GUAYAQUIL.- El tránsito fluye con normalidad en la avenida Francisco de Orellana, en la zona norte de Guayaquil, pasadas las 11 de un sábado gris. La gente entra y sale de los comercios, y los vendedores ambulantes ofrecen fruta y otros productos en los semáforos. El clima cambia al adentrarse en las calles del barrio Samanes 7, que están semivacías, a excepción de un grupo de obreros y unos pocos transeúntes que caminan con rapidez. Frente a un restaurante ubicado en una esquina está Gabriel Matute, cuidacoches de unos 40 años, sentado en la vereda bajo un árbol. Allí estaba hacía dos semana atrás, pasadas las cinco de la tarde, cuando se enteró de lo que estaba sucediendo “unas diez cuadras al fondo”.

“Vi un montón de autos de la policía que pasaban rápido por la esquina, por la avenida. Agarré mi celular y vi que habían comentado por un grupo que habían matado a uno por ahí cerca de la Iglesia. Después dijeron que se trató de un sicariato”, contó a LA NACION Matute, que afirmó que en Samanes “normalmente hay robos, pero el resto de Guayaquil sí que está peligrosísimo; la gente anda bien asustada”.

Además de este episodio trágico, en el que se confirmó el asesinato de un joven de 21 años baleado por hombres que circulaban en una camioneta, ese mismo 1 de octubre la urbe porteña ecuatoriana acumuló cinco víctimas mortales más por balaceras, según los reportes de medios locales y de la policía.

Este es un reflejo de una violencia descontrolada que hundió a Ecuador en una situación crítica, al punto que los ecuatorianos van a las urnas para el ballottage de este domingo con el problema de la inseguridad como principal reclamo para quien triunfe entre la abogada izquierdista Luisa González, delfín de Rafael Correa, y el joven empresario bananero Daniel Noboa.

La contienda electoral tuvo a la violencia como protagonista tras una serie de asesinatos a políticos, como al candidato presidencial Fernando Villavicencio antes de la primera vuelta electoral, que traumatizó al país entero, y a un aspirante a la alcaldía de Puerto López Omar Menéndez y al alcalde de Manta, Agustín Intriago.

Ecuador, con 18 millones de habitantes, se congratulaba décadas atrás de ser considerado una “isla de paz” en la región, en especial por su posición geográfica, entre el conflicto armado de las FARC en Colombia y el terror impartido por Sendero Luminoso en Perú.

Ahora es un reguero de sangre a raíz de la peor crisis de inseguridad de su historia. Si para 2016 mantenía una tasa de seis homicidios por cada 100.000 habitantes, el año pasado superó su propio récord, con 25. Los homicidios intencionales alcanzaron su máximo, con 4603 asesinatos, 83% más que en 2021. Inclusive podría terminar 2023 como el país más violento de la región, al superar las 7000 muertes violentas y al alcanzar una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a las proyecciones de la Policía y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Guayaquil pasó a ser uno de los epicentros de la violencia desmedida. La policía local registró un promedio de siete asesinatos diarios en el primer trimestre del año, sumado a un alarmante recrudecimiento de las extorsiones y los secuestros. Para hacer frente a esta situación, los vecinos del área metropolitana comenzaron a cerrar cada esquina con rejas altas con alambres de púa, como una especia de “bunkers” custodiados por seguridad privada. Sin importar el estatus económico, cada vez más vecindarios eligen encerrarse para protegerse.

“Vecinos organizados”

Los vecinos de Urdenor 2, constantes víctimas de robos, hace unos tres meses decidieron cercar cada manzana. Unas pocas aún están sin protección. Con carteles que llevan las inscripciones de “por favor, identificarse”, “área vigilada” y “vecinos organizados”, los residentes decidieron instalar las rejas “antes de tener que lamentarse de verdad”, indicó a este medio Jiron Estrada, comerciante del barrio.

“Hace dos años atrás esta zona era tranquila. Hace poco empezaron los cerramientos. La seguridad privada está todo el tiempo y cada uno de nosotros tienen su propia llave para entrar y salir”, explicó a LA NACION un vecino de 26 años, estudiante de educación física, que prefirió no identificarse.

El 8 de octubre pasado, el gobierno del presidente Guillermo Lasso renovó por 30 días el estado de excepción para hacer frente a la “grave conmoción interna” en todo el territorio para “garantizar la intervención de las Fuerzas Armadas y la policía en el combate al crimen organizado y la delincuencia común”, según el comunicado oficial.

La medida también aplicó para intentar domar la grave crisis penitenciaria que enfrenta el país, donde los motines y las matanzas entre grupos criminales que siguen operando desde las cárceles hacinadas se volvieron moneda corriente, con unas 500 muertes de presidiarios en lo que va del año.

La semana pasada, el gobierno ecuatoriano anunció que militares estadounidenses podrían sumarse a combatir la delincuencia en operaciones puntuales de corta duración. Al momento no se han confirmado más detalles. El FBI colabora con Ecuador en la investigación para encontrar a los responsables del asesinato de Villavicencio.

Desde 2019, Ecuador presenta una tendencia creciente de violencia por una pugna de poder entre diversas organizaciones del crimen organizado, motivadas principalmente por el narcotráfico, que buscan posicionarse económicamente y dominar los mercados nacionales e internacionales.

Los analistas consultados por LA NACION indican que el problema responde a varias aristas. En primer lugar, indican que en los últimos años se produjo una fragmentación y una reconfiguración del negocio en el Cono Sur a raíz de la firma del Tratado de Paz con las FARC en Colombia en 2016 y en paralelo la formación de nuevos grupos en México además del Cartel de Sinaloa, como el surgimiento del Cartel Jalisco Nueva Generación. Ecuador, que solía ser un país de tránsito, se transformó en un centro de distribución y uno de los “principales puntos de embarque para el tráfico global de cocaína”, definió Insight Crime.

“El cultivo pasó a concentrarse en los estados fronterizos con Ecuador y, gracias a los débiles controles fronterizos, los grupos ecuatorianos se involucraron fácilmente en el negocio”, puntualizó a este medio Glaeldy González Calanche, analista de Crisis Group. En ese sentido, el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó que los enclaves fronterizos con Colombia se fortalecieron en los últimos años ya que estos espacios estratégicos para el narcotráfico facilitan el negocio y minimizan los costos.

Los enlaces entre las rutas y los principales puertos significaron una oportunidad para la fluctuación del negocio con Ecuador como puerta de salida. Así, hoy los puertos marítimos del país son considerados “centros logísticos” del tráfico de droga, y su principal consumidor es la Unión Europea, según un informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos.

Unas 10 bandas delictivas operan este negocio en el país. El grupo hegemónico solía ser Los Choneros, que estaba integrada por brazos armados, que hoy se conocen como Los Lobos, Los Tigerones y Chone Killers, entre otros. Dedicadas además a otras actividades tales como el sicariato y los robos, todos estos grupos solían estar unidos hasta que en el 2020 fue asesinado el líder de la banda principal, Jorge Luis Zambrano González. El hecho derivó en su separación por desacuerdos en los nuevos liderazgos.

“Esto fue un hecho clave que contribuyó a las confrontaciones y episodios de violencia que vemos hoy”, agregó González Calanche.

Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito, destacó en conversación con LA NACION la “ineficacia en el manejo de los recursos públicos” que agravó el problema hasta llevarlo a una “situación crítica”. “De todo el presupuesto que le fue asignado a Seguridad en el año 2022, solo se utilizó cerca de un 30%. No hay gestión pública, es una política de no ejecución. La policía está debilitada, no tiene capacidades logísticas operativas, no tiene chalecos antibalas especiales, no tiene vehículos, no está movilizada. Hay un desorden total al interior de la administración pública que tiene deficiencias y niveles de retrocesos”, señaló.

La experta en seguridad resaltó que Guayaquil se tornó el centro de la violencia narco porque sus puertos “son casi imposibles de controlar” y además, históricamente, “esta ciudad ha tenido alta desigualdad social, económica y alta informalidad, lo que favoreció a que estos actores recluten gente para sus actividades ilícitas”.

“Las redes del narcotráfico para sacar la droga de Ecuador se extiende en todos los puertos, porque se volvió un punto de muy fácil acceso. Ahora están interesados en este negocios mafias mexicanas, italianas, albanesas, que vienen a Ecuador para comprar su cocaína. Y siempre que haya más competición para la cocaína, habrá más muertos y más violencia”, sumó Chris Dalby, analista de Insight Crime.