Yahoo Noticias Militarizar la seguridad pública es contraproducente para disminuir homicidios en México, revela estudio
La militarización de la seguridad pública ha resultado ser una política contraproducente para la reducción del índice de homicidios en los países de América Latina que lo han implementado. Patrullajes militares en calles y detención de líderes de grupos criminales son estrategias que han fallado.
Así lo traduce un estudio del Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV) del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), en el que se analizaron estrategias de seguridad en Brasil, Colombia y México en los últimos 15 años.
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El documento publicado en septiembre, revisó 65 publicaciones académicas sobre evaluaciones de estrategias de seguridad, hechas por académicos y especialistas en la materia, entre 2005 y 2022. De esos estudios, 42 se hicieron en Brasil, 10 en Colombia y 5 en México, todos cuentan con conclusiones sobre la implementación de las estrategias.
Al respecto de México, se proyectaron los resultados de las estrategias implementadas por los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en materia de seguridad.
El estudio sistematiza las estrategias de seguridad en una escala que las clasifica por resultados, es decir, según su eficiencia para la reducción del índice de homicidios. Las categorías son: funcionan, son promisorias, no tienen un resultado concluyente, no funcionan o son contraproducentes.
Patrullajes de militares: contraproducentes
En el caso de México, el estudio puntualiza que muchas de las estrategias analizadas no tienen información sobre los criterios o índices de delito que se tomaron en cuenta para su implementación, eso porque las autoridades que se encargaron de ejecutarlas en determinado momento, no entregaron la información a los investigadores.
Sin embargo, destacan que la estrategia de sacar al Ejército a patrullar las calles, tarea antes exclusiva de las policías locales, comenzó con el plan de combate al narcotráfico promovido por el gobierno de Felipe Calderón y esto se tradujo en un aumento de homicidios.
“El estudio sobre México reveló un aumento de 10 homicidios por 100.000 habitantes en las zonas donde actuaron los militares. En consecuencia, aunque las evaluaciones se limitan a dos casos, la evidencia existente en este momento apunta a que la militarización de la seguridad provoca un aumento y no una reducción de la violencia letal”, puntualiza el análisis.
Nuevo sistema de justicia penal acusatorio: sin resultados concluyentes
La transición de procesos penales ha ocurrido en varios países de América Latina, pero la Universidad del Estado de Río de Janeiro solo encontró estudios académicos sobre el caso mexicano.
Aunque en algunos estados de la república la implementación del sistema acusatorio –avalado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto– se relacionó con una reducción en el índice de homicidios, esto solo ocurrió en lugares donde no hay una presencia predominante del crimen organizado en la organización social y política.
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“En los estados donde estos grupos tienen mucha fuerza, el impacto de la reforma es inexistente o incluso contraproducente”, puntualiza el estudio.
Atender a grupos vulnerables: no funciona
El estudio analizó evaluaciones hechas al Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), implementado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de que se orientaran los esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) en “corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia”, según lo registró el gobierno federal en ese momento.
También se analizaron estudios sobre la Estrategia Colectivos en Cali, Colombia, y el Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía (PRONASCI) de Brasil.
“Ninguna de las tres evaluaciones constató efectos de reducción de homicidios y algunas registraron el escenario contrario: la implantación de los programas estaba asociada a un aumento de la violencia letal, aunque no hay razones teóricas para sospechar de un vínculo causal en este caso”.
Detener a líderes de grupos criminales: contraproducente
Para esta estrategia solo se analizaron resultados de la política implementada por el gobierno de Felipe Calderón en la llamada “guerra contra el narco”, donde se dio prioridad a la detención de líderes de grupos delictivos.
“Aunque estas operaciones fueron desarrolladas tanto por la policía como por las Fuerzas Armadas, estas últimas tuvieron un papel fundamental, razón por la cual esta intervención está englobada dentro de la militarización de la seguridad pública”, detalla.
El estudio analizó dos evaluaciones de casos en los que se detuvo o abatió a líderes de grupos criminales en México, ambas revelaron un aumento de los homicidios en los periodos posteriores a la muerte o prisión de los jefes de los grupos, tanto en los estados donde sucedían, como en el estado de origen de esos líderes.
“Eso estaría relacionado a la lucha por el poder resultante de la neutralización de los jefes. Así, aunque solo existen dos evaluaciones, la evidencia hasta ahora es clara en apuntar que la eliminación de los líderes de los grupos criminales puede generar más violencia”.
