Morenistas y opositores suman dichos falsos y engañosos sobre la reforma judicial
Legisladores morenistas y aliados y panistas usaron dichos falsos y engañosos en la discusión en comisiones del Senado sobre la reforma judicial, y en redes sociales y entrevistas en vísperas de que el dictamen se discuta en el Pleno de la cámara alta.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, mintió al decir que eran suficientes 85 votos para tener mayoría calificada si se tenían a los 128 legisladores presentes en la sesión, incluso refiriendo un supuesto antecedente de que antes ya se había aprobado una reforma constitucional con esa cantidad.
En tanto el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, criticó la iniciativa de reforma, pero no mencionó que en la contrapropuesta que presentaron hay coincidencias con Morena en temas clave como los llamados “jueces sin rostro”, sobre los que han alertado organismos y especialistas por su antecedente de ir contra los derechos humanos al utilizarse en otros países.
Además Cortés destacó como un ejercicio de “transparencia” el que se diera a conocer que hizo un acuerdo político con el PRI para los nombramientos de cargos como notarías o la ratificación de un magistrado, en el contexto de las elecciones en Coahuila.
Gerardo Fernández Noroña (Morena): “Tenemos la mayoría calificada, 85 senadores son la mayoría calificada, 86 son 67.18, pasa por encima del requisito constitucional”
Calificación: Falso
Según la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado de la República, la mayoría calificada corresponde a las dos terceras partes de quienes están en el Pleno.
El Sistema de Información Legislativa (SIL) menciona que se requerirían 86 de 128 legisladoras y legisladores, y esto coincide si se hace al cálculo: dos terceras partes de 128 son 85.33, entonces, 85 votos se quedan debajo de esa cifra. Son necesarios 86.
Si se concibe a las dos terceras partes de las y los integrantes del Senado en términos de porcentaje, el número 128 representaría 100% y la mayoría calificada exigiría 66.666% de los votos. Ese porcentaje sólo se logra con 86 votos, de hecho, así se llega a 67% y esto se conoce como aproximación por exceso, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además, Noroña publicó en X un supuesto “antecedente de aprobación de reforma constitucional con 85 senadores”. Pero el dictamen de septiembre de 2021 que mencionó no fue una reforma constitucional, sino legal: a la Ley Orgánica de la Marina para avalar labores de seguridad pública y, por lo tanto, no requería de mayoría calificada. Además, la votación está equivocada en la publicación que compartió porque no fueron 85, sino 84 votos en favor.
Pese a toda la evidencia, Noroña insistió en que eran suficientes 85 votos difundiendo en X una publicación del Facebook del Senado en 2020, donde aparece esta cifra pero sin citar alguna ley o reglamento como sustento.
Además en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, días antes el propio Noroña reconoció que se necesitaban 86 votos. Y en 2022 hizo lo mismo Ricardo Monreal, entonces como coordinador de los senadores morenistas.
Para saber más: Reforma judicial: cuántos votos necesita Morena en el Senado, cuál es el dictamen y los distintos escenarios
Frase de Marko Cortés (PAN): “Es una verdadera pena y vergüenza que los senadores de Morena excluyan y se nieguen a escuchar a jóvenes universitarios, académicos, especialistas, profesionistas y organismos internacionales, dándole la espalda al pueblo de México”
Calificación: Engañoso
El dirigente del PAN y senador Marko Cortés acusó así a morenistas, aunque por otro lado su partido -al igual que Morena- propone la figura de “jueces sin rostro” para casos de delincuencia organizada y otros delitos, y especialistas alertan sobre que esa figura ha vulnerado derechos en otros países, como te contamos en este texto. Ante esas críticas, hasta ahora el PAN no se ha retractado de apoyar esa figura.
En el debate en comisiones, ante cuestionamientos, Marko Cortés presumió como un ejercicio de “transparencia” el que se conociera que como parte de sus acuerdos políticos para las elecciones de 2023 y las de este año, el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila acordaran nombramientos de cargos como notarías, direcciones de planteles educativos y de oficinas del Registro Civil, la ratificación de un magistrado, una plaza en el instituto estatal de transparencia y hasta la Junta de Caminos, pasando por encima de los requisitos legales de algunos de ellos.
“La política debe ser a la luz del día y a la vista de todos”, dijo Cortés. “Todos nuestros acuerdos deben ser transparentes y públicos… todo lo público debe hacerse así, y lo que yo hice fue transparentar lo que es público”. Cortés eludió explicar por qué incluyeron hasta órganos autónomos.
Cortés también aseguró en X el 5 de septiembre que ya se tenía asegurado el voto de 43 senadores de oposición en contra de la reforma judicial que propone Morena, aunque cuatro días después se reportó en medios que el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez podría respaldar la iniciativa morenista, y el partido no podía confirmar cuál sería su voto.
Frase de Julieta Ramírez (Morena): “El 40% de las personas que están en la cárcel no tienen sentencia”
Calificación: Engañoso
La senadora morenista criticó con esa frase las fallas en el sistema de justicia, pero omitió mencionar que la prisión preventiva oficiosa fue ampliada en el sexenio de López Obrador y respaldada por Morena, y con esas acciones aumentó el número de personas encarceladas sin sentencia, como reclamó en su intervención en el debate en comisiones del Senado antes de aprobar en esa instancia la reforma judicial.
Apenas en agosto pasado se aprobó en la Cámara de Diputados un dictamen para ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, figura que ha sido señalada como violatoria de derechos humanos y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó a México eliminarla.
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Las senadoras Cynthia Liliana López Castro (PRI) y Juanita Guerra Mena (Morena), en tanto, dieron cifras equivocadas sobre las personas sin sentencia, diciendo que eran 65 y 80% de las personas encarceladas, respectivamente, cuando en realidad la cifra en 2023 era de 37.3%.
Senadora Andrea Chávez (Morena): “Se contesta muy bien cómo vamos a evitar el financiamiento irregular o el financiamiento ordinario, en cualquiera de los dos casos, de quienes aspiren a ser jueces”
Calificación: Engañoso
En la minuta citada por la senadora, en el artículo 96, sólo se establece que “estará prohibido el financiamiento público o privado” de las campañas de aspirantes a juzgador, así como la contratación de espacios en radio o televisión.
Pero contrario a lo dicho por la senadora, no se explica en la iniciativa con qué mecanismos de fiscalización o seguridad se evitará que grupos políticos, empresariales o incluso del crimen organizado, como han alertado especialistas, pudieran financiar ilegalmente a las candidatas o candidatos a ministros, magistrados y jueces.
Frase Luis Alfonso Silva Romo (PVEM): “La reforma planteada por el presidente López Obrador combate la corrupción y nepotismo”
Calificación: Engañoso
El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Alfonso Silva Romo, mencionó que la reforma judicial combate la corrupción y el nepotismo, pero el dictamen no describe un filtro claro para evitar esas conductas irregulares.
La iniciativa plantea un proceso de selección en que comités de los tres poderes evaluarán a los aspirantes con un ensayo, cartas de recomendación, así como las calificaciones de la universidad, con el requisito de tener promedio arriba de 8. Y además se plantea un sorteo, para tener la lista definitiva.
Pero no se detalla cómo se integrarán los comités de selección.
“¿Quién va a determinar quién entra y quién no (a los comités)? Por supuesto, se está prestando a demasiadas arbitrariedades. Al dejar esto abierto a tantas arbitrariedades, esta falta de claridad es la apertura perfecta para que permeen la corrupción y el nepotismo dentro de estas nominaciones y de estas elecciones”, advirtió Melissa Ayala, abogada por el ITAM.