¿Tendrá Miami que pagar en el caso Carollo? Es una interrogante de varios millones

La demanda presentada contra el comisionado de Miami Joe Carollo por dos empresarios de La Pequeña Habana que afirmaban que les había atacado por apoyar a un adversario político, se topó con tantos obstáculos que se tardó más de cinco años en llegar a un jurado.

Seis semanas después del veredicto de $63.5 millones contra Carollo, William “Bill” Fuller y Martín Pinilla vuelven a solicitar al tribunal que modifique el fallo sobre el mismo asunto que el tribunal negó a los dos hace cuatro años: que el gobierno municipal de Miami debería hacerse cargo de una parte significativa de la compensación.

Hay una motivación obvia para su más reciente táctica legal: el dinero.

Los empresarios no esperan cobrar a Carollo ni de lejos la cantidad estipulada en el fallo. El patrimonio neto del comisionado en su última declaración pública a finales de 2021 era inferior al valor de su casa en Coconut Grove, de $2.5 millones, que según la ley de la Florida está protegida de las sentencias civiles. Y con un gran veredicto del jurado a su favor, Fuller y Pinilla han decidido volver a pedir al juez que ordene a la ciudad pagar al menos una parte de los daños y perjuicios.

Su abogado Jeff Gutchess argumenta que surgió nueva información después que se presentó la demanda original en 2018 y durante el juicio para reconsiderar el asunto del papel de la ciudad. Dicen que los correos electrónicos de la ciudad descubiertos durante la batalla legal y el propio testimonio de Carollo muestran que los empleados municipales trabajaron mano a mano con el comisionado para tratar de destruir sus negocios.

Pero varios expertos en litigios civiles afirman que convencer al juez para que incluya a la ciudad y amplíe la responsabilidad del pago de daños y perjuicios probablemente será una tarea ardua.

El abogado especializado en ética J.C. Planas, que en su día participó en un intento fallido de destituir a Carollo, dijo que “jurídicamente hablando”, el argumento es válido en ambos sentidos. Aunque la ciudad pagó la defensa de Carollo, no fue acusada en el caso y el veredicto del jurado, dijo.

“La cuestión que podría prevalecer es que la ciudad debería haber sabido que esto era ilegal. Y le permitieron hacerlo. Lo consintieron”, dijo Planas. “Pero incluso así, creo que es difícil especular sobre lo que ocurre porque hay muchas piezas en movimiento”.

El abogado Mike Pizzi, cuyos clientes incluyen a la ciudad de Medley y que está con frecuencia en litigios con gobiernos municipales, dijo que será difícil por una sencilla razón: la ciudad no tuvo la oportunidad de defenderse en los tribunales.

“Y según la ley”, dijo Pizzi, “la ciudad tiene protecciones que Carollo [como individuo] no tiene”.

Gutchess presentó una moción de 30 páginas en el tribunal federal para modificar el veredicto a principios de este mes. Los abogados de Carollo, encabezados por Ben Kuehne de Miami, tienen hasta la primera semana de agosto para responder formalmente, pero dijeron a The Miami Herald que la moción contra la ciudad debería ser denegada.

“Nuestra posición es que son extemporáneos”, dijo Kuehne. “Que la moción llega demasiado tarde y que es errónea como cuestión de derecho y no es sobre lo que se juzgó el caso”.

La abogada municipal de Miami, Victoria Méndez, desestimó la moción calificándola de truco legal destinado al fracaso, diciendo que el asunto se resolvió cuando la ciudad fue retirada de la demanda hace cuatro años.

“La moción en curso para añadir a la ciudad, después que el caso fue juzgado, en un intento de someterla al veredicto, no tiene ninguna base de hecho o de derecho, en ninguna parte de Estados Unidos”, dijo Méndez.

El juez federal de distrito Rodney Smith pudiera pronunciarse sobre el asunto a finales de octubre. Pero aunque lo niegue, la batalla con la ciudad no ha terminado. Fuller y otros socios comerciales han presentado otra demanda contra la ciudad de Miami bajo una entidad llamada Mad Room LLC, una empresa sombrilla que gestiona varias de sus propiedades y negocios de la Calle Ocho. Aún no se ha fijado fecha para el juicio.

UNA LARGA BATALLA LEGAL

El intento de incluir al gobierno municipal de Miami ocurra casi dos meses después que los jurados se pusieron del lado del argumento de Fuller y Pinilla de que Carollo estaba tan enojado por el apoyo de los dos a un oponente político en 2017 que intimidó a la Policía y a las autoridades de cumplimiento del código para que intentaran destruir varios de sus negocios. Fuller es propietario del icónico club nocturno Ball & Chain de La Pequeña Habana. Él y Pinilla también son dueños y gestionan otros negocios en el barrio.

En concreto, los jurados consideraron que Carollo había infringido su derecho comprendido en la Primera Enmienda a respaldar al candidato de su elección, en este caso un oponente político al que Carollo derrotó llamado Alfonso “Alfie” León. Durante el juicio, mostraron cómo la Policía y las autoridades de cumplimiento del código obligaron a Ball & Chain a cerrar más de un año y cómo otros negocios fueron cerrados u obligados a mudarse.

Fuller admite que una decisión a su favor pudiera ser un golpe para los contribuyentes. Pero dijo que si eso es lo que se necesita para responsabilizar a Carollo y a otros políticos que abusan de la autoridad, vale la pena. Fuller y Pinilla también solicitaron recientemente al tribunal medidas cautelares, argumentando que el gobierno municipal y Carollo han seguido atacando a sus negocios, incluso después del veredicto de principios de junio.

“En este punto, es obvio que la ciudad tiene un desprecio total por el abuso de poder y por el abuso de sus departamentos, que se han usado como arma contra los contribuyentes como nosotros y los propietarios de negocios”, dijo Fuller a The Herald en una entrevista. “Si los contribuyentes están molestos, entonces tal vez eso es lo que se necesita para reunir a la base gravable a fin de destituir a estos funcionarios públicos y poner fin a esto”.

PALABRAS DE CAROLLO LE COSTARÁN CARO A LA CIUDAD

Pinilla y Fuller piden que la ciudad se haga cargo de $16 millones del veredicto, la cantidad concedida por coacción emocional y la destrucción de su reputación La ciudad está protegida contra los otros $47 millones en daños punitivos, ya que la Florida es uno de los tres únicos estados que prohíbe las indemnizaciones punitivas contra entidades públicas.

Si bien la moción más reciente admite que “no había disputa” de que Carollo fue demandado individualmente al principio, argumenta que todo eso cambió debido a las acciones emprendidas por el comisionado y la ciudad después de que se presentó la demanda en 2018.

Para empezar, la ciudad pagó todos los honorarios legales de Carollo en el juicio, un acuerdo que Méndez defiende, diciendo que la ley de la Florida deja claro que los funcionarios públicos tienen derecho a la representación legal a expensas del contribuyente para defenderse por hacer su trabajo.

Sin embargo, el comisionado también fracasó repetidamente antes del comienzo del juicio en ganar una reclamación legal de Inmunidad Calificada, una norma creada por el tribunal que da a los funcionarios de gobierno protecciones adicionales de medidas tomadas mientras trabajan. El argumento del comisionado fue rechazado a nivel estatal y de apelaciones, y la Corte Suprema se negó a conocer del caso.

Los empresarios argumentan que Carollo se defendió repetidamente durante el juicio diciendo que actuaba en calidad de “funcionario”, que los precedentes de los tribunales federales les permiten modificar el veredicto del jurado y que un correo electrónico del ex director de construcción de la ciudad demuestra que una política municipal de nueva creación iba dirigida exclusivamente a sus negocios.

Gutchess apunta a una reunión de la Comisión de Miami del 14 de febrero de 2019 en la que los comisionados autorizaron a Méndez a usar la aplicación del código y la Policía para investigar las propiedades de Fuller y Pinilla. En ese momento, dijo, apuntar a Fuller y Pinilla se convirtió en política municipal oficial.

“Carollo no podía haber causado el daño que causó sin el apoyo incondicional de la ciudad”, declaró Gutchess al Miami Herald.

El testimonio de los testigos en el juicio demostró que Carollo dijo que estaba llevando a cabo “una investigación oficial” durante una visita a una de sus propiedades. También mostró a los empleados de Fuller y Pinilla su identificación de Miami y usó su autoridad para cerrar Domino Plaza, por lo que afirmó era una falta de los permisos adecuados.

Gutchess también dice que un correo electrónico del 27 de mayo de 2020 del director de Construcción de Miami, Ace Marrero, es una clara indicación de cómo se creó la política de la ciudad y dirigida directamente a Fuller y Pinilla.

“Acabo de tener una larga reunión con el administrador y casi toda la oficina de la abogada municipal más Adele hablando sobre Bill Fuller”, escribió Marrero. “El administrador quiere que actualicemos nuestras políticas para ser más estrictos cuando se trate de trabajar sin permiso, definir claramente ;as condiciones inseguras y cerrar todas las estructuras que no cumplan”.

La moción también hace referencia a una infame reunión de la comisión del 14 de febrero de 2019 en la que Carollo intentó aprobar una resolución pidiendo al gobernador que nombrara a un fiscal especial para investigar a los empleados de la ciudad que no emitieron citaciones contra las propiedades de Fuller y Pinilla. La moción fracasó.

Sin embargo, Carollo logró convencer a los comisionados para que otorgaran a Méndez la autoridad de investigar las propiedades de Fuller y Pinilla por “violaciones relacionadas con la falta de certificado de uso, certificado de uso obtenido bajo falsos pretextos y/o propiedades con violaciones que plantean problemas de seguridad para la vida”. La resolución también pedía el cierre de los negocios en sus propiedades hasta que cumplieran.

“La persecución de Fuller se generalizó y profundizó bajo el mandato del [administrador municipal Art] Noriega y porque los formuladores de políticas finales Noriega y Méndez ratificaron la persecución de Carollo”, dijo Gutchess.