Milei cierra estatal ferroviaria: casi 1.400 despidos y un ahorro de 42,4 millones de dólares

BUENOS AIRES (AP) — En línea con las políticas de ajuste que viene implementando desde hace más de nueve meses, el gobierno del presidente Javier Milei cerró la estatal Trenes Argentinos Capital Humano, lo que supone el despido de cerca de 1.400 empleados y un ahorro de unos 42,4 millones de dólares anuales.

El cierre de la empresa, que no operaba trenes sino personal y era una de las cinco compañías ferroviarias que administra el Estado, fue anunciado el martes por el portavoz presidencial Manuel Adorni y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, en una rueda de prensa conjunta.

Mogetta señaló que la medida es una “instrucción del presidente” basada en la “eliminación de gastos innecesarios para el Estado” para lograr el déficit cero, que ha implicado desde que asumió la presidencia en diciembre la disolución de ministerios, organismos públicos y el despido de miles de funcionarios, entre otras medidas.

Según el gobierno, durante la gestión del presidente Alberto Fernández (2019-2023) la empresa realizó obras públicas pese a que no le correspondía según su estatuto y contrató artistas populares con fines políticos y partidarios.

Mogetta dijo que la compañía “no operaba trenes y tenía funciones que estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias”. En total, precisó, su cierre implica una baja de 1.388 empleos, entre ellos 23 cargos jerárquicos, y un ahorro de 42,4 millones de dólares al año.

El funcionario señaló que durante la gestión anterior Trenes Argentinos Capital Humano llegó a tener más de 1.800 empleados y gastó 180 millones de dólares para la puesta en valor de obras de arte en estaciones de trenes de funcionarios afines mientras los trenes no tenían mantenimiento. También contrató a artistas populares durante la pandemia de COVID-19 para realizar obras en las estaciones e hizo gastos excesivos en automóviles, combustible y teléfonos móviles.

Las políticas de ajuste de Milei, que según ha dicho buscan el equilibrio fiscal y el combate a una inflación anual de alrededor de 236% junto a la eliminación de otras distorsiones económicas, se han extendido a distintas áreas estatales, entre ellas la de la salud y educación, disparando las protestas sociales en el país sudamericano.