El pedido resonó en la Plaza de Mayo. De espaldas a la Casa Rosada, se dirigió al Congreso: “Necesitamos que los legisladores saquen los proyectos de los cajones y modifiquen la ley de salud mental. Los tienen en sus escritorios. ¡Necesitamos que trabajen!”. Así, familiares de personas con problemas de salud mental de varios puntos del país, comunidades terapéuticas y profesionales participaron esta tarde en un “Gran Abrazo Nacional” por el Día Mundial de la Salud Mental.

Organizado por la Asociación Civil La Madre Marcha, el encuentro empezó pasadas las 17. “Necesitamos que se abra el debate para implementar reformas en la ley nacional de salud mental”, ya habían anticipado antes a este medio Marina Charpentier, la madre del líder de Tan Biónica, Chano Moreno Charpentier, y Stella Maurig, fundadora de la ONG. Desde hace dos años, alzan la voz para pedir que se actualice la norma que “no da respuesta” y “es una traba, una trampa” para el acceso a la atención oportuna, en especial en situaciones de alto riesgo para la misma persona que padece, sus familiares o terceros.

Marcela Campagnoli, diputada nacional e integrante de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja, confirmó que sigue faltando voluntad política en sus pares para avanzar con una reforma en la que hay acuerdo. “Ni siquiera habilitaron el tratamiento en comisión aun cuando hay varios proyectos ya presentados”, manifestó la legisladora de la Coalición Cívica que participó del encuentro.

De hecho, miembros de esa comisión de distintos partidos reconocieron en diálogo con LA NACIÓN en los últimos meses que es necesario cambiar algunos de los artículos de la norma sancionada en 2010. Pero lo hicieron en reserva. La resistencia, según se siguen escudando, estaría hacia el interior de los frentes políticos por las que accedieron a sus bancas. Es más, algunos hasta coinciden con los cambios que introducía el proyecto ómnibus del gobierno de Javier Milei que ingresó al Congreso en diciembre pasado. Los legisladores decidieron que avanzarían con la propuesta, pero en sesiones ordinarias, por separado del proyecto del Ejecutivo. Aún no prosperó.

“Hay que poner la ley en el año 2024 porque quedó vieja”, habían planteado Charpentier y Maurig durante el plenario de comisiones para tratar ese proyecto oficial. “Esta ley [por la de salud mental] está hecha para pacientes con dinero, que pueden pagar sus tratamientos. No estamos en contra de la norma, pero hay que mejorarla”, continuaron en ese momento.

Esta tarde, volvieron a expresarlo al reclamar la actualización de la norma junto a grupos que también se movilizaron desde Bahía Blanca, El Calafate, Pergamino o Pilar, entre otros puntos del país.

“Fuimos al Congreso a ver si hubo algún cambio en la ley y este encuentro es para visibilizar que seguimos igual que hace años. La ley de salud mental no ayuda a quienes más la necesitan”, empezó Maurig. “Se enferma toda la familia y es peor aún lo que atravesamos cuando se va un hijo sabiendo que no pudimos hacer algo más por una ley que tiene artículos que, en lugar de ayudar, son una traba y son una trampa. En el país, hay mucha carga de padecimiento mental y puedo decir, como madre de un chico que lo pasó, que hay que hablar más de salud mental y suicidio”, sostuvo la fundadora de La Madre Marcha.

“Todos los que vivimos en la Argentina sabemos que el estrés es insoportable y la pandemia [de Covid] puso sobre la mesa que en todas las familias hay algún integrante o un conocido con una patología de salud mental. Ludopatía, consumos, ansiedad, depresión, bulimia, anorexia u obesidad, cualquiera puede ser”, dijo Charpentier al tomar la palabra. “¿No es, acaso, la salud mental igualmente importante como la salud física? Aun así, sigue sin estar en la agenda de los legisladores. Somos ciudadanos que tenemos problemas y les estamos golpeando las puertas. Señores legisladores: les pedimos que trabajen –continuó–. Hágannoslo un poco más simple. Tienen los proyectos en el escritorio. Modifiquen la ley de salud mental. Hay mucho dolor. Les imploramos que trabajen por la salud mental de la población.”

El reclamo

En los dos últimos años, ambas mujeres alzaron la voz para alertar que “la situación es crítica” y reclamar a las autoridades nacionales que se declare la emergencia en adicciones y salud mental en todo el país. Con otras madres, se movilizaron al Congreso –luego de que no les atendieran pedidos de reuniones con los legisladores–, al Palacio de Justicia en el centro porteño y, de nuevo, al Congreso. Son, básicamente, tres los artículos que desde La Madre Marcha piden modificar. Se refieren, por un lado, a la excepcionalidad que se exige para las internaciones involuntarias y los requisitos que se le imponen a las familias, que son de difícil o imposible cumplimiento, sobre todo durante una situación de emergencia o una crisis. Está, también, la imposibilidad de abrir hospitales solo para salud mental y adicciones con falta de lugares especializados. A la vez, señalan que no se cumple la asignación presupuestaria del 10% que manda la norma. Solo se está asignando un 2%, según explicó durante la convocatoria el psicólogo Claudio Greco.

El artículo 20 de la ley es el que más cuestionan los familiares: manda que la internación involuntaria sea “excepcional” cuando no sea posible el tratamiento ambulatorio y profesionales de la salud adviertan una “situación de riesgo cierto e inminente” para la persona o terceros. Para eso, médicos de distintas especialidades (uno tiene que ser psicólogo o psiquiatra) y sin relación alguna con la persona a internar tienen que firmar un dictamen profesional. Solo lo pueden hacer si no existe otra “alternativa eficaz para su tratamiento” y un informe debe detallar qué se intentó antes. La internación involuntaria, de acuerdo con el artículo 21, se tiene que notificar a un juez y al Órgano de Revisión (equipo de abogados que monitorea la aplicación de la ley) antes de las 10 horas. El magistrado tiene tres días corridos para autorizar o no la internación, pedir más informes o peritajes.

Maurig también mencionó a LA NACIÓN que es necesario contar con comunidades terapéuticas para mujeres, lo que así manifestó también un grupo de 40 jóvenes durante la convocatoria. “La droga, por ejemplo, está haciendo estragos en todo el territorio nacional y, en el sur, por ejemplo, no hay lugares para internación. Y esto también está asociado con la salud mental. Los hospitales no funcionan con las adicciones y hay que tener dinero para trasladar de una provincia a Buenos Aires a un ser querido a una comunidad privada. No todas las familias pueden soportarlo”, amplió.

Una de las oradoras fue la periodista María Julia Oliván. “Nadie merece estar tan solo”, dijo en referencia a los padres y familiares de personas con problemas de salud mental o consumos. “No puede ser que sea tan difícil para el Estado vincular el sector público con el privado, los municipios y las provincias, para contar con centros especializados”, continuó. “Hasta que se modifique la ley, hay que alzar la voz”, sostuvo al cerrar el encuentro.