Matanzas, acoso y degradación ambiental en la Amazonía venezolana: una guerra atroz de la que poco se habla

La lucha encarnizada por el control de las zonas mineras de Venezuela ha incrementado las matanzas, el acoso a la población indígena y la degradación ambiental de una de las regiones con la mayor biodiversidad del planeta.

Gran parte de la información sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela se genera en la franja costera del Mar Caribe y en la zona andina fronteriza con Colombia.

Pero en los estados selváticos de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro se ha avivado una tragedia de iguales proporciones, donde la población se ve atrapada en medio de las pugnas entre las bandas del crimen organizado, los militares y funcionarios gubernamentales para lucrarse de las riquezas minerales que yacen en las entrañas de la tierra.

La magnitud de la guerra minera es difícil de determinar en un territorio inhóspito e inmenso. Con sus 460.873 km2, equivalente a la superficie de Suecia, los tres estados abarcan el 50% de todo el territorio de Venezuela con una geografía diversa que incluye llanuras, serranías y una intrincada selva. La escasa población se distribuye en algunas ciudades grandes como Puerto Ordaz y cientos de pequeños caseríos ubicados en lugares de difícil acceso.

Matanzas recientes

El desmembramiento de cuerpos después de una matanza es una práctica común en la zona. Dirigentes y medios locales informaron sobre el descuartizamiento de al menos 6 personas el 22 de agosto de 2018 en una mina en el sector El Silencio, en el municipio Sucre del Estado Bolívar. El Correo del Caroní indicó que entre los fallecidos se encuentra el líder de la tribu Hibi, Misael Julio Ramírez, de 45 años, y su hijo, Milson Dorangel Rondón Reina, 18 años. Aunque el cuerpo del joven aún no había sido localizado.

Miembros de la comunidad Hibi, de la etnia Cariña, denunciaron que los enfrentamientos ocurrieron cuando un grupo criminal se alió con integrantes de otra tribu para ganar el control de la mina aurífera que se encuentra en sus territorios ancestrales

Los asesinatos de las minas ocurren a diario. Pero uno de los episodios más sangrientos ocurrió el 4 de marzo de 2016, cuando una banda criminal dirigida por “El Topo” masacró al menos 28 mineros artesanales en una mina en Tumeremo, estado Bolívar, aunque las autoridades sólo localizaron los cadáveres de 17 personas en una fosa común con señales claras de haber sido ejecutados.

“A sangre y fuego”

La abundancia hídrica y en biodiversidad de la Amazonía de Venezuela es innegable. Aporta el 82% del agua que se consume en el país, es una de las tres zonas tropicales con mayor riqueza en vida silvestre del planeta y es el habitat del 73% de los mamíferos venezolanos.

Pero a las bandas de crimen organizado que operan en el área poco les importa la biodiversidad. Su objetivo es apoderarse de las zonas donde existen los yacimientos de oro, diamante, bauxita y coltán, compuesto metálico producido con tantalita y colombita de creciente valor comercial por su uso en la fabricación de componentes para ordenadores y teléfonos móviles.

Un informe publicado en febrero por el instituto de investigación Insight Crime explicó que desde la creación del Arco Minero del Orinoco, que es una zona económica estratégica decretada en 2016, ha repuntado la violencia como consecuencia de una “dinámica criminal” en la que participan militares, delincuentes comunes y funcionarios. “Hay denuncias de que militares y funcionarios del gobierno comparten con los “pranes” (líderes que controlan las mafias en las cárceles) o los sindicatos (organizaciones criminales surgidas del sistema laboral) la explotación de las minas y el control de la región”.

El periodista holandés Bram Ebus, quien se adentró en esa zona durante tres meses para investigar las consecuencias de explotación mineral en el sur de Venezuela, relató que las balaceras en las zonas mineras son frecuentes y que el oro que se extrae de las minas “termina en el mercado mundial en forma de joyas, resguardado en un banco o usado en equipos electrónicos, pero poca gente sabrá su origen”.

Ebus afirmó que el ejército venezolano recibe beneficios significativos de la minería ilegal, de los grupos criminales que controlan los yacimientos y usan la violencia para mantener el control. Un informante le aseguró que los mismos militares son los ejecutores de las matanzas en las zonas auríferas.

Otro extenso reportaje sobre el impacto del Arco Minero del Orinoco en la seguridad y el ecosistema de la región de Guyana, publicado por Efecto Cocuyo, coincidió con la apreciación de Ebus. “Los reporteros visitaron el Arco Minero del Orinoco y constataron que, en vez de prosperidad, se ha incrementado el delito. La autoridad del Estado venezolano ha sido sustituida por la crueldad extrema de los grupos de delincuencia organizada -o pranes- enquistados en la zona, los cuales se benefician de la minería ilegal e imponen sus reglas a sangre y fuego”.

El gobierno venezolano ha desestimado las denuncias de los dirigentes locales y de la prensa. Asegura que la misión del Arco Minero es “garantizar la soberanía” sobre el aprovechamiento de las riquezas minerales no renovables, con el mínimo impacto en el ambiente y su diversidad biológica.

El botín de la guerrilla colombiana

El atractivo minero de Venezuela también atrae organizaciones armadas de países vecinos, como el Ejército de Liberación Nacional y facciones disidentes de las FARC, que han incursionado en el negocio del oro y el coltán para financiar sus actividades ilegales.

Miembros del ELN habrían participado el 31 de agosto de 2018 en un enfrentamiento ocurrido en la localidad de Tumeremo, en el este del estado Bolívar, a unos 800 kilómetros de la frontera con Colombia, lo que demostraría que el grupo insurgente opera con impunidad en la extensa selva venezolana.

La primera semana de mayo de 2018, la ONG Fundación Redes (Fundaredes) denunció el asesinato de unas 25 personas en la población de Guasipati por miembros del ELN por el control de unas minas administradas por una familia de la región.

La destrucción del Delta

Aunque la minería fue declarada ilegal en gran parte del estado Delta Amacuro, donde el río Orinoco desemboca en el Océano Atlantico, miles de familias han abandonado la siembra de productos agricolas tradicionales para dedicarse a la minería ilegal.

Organizaciones de derechos humanos y ambientales han denunciado las graves afectaciones de las comunidades indígenas por las aguas contaminadas por el mercurio que se usa en la actividad minera.

También se han denunciado el uso de waraos y arawakos como escudos humanos en los enfrentamientos por el control de las minas del Delta. El reportero gráfico Wilmer González lleva seis meses desaparecido desde que la difícil situación económica lo empujó a probar suerte en las minas.

Acoso en el Amazonas

La búsqueda de los recursos minerales del sur no se limitan al Arco Minero del Orinoco. También afecta al estado Amazonas, donde unas 10.000 personas trabajan en 63 minas ilegales a pesar de que la ley lo prohíbe.

El exgobernador de Amazonas y líder de la comunidad, Liborio Guarulla, denunció a El Pitazo que los minerales y las ganancias extraídas salen de manera irregular sin que deje ganancia alguna a la región o al país.

El contacto de los habitantes de las tribus Yanomami con la población minera ha contagiado a los indígenas con enfermedades serias como el sarampión y la difteria.

Guarulla denunció que la población del Amazonas se encontraba completamente desasistida durante las recientes inundaciones que anegaron pueblos enteros, entre el acoso de los efectivos militares y los enfrentamientos entre bandas de delincuentes comunes y guerrillas.