Ministros por voto popular: una mala idea

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la última instancia capaz de limitar o revertir las decisiones inconstitucionales de un presidente o del Congreso de la Unión. Si la Corte es sometida o se llena de incondicionales de un gobierno, nadie en México podría —legalmente— frenar una política presidencial o del oficialismo congresional, aunque ésta viole la Carta Magna.

Por ende, la elección de los ministros de la SCJN debe estar basada en capacidad y conocimiento legal. En este sentido, la propuesta arropada por Claudia Sheinbaum de elegirlos por voto popular, aunque suene atractiva, tiene varios problemas de diseño.

En primer lugar, la elección por voto popular podría politizar en exceso a la SCJN y comprometer a sus integrantes. En democracia es esencial que el Poder Judicial sea lo más independiente posible del poder político y económico. Sin embargo, este método podría aumentar la influencia del dinero —público o privado— en las decisiones judiciales. Las campañas para la elección de ministros, como otras, requerirían de grandes sumas de dinero para ser realmente competitivas, lo que abriría la puerta a que los aspirantes comprometan sus decisiones futuras a cambio de dinero o apoyo mediático.

Asimismo, de existir la capacidad de reelegirse mediante el voto popular, ello podría llevar a que, ya en la Corte, los ministros tomen decisiones motivadas por su popularidad, con miras a fortalecer sus probabilidades de reelección.

En segundo lugar, la elección por voto popular podría llevar a una falta de experiencia y conocimiento legal en la SCJN. Actualmente, los ministros son seleccionados a través de un proceso riguroso que incluye la revisión de sus antecedentes, méritos y experiencia legal —que, sin embargo, tiene sus puntos ciegos, como en el caso del plagio de Yasmín Esquivel—. Elegir a los ministros por voto popular podría dar lugar a candidatos que carezcan de la preparación necesaria para tomar decisiones judiciales informadas, ya que su principal requisito sería ser populares y no capaces.

Un tercer riesgo es que los candidatos caigan en una profunda demagogia con tal de ser electos. En un México sediento de justicia, imaginen un candidato a ministro prometiendo, por poner un caso extremo, prisión automática a todos “traidores a la patria” o pena de muerte a todos los asaltantes —aunque no sea algo viable en términos constitucionales ni sea una decisión exclusivamente suya—. Con tal de ganar espacio mediático y votos, un candidato sin escrúpulos podría intentar “seducir” al electorado con medidas extremas.

Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que plantea promover la revocación de mandato de ministros, ² de aprobarse el voto popular como mecanismo de elección. Esto, de nuevo, es bastante delicado.

De entrada, el gobierno federal o un grupo fáctico podría financiar una campaña de revocación contra uno o más ministros incómodos para sus intereses políticos o económicos. Asimismo, la revocación periódica podría generar inestabilidad en la Corte. Los ministros podrían sentirse constantemente amenazados y ser más propensos a tomar decisiones basadas en la popularidad en lugar de la legalidad, o bien, podrían decidir en función de su temor a ser destituidos y privilegiar los intereses de quienes puedan activar o frenar un proceso de revocación en su contra.

En ambos casos —elección por voto popular o revocación—, tiene más ventaja quien tiene más dinero y poder; entiéndase, una lista que encabezan el gobierno federal y los grandes empresarios y consorcios.

La fortaleza de la Corte es su independencia. Si esa Corte puede emitir fallos en contra del gobierno o de los grandes intereses económicos sin verse intimidada —o a favor de éstos, si así lo dicta la ley—, esa Corte funciona.

Harry Truman, presidente estadounidense entre 1945 y 1953, alguna vez dijo que cuando “pones a un hombre en la Suprema Corte, deja de ser tu amigo”. Él, como López Obrador hace algunos meses, ³ lo decía a manera de queja, ya que algunos ministros que propuso votaron en contra de los intereses de su gobierno. Pero esa es justamente la idea: nadie, nunca, por encima de la Constitución.

* Alonso B. Tamez es maestro en Comunicación Política por la Universidad de Glasgow y maestro en Política y Comunicación por la London School of Economics. Subsecretario de Acción Electoral del CEN del PRI.

¹ Aristegui Noticias (15/10/2023). “Sheinbaum pide mayoría en el Congreso en 2024 para que jueces y ministros sean electos por voto popular”. Redacción. Disponible aquí.

² López Dóriga Digital (23/11/2023). “AMLO propondrá, en reforma al Poder judicial, tribunal para revisar el actuar de jueces y magistrados”. Nacional. Disponible aquí.

³ Aristegui Noticias (20/04/2023). “AMLO acusa de traidores a ministros Ríos Farjat y Alcántara Carrancá”. Redacción. Disponible aquí.