Morena analiza juicio político para jueces que frenaron reforma
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados analiza interponer un juicio político contra los jueces que dictaron la suspensión de la discusión de la reforma al Poder Judicial, señaló el diputado Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario.
En la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Sergio Gutiérrez Luna propuso solicitar dicho procedimiento, además de presentar una denuncia penal y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
"La mayoría legislativa opinó que es una franca intromisión, que es una violación a la Constitución y que no tiene competencia ningún juez, ni ente ajeno al poder legislativo. Incluso, se planteó iniciar tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del poder legislativo: juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en administración de justicia y una queja ante la Judicatura", detalló Monreal.
Los recursos enlistados por el legislador de Morena serían en contra de la juez Quinto de Distrito en el estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, y el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, ya que ambos concedieron suspensiones para que continúe el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial.
Monreal Ávila explicó cuál será el proceso para aprobar la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, hoy, después de la sesión del Congreso General, se realizará una sesión ordinaria para darle publicidad a la reforma al Poder Judicial.
El próximo martes 3 de septiembre, el pleno discutirá y, en su caso, aprobará la reforma judicial en lo general; y el miércoles 4 de septiembre se discutirá en lo particular, es decir, las reservas que presenten los grupos parlamentarios.
Y adelantó que en las dos semanas posteriores a la aprobación de la reforma judicial, la Cámara de Diputados también discutirá la reforma constitucional para traspasar el mando operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la reforma en materia de comunidades indígenas y afromexicanas.