PARÍS.- El asesinato de un adolescente a manos de un agente de policía esta semana ha reavivado viejas cuestiones sobre el estado de la policía francesa y la incapacidad de los gobiernos consecutivos para reformar una institución sometida a los poderosos sindicatos.

En un país asolado por disturbios periódicos que a menudo suscitan llamamientos a la represión de los alborotadores, puede resultar difícil criticar a un cuerpo sometido a tensiones y que pierde efectivos.

Pero los expertos afirman que las autoridades no pueden seguir haciendo la vista gorda ante las acusaciones de los grupos de derechos sobre el racismo rampante en el cuerpo, la elaboración de perfiles raciales y los interrogantes sobre el reclutamiento, la formación y la doctrina policial.

“Lo que permanece constante es la negativa del poder político a actuar sobre uno de los factores de este cóctel explosivo: la policía”, dijo en Twitter el historiador Cedric Mas. “Los disturbios en Estados Unidos y Gran Bretaña en los años 60 y 80 han llevado a profundas reformas de la policía. ¿En Francia? Nada desde hace 40 años”, añadió.

Muchos gobiernos occidentales, desde Gran Bretaña en 2011 hasta Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter nacido en 2013, han tenido que lidiar con disturbios raciales contra la policía en las últimas décadas. Pero Francia, oficialmente daltónica, se ha negado durante mucho tiempo a reconocer que hubiera un factor racial en juego.

Aunque Francia ha introducido una treintena de leyes sobre orden público en las últimas dos décadas, ninguna ha incluido una revisión de los cuerpos policiales desde una reforma de 1995 que otorgó amplios poderes de cogestión a los sindicatos, explica Olivier Cahn, profesor de Derecho de la Universidad de Cergy.

“A partir de ese momento, los sindicatos participaron en todo lo que es cogestión, incluida la gestión de los recursos humanos”, dijo. “El resultado concreto en los años siguientes fue que los sindicatos llegaron a acuerdos con diferentes ministros del Interior”.

Estos amplios poderes, que garantizan la lealtad de los policías sobre el terreno que deben su ascenso profesional al sindicato al que se han afiliado, han dado a los líderes sindicales una influencia desmesurada sobre los ministros del gobierno.

“El principal temor es perder el control de las fuerzas policiales”, afirma Cahn.

Protestas

Los ministros que han intentado reformar la policía y dar más independencia a su organismo de control lo han hecho por su cuenta y su propio riesgo.

En junio de 2020, el exministro del Interior de Macron, Christophe Castaner, procedente de los socialistas, detalló sus planes para reformar la policía. Estos incluían la prohibición del controvertido uso de la llave de estrangulamiento durante las detenciones, la reforma del organismo de control policial IGPN, así como una política de tolerancia cero para el racismo en la policía.

Tras las protestas de los sindicatos policiales, fue sustituido por Gerald Darmanin, ex conservador, en una remodelación realizada un mes después.

“O apoyas a la policía o te metes en problemas”, dijo Franck Louvrier, ex asesor de comunicación del ex presidente Nicolas Sarkozy cuando era ministro del Interior. “El Ministerio del Interior tiene que ver con el factor humano, con los sentimientos que tienes hacia ellos, porque los policías sufren ataques todos los días”.

Una propuesta de Darmanin para reformar la rama de investigación de la policía enfureció a la policía este año, provocando varias huelgas en un momento incómodo para el gobierno, justo cuando el público en general se manifestaba en contra de la reforma de la jubilación.

Racismo

En el centro de los disturbios que convulsionan los barrios obreros y racialmente mixtos de las ciudades francesas se encuentran las acusaciones de racismo sistémico en la policía, formuladas desde hace tiempo por grupos de defensa de los derechos humanos.

Precisamente el viernes, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas manifestó su preocupación por la situación en Francia e instó al gobierno a hacer frente a la discriminación racial.

“Es el momento de que el país aborde seriamente los profundos problemas de racismo y discriminación racial en las fuerzas del orden”, declaró la portavoz Ravina Shamdasani.

Los sindicatos policiales, y con ellos el ministro del Interior, afirman que sólo hay casos aislados de racismo y niegan que sea sistémico o generalizado.

“Sí, hay racistas, nadie lo niega”, señaló Anthony Caille, del sindicato policial CGT. “Pero sistémico, no sé qué significa eso”.

Como Francia es oficialmente daltónica y limita el uso de estadísticas étnicas, es difícil respaldar con datos el resentimiento generalizado entre las minorías raciales de que la policía les persigue en exceso y les discrimina.

Pero abundan las pruebas anecdóticas.

En una sentencia significativa, el Tribunal de Apelación de París dictaminó en 2021 que la discriminación estaba detrás de los controles policiales de identidad de tres estudiantes de secundaria -franceses de origen marroquí, maliense y comorano- en una estación de tren de París en 2017.

Cada individuo recibió 1500 euros de indemnización, más las costas legales, dijo el tribunal en ese momento.

Pero estas multas son raras y los grupos de derechos dicen que los agentes de policía a menudo terminan con sentencias leves, alimentando una sensación de impunidad.

“Lo que vemos es que es difícil para los magistrados imponer penas de prisión a los agentes de policía; Francia no es un caso aislado, en Estados Unidos y en los países nórdicos también hay dificultades para condenar y sancionar a los agentes de policía”, señaló el sociólogo Sebastian Roche, editor de la revista Policing and Society.

Tras la crisis de los Chalecos Amarillos de 2018-2019, en la que hubo meses de protestas violentas y represión policial, la doctrina y las tácticas policiales también fueron objeto de renovadas críticas.

El aumento de los tiroteos policiales letales en los últimos años se ha relacionado con una reforma de la ley en 2017, que amplía las circunstancias en las que un agente puede usar su arma de fuego.

La ley, que entró en vigor tras el atentado islamista de Niza en 2016, permite a los agentes disparar si creen que es “probable” que el conductor cause daños a las personas. Los críticos dicen que la disposición crea una zona gris.

“Es completamente vaga y permite disparar con mucha más libertad”, apuntó Caille, del sindicato policial de izquierda CGT. “Esta ley de 2017 debería ser derogada”.

Agencia Reuters