pronto se desvaneció, dejando que las organizaciones comunitarias asumieran la carga de trabajo y los costos.
“El incidente comenzó como una respuesta a la crisis”, afirmó Gabby Trejo, directora ejecutiva de Sacramento Area Congregations Together, la organización religiosa que lideró el apoyo a los migrantes. “Pero rápidamente se desescaló de una respuesta de crisis, a pesar de que todavía estábamos en una crisis como comunidad y no se habían resuelto las piezas del rompecabezas”.
‘Estas personas han cooperado con la investigación’
A la mañana siguiente de la llegada del primer grupo de migrantes a principios de junio de 2023, el gobernador, la primera pareja Siebel Newsom y Bonta se reunieron con ellos en el South Sacramento Christian Center.
Tomando café y Panera Bread, los migrantes compartieron historias de sus viajes desde Venezuela hasta El Paso, Texas, donde se les acercaron personas que les prometieron alojamiento gratuito y amplias oportunidades de empleo. Documentos posteriores confirmaron que el viaje había sido organizado por la División de Gestión de Emergencias de Florida y una compañía de aviones privados, Vertol Systems Co.
El episodio reflejaba tácticas políticas anteriores usadas por gobernadores republicanos en las que enviaban sin previo aviso a migrantes a ciudades o estados gobernados por demócratas.
En los días siguientes, Newsom echó la culpa a DeSantis y amenazó con procesarlo a la espera de una investigación. Expertos jurídicos cuestionaron de inmediato los fundamentos de un caso de secuestro criminal.
Bonta presentó un par de solicitudes de registros públicos –una a la oficina de DeSantis y otra a la División de Gestión de Emergencias de Florida– como parte de la investigación. También publicó posteriormente una carta en X, firmada por Newsom y enviada al Procurador General de Estados Unidos, Merrick Garland, en la que se instaba a una investigación del Departamento de Justicia sobre el programa de reubicación.
En aquel momento, Bonta dijo que los posibles cargos pudieran incluir detención ilegal, secuestro o infracción de las leyes de competencia desleal de California.
Todas las declaraciones públicas parecían indicar que los migrantes eran víctimas de un posible delito, dijo Marcus Tang, abogado especializado en inmigración del despacho sin ánimo de lucro California Rural Legal Assistance Foundation.
Teniendo esto en cuenta, la organización sin ánimo de lucro, en nombre de docenas de proveedores de servicios legales, grupos religiosos y organizaciones comunitarias, firmó una carta el año pasado pidiendo a Bonta que proporcionara a los 36 migrantes una certificación que les hiciera elegibles para solicitar un visado U.
Estos visados se conceden a los migrantes indocumentados que denuncian delitos graves y cooperan con las fuerzas de seguridad. Permiten optar a beneficios públicos, ofrecen protección frente a la deportación y, en última instancia, pueden conducir a una situación legal permanente en Estados Unidos.
La tramitación de estos visados suele llevar años. El primer paso requiere la certificación del organismo policial que investiga o persigue el delito. En este caso, según Tang, se trata de la procuraduría general.
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El verano pasado, Tang se mostró “cautelosamente optimista” ante la posibilidad de que los inmigrantes recibieran las certificaciones, a pesar de que las solicitudes suelen examinarse caso por caso.
“Simplemente pensamos que sería un uso más eficiente de los recursos para el procurador general hacerlo (en grupo), en lugar de tener 30 abogados diferentes que usen los canales normales”, dijo Tang.
La Procuraduría General no estuvo de acuerdo y denegó la solicitud dos semanas después de enviada la carta.
En una respuesta por correo electrónico enviada a Tang el 29 de junio, la procuraduría afirmó que las fuerzas de seguridad no habían entrevistado a los 36 migrantes y que algunos de ellos no habían descrito conductas delictivas. La oficina dijo que, más bien, se requerían solicitudes individuales.
“Si van a estar tuiteando y celebrando conferencias de prensa sobre este grupo de personas que fueron tan agraviadas ... lo menos que la administración podría hacer es confirmar realmente a inmigración que estas personas han cooperado con la investigación”, dijo Tang.
La postura de la Procuraduría General sobre las certificaciones difiere de la del alguacil del Condado de Bexar, Javier Salazar, quien supervisó una investigación criminal sobre los migrantes trasladados a Martha’s Vineyard, Massachusetts, por el estado de Florida.
Menos de dos meses después del incidente de Martha’s Vineyard de septiembre de 2022, Salazar emitió las certificaciones declarando a los migrantes víctimas de un delito. Algunos de esos migrantes han recibido desde entonces “determinaciones de buena fe” en su petición del visado U, un estatus que les proporciona permisos de trabajo temporales y los protege de la deportación hasta que haya un visado disponible. El Congreso limita el número de visados U disponibles a 10,000 al año.
En Sacramento, los voluntarios y las organizaciones comunitarias no conocen a un solo migrante que haya recibido una certificación.
En su declaración por correo electrónico, la Procuraduría General declinó responder a preguntas sobre los esfuerzos de los migrantes de Sacramento para obtener certificaciones y dijo que tales solicitudes se evalúan “caso por caso”.
‘No pedimos un trato preferencial’
Un nuevo grupo de abogados espera que la Procuraduría General cambie de opinión, dadas las similitudes con el incidente de Martha’s Vineyard.
“Los migrantes aquí en Sacramento son sin duda merecedores de visados de víctimas de delitos, por lo que nosotros, como comunidad, queremos ayudarles”, dijo Kishwer Vikaas, una abogada de inmigración local.
Vikaas ha comenzado recientemente a trabajar como voluntaria junto con el abogado Patrick Gihana para reunirse con los migrantes y pedir de nuevo a la oficina de Bonta que proporcione las certificaciones. Esta vez, los abogados concretarán su petición a los migrantes que permanecen en la región. Aproximadamente dos tercios de los 36 migrantes originales han abandonado Sacramento.
A principios de este mes, Gihana y Vikaas celebraron una reunión con parte del grupo en la que explicaron el proceso del visado U y pidieron paciencia.
“Al verlos por primera vez aquí, me doy cuenta de que ha pasado un año y están cansados”, dijo Vikaas al grupo de nueve migrantes presentes.
Más tarde, Gihana preguntó al grupo si entendían por qué tenían derecho a este visado.
“Nos mintieron”, respondió inmediatamente Jorge Gil Laguna, un venezolano de 34 años.
Lo que le ocurrió a este grupo no es normal, dijo Gihana. Por eso, anima a los funcionarios de California a ofrecer apoyo más allá de lo que “dijeron en la tele”.
“De nuevo, no pedimos un trato preferencial”, dijo Gihana. “En realidad, solo intentamos asegurarnos de que los migrantes obtienen algo por ser víctimas”.
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