Una de las mayores investigaciones contra la corrupción en América Latina se desmorona

La Operación Lava Jato, que comenzó en Brasil, reveló un esquema de sobornos que abarcó al menos 12 países. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha anulado gran parte de sus efectos.

Una de las mayores operaciones contra la corrupción de la historia reciente se está borrando silenciosamente.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil está desestimando evidencias clave, anulando condenas importantes y suspendiendo miles de millones de dólares en multas de una serie histórica de casos de soborno, con el argumento de que investigadores, fiscales y jueces parciales infringieron las leyes en su voraz búsqueda de justicia.

En varias sentencias dictadas a lo largo del año pasado —la mayoría derivadas de recursos interpuestos por personas que afirman haber sido tratadas injustamente— el tribunal ha anulado casos en los que altos cargos políticos y ejecutivos de empresas se habían declarado culpables.

Las decisiones están teniendo repercusiones por toda América Latina y han llevado a la anulación de al menos 115 condenas en Brasil, según los grupos anticorrupción. Las revocaciones también están sembrando dudas sobre muchos otros casos en Panamá, Ecuador, Perú y Argentina, incluidas las condenas de varios expresidentes.

Todo ello supone un amplio desmantelamiento de la Operación Lava Jato, una amplia investigación que, iniciada hace una década, reveló una vasta trama de corrupción que abarcaba al menos 12 países. Los investigadores descubrieron que las empresas habían pagado miles de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos a cambio de proyectos públicos.

Los hallazgos trastocaron el panorama político de América Latina, cerrando empresas multinacionales y dando lugar a multas de miles de millones de dólares y cientos de condenas. Algunos de los políticos y ejecutivos más destacados de la región fueron enviados a prisión, incluido el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ahora, su desmantelamiento es la triste conclusión de una investigación que en su día se consideró un cambio radical en América Latina, que prometía erradicar la corrupción sistémica que había podrido los cimientos de los gobiernos.

La opinión pública había aplaudido las condenas como un nuevo amanecer para la región. Una década después, Brasil y otros países tienen poco que mostrar. Para algunos, este revés es otro ejemplo de la impunidad de la que han disfrutado durante mucho tiempo los gobernantes.

“Las personas que deberían pagar por sus errores o sus delitos, en cierta medida, se saldrán con la suya”, afirmó Maíra Fernandes, abogada penalista y profesora del Instituto Getúlio Vargas, una universidad brasileña.

Al mismo tiempo, añadió, las revocaciones no carecen de fundamento. Algunas grabaciones filtradas y otras pruebas demostraron que un juez y algunos fiscales se coordinaron contra los acusados, emplearon tácticas agresivas para forzar confesiones y ordenaron escuchas ilegales. “Aunque deje un sabor amargo”, dijo, “es consecuencia de una operación que se ensució las manos, que violó las reglas”.

En 2018, un legislador de extrema derecha llamado Jair Bolsonaro utilizó una retórica anticorrupción para aprovechar el impulso de la Operación Lava Jato y llegar a la presidencia de Brasil. Pero su gobierno también se vio entonces manchado por escándalos de corrupción, y finalmente cerró Lava Jato cuando nuevas investigaciones comenzaron a indagar en su familia. La semana pasada, las autoridades brasileñas recomendaron presentar cargos contra él por planear un golpe de Estado tras perder la presidencia en 2022.

La mayoría de las decisiones para revertir la Operación Lava Jato han sido emitidas por un único magistrado del Supremo Tribunal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli. En una entrevista, Toffoli dijo que sus decisiones se basaban en sentencias anteriores de sus colegas del Supremo Tribunal, según las cuales los investigadores, fiscales y jueces de la Operación Lava Jato se habían confabulado ilegalmente, invalidando las pruebas recogidas. Dijo que se había limitado a extender esa decisión a otros casos.

“Las evidencias ilegales no se pueden utilizar para condenar”, dijo.

“Lo hacemos con gran tristeza”, añadió durante una reciente vista ante el Supremo Tribunal. “Porque el Estado ha procedido erróneamente”.

Algunos críticos, sin embargo, creen que Toffoli no debería decidir los casos.

Antes de incorporarse al Supremo Tribunal, trabajó como abogado del partido político de Lula y, más tarde, como asesor del presidente. En 2009, Lula lo propuso para el más alto tribunal del país. Lula y su partido fueron objetivos importantes de la investigación Lava Jato.

El juez también estuvo vinculado a la investigación que ahora está desmantelando.

En 2019, Marcelo Odebrecht, el presidente ejecutivo de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, nombró al juez Toffoli en una declaración a la policía sobre el esquema de corrupción de la compañía, lo que sugiere que el juez puede haber desempeñado un papel, según informes de noticias locales.

Toffoli negó cualquier implicación y nunca fue acusado formalmente de ningún delito.

“Las acusaciones son tan falsas que las partes interesadas nunca han cuestionado formalmente mi participación en estos casos”, declaró en una entrevista.

Tras las informaciones que lo vinculaban a la trama, Toffoli dio un paso muy inusual al conceder al Supremo Tribunal la autoridad para abrir su propia investigación sobre los ataques contra el propio tribunal.

Llamó a la investigación “investigación sobre fake news” y, en uno de sus primeras medidas, uno de sus colegas ordenó a una revista que censurara un artículo que vinculaba a Toffoli con Lava Jato (la revista pudo volver a publicarlo después, una vez que demostró que el artículo se ajustaba a la realidad).

Esa investigación ha dado paso desde entonces a un Supremo Tribunal mucho más poderoso y combativo.

Toffoli se ha resistido a las críticas. Este año, abrió una investigación penal contra Transparencia Internacional, una organización anticorrupción con sede en Berlín, después de que esta criticara sus medidas para revocar las sentencias del caso Lava Jato.

Pidió a los investigadores que revisaran denuncias de que la organización había malversado fondos públicos durante la investigación Lava Jato.

Transparencia Internacional negó las acusaciones. El mes pasado, el principal fiscal federal de Brasil pidió al Supremo Tribunal que abandonara la investigación, alegando que no había evidencia de irregularidades. Bruno Brandão, director de Transparencia Internacional para Brasil, dijo en una entrevista que las sentencias de Toffoli habían “abierto las compuertas a la impunidad”.

La Operación Lava Jato comenzó en 2014, cuando la policía federal brasileña descubrió una operación de blanqueo de dinero en un autolavado de la capital del país. Tras indagar un poco, se dieron cuenta de que se habían topado con algo mucho, mucho más grande.

Con el tiempo, los investigadores descubrieron que algunas de las mayores empresas de Brasil —incluido un grupo detrás del gigante de la carne de vacuno JBS, la petrolera estatal Petrobras y Odebrecht— habían estado sobornando a funcionarios en el poder en toda América Latina y África a cambio de lucrativos contratos gubernamentales. Se descubrió que la trama implicaba al menos 3000 millones de dólares en sobornos, muchos de los cuales se habían blanqueado a través de sistemas como el del autolavado.

La operación condujo a cientos de condenas, incluida la de Lula, entonces expresidente. Fue condenado a 12 años de prisión en 2017 por aceptar renovaciones de viviendas de empresas de construcción a cambio de favores. Lula ha negado durante mucho tiempo los cargos.

Con Lula en prisión e inelegible para postularse, Bolsonaro ganó fácilmente las elecciones presidenciales de 2018.

Aproximadamente un año después, la Operación Lava Jato comenzó a desmoronarse.

Lula fue liberado en 2019 después de cumplir 19 meses en prisión, cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que había sido encarcelado prematuramente. Menos de dos años después, el tribunal anuló sus condenas, dictaminando que el juez federal que supervisó la Operación Lava Jato, Sergio Moro, había sido parcial.

Grabaciones filtradas publicadas en 2019 por un sitio de noticias, The Intercept Brasil, mostraron que Moro había dirigido a los fiscales sobre cómo perseguir las condenas, había encarcelado a sospechosos para forzar acuerdos de culpabilidad y había ordenado escuchas telefónicas ilegales de los acusados y sus abogados. Las revelaciones supusieron un duro golpe para la legitimidad de Lava Jato.

“Obviamente fueron mucho más allá de lo permitido”, dijo Leandro Demori, ex editor ejecutivo de The Intercept Brasil. “Contaminaron toda la investigación”.

Moro, ahora senador, negó cualquier parcialidad o ilegalidad, señalando que sus fallos fueron respaldados posteriormente por otros jueces, incluso en el Supremo Tribunal. “Tengo la conciencia tranquila”, afirmó.

Libre de cargos, Lula pudo volver a presentarse a las elecciones presidenciales de 2022, en las que derrotó a Bolsonaro.

Desde entonces, los reveses se han acelerado. En 2023, el Supremo Tribunal dictaminó que otros casos, además del de Lula, se habían visto empañados por la conducta ilegal de investigadores, fiscales y jueces.

Desde entonces, el juez Toffoli ha utilizado esa decisión como base para una serie de sentencias de gran alcance con implicaciones generalizadas.

En septiembre de 2023, aceptó una petición de los abogados que representaban a antiguos ejecutivos de Odebrecht y anuló las evidencias del acuerdo de culpabilidad de la empresa. También suspendió una multa de 2500 millones de dólares contra la empresa e intentó desestimar todas las sentencias penales contra Odebrecht, el ex presidente ejecutivo, pero fue desautorizado por sus colegas del Supremo Tribunal.

Las decisiones sobre Odebrecht tuvieron un efecto dominó, poniendo en duda las condenas de políticos y ejecutivos en toda América Latina. Los abogados de otros países podrían utilizar ahora las sentencias de Toffoli para tratar de deshacer condenas de alto perfil, como la del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, condenado el mes pasado a 20 años de prisión por aceptar sobornos de ejecutivos de Odebrecht.

Toffoli también suspendió una multa de 3200 millones de dólares contra la empresa matriz de JBS. (Los críticos han señalado que la esposa de Toffoli ha trabajado como abogada de la empresa en casos separados).

La matriz de JBS dijo que quería enmendar su “multa arbitraria e ilegal”.

Odebrecht, que desde entonces ha cambiado su nombre por Novonor, declinó hacer comentarios. Petrobras no respondió a una solicitud de comentarios.

En las entrevistas, los juristas coincidieron en que el Supremo Tribunal Federal de Brasil tenía la responsabilidad de abordar los errores de Lava Jato. Pero también lamentaron la desaparición del mejor intento de América Latina de acabar con la corrupción.

Rafael Mafei, profesor de derecho de la Universidad de São Paulo, fue tajante: “Desde el punto de vista de los resultados, Lava Jato fue un completo fracaso”.

Paulo Motoryn colaboró con la reportería desde Brasilia, y Mitra Taj desde Lima.

Paulo Motoryn colaboró con la reportería desde Brasilia, y Mitra Taj desde Lima.

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