Primera medida: el nuevo Consejo de la Magistratura excluyó de un examen para ascender a un juez procesado por corrupción

En su primera decisión, el nuevo Consejo de la Magistratura excluyó de un concurso para ascender a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, al juez federal con competencia electoral de Mendoza Walter Bento, procesado por corrupción, embargado junto a su familia en más de $300 millones y con pedido de prisión preventiva que no se cumple por sus fueros como juez.

La determinación fue unánime y lleva la firma de los 18 consejeros, incluido el nuevo presidente del cuerpo, el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El oficialismo y la oposición votaron juntos.

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No hubo una reunión presencial para tomar tal medida, sino consultas virtuales que terminaron una resolución de nueve carillas, firmada de manera ológrafa en algunos casos y de manera digital en otros. Anoche a última hora, un funcionario del consejo salió de recorrida para reunir las firmas presenciales en los casos en los que fue posible.

La medida prenuncia la proactividad del Consejo, que, no obstante, para funcionar a pleno aún debe conformar las comisiones de Administración, Disciplina, Selección y Acusación, y convocar a su primer plenario.

De todos modos, es una señal tanto por la falta de formalismos a la hora de decidir (ni siquiera hubo una primera reunión formal de consejeros) como por la unanimidad con la que se tomó la medida, ya que hasta ahora Bento estaba siendo protegido por los consejeros oficialistas , sobre todo el año pasado cuando se desarrollaban las PASO y el magistrado tenía a cargo el control de las elecciones en su provincia.

La exclusión de Bento del concurso para ser ascendido a camarista de la Casación, la máxima instancia penal antes de la Corte, había sido reclamada por el consejero juez Ricardo Recondo, porque al anotarse había omitido informar que tenía procesos penales en trámite, lo cual es un requisito del reglamento.

Bento dijo que el reglamento es inconstitucional porque viola el principio de inocencia, ya que si bien está procesado por enriquecimiento ilícito, recibir coimas en diez ocasiones, asociación ilícita y lavado de dinero, argumentó que no tiene una condena firme.

El Consejo le respondió que lo debía haber planteado antes de anotarse, pues el propio reglamento establece que la inscripción en el concurso implica aceptar sus términos.

El caso del juez federal Bento es el ejemplo más palpable de cómo funcionaba el Consejo de la Magistratura. Procesado –con procesamiento firme–, Bento no solo sigue siendo juez federal electoral y firmando sentencias, sino que se había anotado para rendir el 11 de mayo en el examen para ascender a la Cámara Federal de Casación Penal.

La urgencia del Consejo por resolver su situación era que, si no tomaba una determinación, el juez iba a poder presentarse a rendir examen.

Bento fue protegido por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, que en septiembre pasado se opuso a su suspensión cuando el juez fue procesado. A Bento se le dictó la prisión preventiva, pero no fue detenido por sus fueros.

Propiedades, lujos y viajes

Bento está procesado y con procesamiento firme “por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor (diez hechos), concurso ideal con prevaricato, omisión y retardo de justicia; enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo. Luego se ampliaron estas acusaciones con la de falsedad ideológica en dos hechos.

A Bento ya no le quedan integrantes de su familia sin ser acusados. Sobre su esposa, Marta Isabel Boiza, pesa un embargo de casi $150.000.000, porque la Justicia la consideró presunta responsable de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Debido a esta resolución, la Cámara Federal la suspendió y no podrá seguir en su cargo de prosecretaria administrativa del juzgado federal N°3 de la provincia cuyana.

A partir de la investigación realizada por el fiscal Dante Vega quedó al descubierto que el juez Bento y su familia poseen nueve propiedades con una valuación millonaria en cuatro countries de Mendoza. También cuatro vehículos de alta gama: tres Audi S3, Q5 y A3 que compraron cero kilómetro y una camioneta VW Amarok.

Además, el magistrado no pudo explicar el origen de los 153.000 dólares, 3600 euros y 160.000 pesos en efectivo que le secuestraron en su casa del complejo Palmares, donde tiene tres propiedades. Tampoco pudo justificar cómo adquirió los tres fideicomisos en distintos emprendimientos inmobiliarios.

Tampoco coincide con su salario la erogación realizada para costear veinte viajes a Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Atenas, Dubai y Chile, entre 2007 a 2017. Por esos viajes estuvo 761 días fuera de su casa, alojado en hoteles y aparts de lujo, junto a su familia.

La protección del kirchnerismo

Una de las razones por las que el juez Bento sigue en su cargo radica en que la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por la senadora kirchnerista de Chaco María Inés Pilatti Vergara, ordenó la realización de un peritaje patrimonial sobre los bienes de Bento.

El estudio fue ordenado hace más de cuatro meses por el organismo que revisa los desempeños de los magistrados y por el juez federal que tiene a su cargo la investigación contra Bento. En septiembre pasado, con distintos argumentos, tanto Pilatti Vergara como el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, votaron en contra del pedido de suspensión presentado por Pablo Tonelli, diputado y consejero de Pro. Junto a otros consejeros que rechazaron la solicitud de desafuero y la suspensión del magistrado, consideraron que esa medida resultaba improcedente en esta etapa de la investigación.

La orden de prisión preventiva dispuesta por la Justicia federal de Mendoza no podrá efectivizarse hasta que el Consejo de la Magistratura decida suspenderlo y promoverle juicio político.

Mientras se demora la definición del Consejo de la Magistratura, Bento sumó nuevas imputaciones en su contra y, además, otros integrantes de su familia quedaron al borde del procesamiento.

Hasta que el peritaje no se termine no podrá resolverse si se acusa al juez. El estudio fue encargado a los peritos de la Corte hace meses y todavía no fue terminado.

Al embargo de $150.000.000 contra la esposa, el juez debe agregar el embargo de $177. 610.000 sobre sus bienes. Esto significa que el matrimonio sumó embargos por $327.610.000.

Asesinatos, coimas, contrabando y narcotráfico

La acusación más reciente contra el juez se conoció cuando fue imputado por presunto cohecho cuando tenía a su cargo la investigación de una organización criminal dedicada al contrabando que operó entre 2016 y 2018. Por este caso, el juez federal subrogante Leopoldo Rago Gallo ordenó las capturas de un funcionario de la Dirección General de Aduanas de Mendoza y de tres abogados. A los letrados se los acusó de pagar sobornos para favorecer a los integrantes de la banda de contrabandistas que aparecían mencionados en el sumario que se instruía en el juzgado de Bento.

Esas coimas se habrían canalizado a través de Diego Aliaga, un despachante de aduanas reconvertido en informante policial e intermediario que cobraba dinero, supuestamente en nombre del juez Bento, para favorecer a los acusados en causas que se ventilaban en el juzgado federal N°1, de Mendoza.

Luego de haber sido desvinculado de la causa 11088445/2007, Aliaga se convirtió en el reclutador de la banda supuestamente liderada por Bento. Aliaga fue asesinado a mediados de 2020. Por el homicidio fue condenado el exsocio de la víctima. La fiscalía federal abonó la sospecha que indicaría que la víctima sería el nexo los contrabandistas, dueños de tres contenedores secuestrados en un playón de la Aduana, en Uspallata y el magistrado acusado. El número de teléfono del juez Bento figuraba en la agenda del celular de Aliaga con el nombre de “Primo”.

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“Aliaga era el nexo de confianza con el magistrado y enlace con los abogados organizadores y actuantes de imputados que obtendrían los beneficios a cambio de sobornos”, indicó el juez federal de Mendoza Eduardo Puigdéngolas en la resolución en la que dispuso el procesamiento de Bento.

Antes de asumir en el juzgado federal N°1 de Mendoza, con competencia electoral, Bento, de 57 años, trabajó en una casa de cambios en Buenos Aires. Durante un viaje a Chile conoció a su esposa, Marta. En 1992, el matrimonio decidió radicarse en Mendoza y, a partir de ese momento, comenzó la carrera judicial de Bento. Su vida cambió en 2005 cuando se hizo cargo del juzgo federal electoral mendocino, con jurisdicción en la extensa frontera con Chile.