CORRECCIÓN: Massachusetts reubica a los migrantes en todo el estado y sus ciudades los reciben, pero con preocupación

WOBURN, Massachusetts — Apenas habían pasado dos semanas desde que la crisis migratoria llegó a su ciudad de 40.000 habitantes, ubicada a 16 kilómetros al noroeste de Boston, pero los voluntarios reunidos una tarde reciente en una iglesia de Woburn parecían cansados de la batalla.

El pequeño grupo de lugareños (una maestra de guardería, un pastor metodista y una estadounidense de origen haitiano que trabaja en el sector médico, entre otros) se había movilizado para ayudar a unas 80 familias de inmigrantes que el estado alojó en hoteles de Woburn el mes pasado. Decididos a ofrecer una cálida bienvenida, los voluntarios no tardaron en descubrir la desalentadora complejidad de satisfacer las necesidades básicas, un choque con la realidad que también está ocurriendo en otros lugares del estado y del país.

En Massachusetts, el único estado que cuenta con una ley sobre el derecho a la vivienda que garantiza a las familias con niños un lugar donde alojarse si cumplen ciertos criterios, la crisis se ha acelerado y, hasta la fecha, más de 80 ciudades y pueblos han recibido inmigrantes (la ciudad de Nueva York tiene una ley similar que ha generado revuelo y debate y que va más allá, pues obliga a dar cobijo a cualquiera que lo solicite). El número de familias que viven en refugios de emergencia y hoteles en todo el estado se ha duplicado en el último año, hasta llegar a casi 6300 la semana pasada; el costo se ha disparado hasta unos 45 millones de dólares al mes.

Las autoridades calculan que al menos la mitad de las familias acogidas actualmente son inmigrantes recién llegados; la mayoría proceden de Haití, atraídos por los rumores y la influencia de la comunidad haitiana establecida en el estado.

La gobernadora Maura Healey declaró un estado de emergencia el 8 de agosto con miras a obtener ayuda federal, con lo que se sumó a Nueva York, Chicago y Washington D. C., que han tomado medidas similares. El 31 de agosto, Healey autorizó a más de 200 miembros de la Guardia Nacional a ayudar a las más de 2500 familias que viven en hoteles, una medida destinada a hacer frente a la escasez de agencias de servicios sociales para ayudar a los inmigrantes que llegan.

El estado llevó a los inmigrantes a dos campus universitarios y una base militar de Cape Cod y abrió dos centros de acogida para procesar a los recién llegados, muchos de los cuales proceden de la frontera sur, según sus defensores. En uno de los centros, en Quincy, al sur de Boston, la mayoría de las enfermeras y asistentes sociales son haitianoestadounidenses que hablan criollo haitiano, lo que les permite identificar con rapidez las necesidades e informar a las familias sobre los pasos a seguir.

Según el personal del centro, en promedio, reciben 10 familias todos los días. Los objetivos son evaluar su estado de salud, ayudarlos a fijar objetivos a corto y largo plazo, inscribirlos en servicios estatales esenciales y facilitarles una vivienda, todo ello en un plazo de cinco días.

En Boston y sus suburbios, en Cape Cod y en gran parte de la mitad occidental del estado, menos poblada, la rápida afluencia ha puesto a prueba a las agencias locales de servicios sociales y los recursos de voluntariado; y ha aumentado las tensiones políticas, incluso entre los numerosos funcionarios y residentes del estado, de tendencia liberal. El estado paga casi todos los gastos, como las tarifas de hotel y los alimentos, y también planea reembolsar a los sistemas escolares locales, con una tarifa diaria de 104 dólares por estudiante.

A pesar de ello, algunos líderes locales afirman que los alojamientos no son equitativos, ya que se saltan las ciudades sin hoteles ni refugios, y han aumentado las peticiones de una mayor planificación y notificación previa.

El viernes, el número de familias alojadas en hoteles de Woburn ascendía a 150, según el alcalde Scott Galvin, demócrata durante siete mandatos y candidato a la reelección. Expresó que la situación no era sostenible y pidió a los legisladores estatales considerar cambios en la ley de 40 años de derecho a la vivienda, que dijo fue “aprobada en un momento diferente y no estaba destinada a cubrir lo que estamos viendo ahora”.

“Estamos haciendo todo lo posible y más, mientras que algunas comunidades a nuestro alrededor no se ven afectadas y no tenemos capacidad infinita en nuestras escuelas”, dijo en una entrevista. “Los beneficios que se otorgan a los inmigrantes hacen del estado un destino muy atractivo y, sin algunos cambios, este desafío no va a disminuir”.

Kelley Hurley, maestra de Woburn, dijo que la llegada de los migrantes supuso una oportunidad para ayudar a impulsar a su cambiante ciudad hacia una aceptación más cálida de su nueva diversidad. Llevaba años observando esta tendencia en su clase de preescolar, donde el año pasado sus alumnos hablaban ocho idiomas. Pero al revisar su plan de estudios para reflejar el cambio, le preocupaban los focos de resistencia en un lugar definido durante mucho tiempo por su herencia católica irlandesa e italiana.

El 65 por ciento de los 4300 estudiantes de las escuelas públicas de Woburn eran blancos, en comparación con un 76 por ciento en 2013 y un 86 por ciento en 2003.

“Sentía que la ciudad no había estado a la altura de los cambios y pensaba que esta era una manera de que la gente se emocionara y participara”, comentó Hurley.

Ella no tardó en encontrar aliados en dos organizaciones locales, la organización de base Woburn Welcomes y la organización sin fines de lucro Social Capital Inc., así como en varias iglesias. Las donaciones de dinero, ropa, pañales, juguetes y sillas para auto llegaron a raudales, mientras que dos mujeres locales con raíces haitianas colaboraron como intérpretes y ayudantes.

Desconocidos antes de mediados de agosto, los voluntarios eran ahora aliados muy unidos que intercambiaban docenas de mensajes de texto. Se habían esforzado por transportar a los inmigrantes recién llegados a las lavanderías, se habían frustrado cuando las comidas para las familias llegaban tarde de una empresa contratada por el estado y se habían enfadado cuando un hospital pidió un depósito de 300 dólares a una mujer migrante que había sufrido un aborto espontáneo.

“Queríamos cuidar de las familias y seguimos haciéndolo, pero intentamos ser realistas”, dijo Hurley.

Aunque la efusión de apoyo despertó esperanzas, los voluntarios dijeron que estaban evitando Facebook, donde otros residentes de Woburn han arremetido contra la recepción de inmigrantes en la comunidad y han cuestionado por qué los extranjeros deben recibir alojamiento gratuito.

A fines del mes pasado, unas 20 personas se manifestaron ante varios hoteles de Woburn que alojaban a inmigrantes, con una pancarta que incluía el nombre de un grupo neonazi. En las redes sociales, esta organización describió la acción como una “movilización de emergencia” para “oponerse a los invasores y sus colaboradores”. Según la policía, los participantes procedían de varios estados.

No hubo heridos ni arrestos. Pero los voluntarios que ayudan a comunicarse a las familias migrantes dijeron que algunos tenían miedo de salir de sus habitaciones después de las manifestaciones.

En general, el aumento en la cantidad de migrantes en Massachusetts ha dado lugar a menor resistencia que en algunos otros lugares, como Nueva York, donde cientos de personas protestaron la semana pasada en contra de un refugio de emergencia en una antigua escuela católica en Staten Island. La ciudad recibe a más de 50.000 migrantes cada noche, mientras que muchos condados del norte del estado siguen luchando contra los intentos de ubicar allí a inmigrantes; la gobernadora Kathy Hochul se ha resistido a los llamados para forzar la situación.

En Massachusetts, sigue llegando un número mucho menor de inmigrantes, por lo que un portavoz de Healey siguió pidiendo “la colaboración de las comunidades para garantizar que las familias tengan un lugar seguro donde quedarse”.

Para las familias migrantes, las precarias situaciones de vivienda, en combinación con las largas esperas de los permisos laborales, crea una mezcla de gratitud y ansiedad. El mes pasado, en la acera de un hotel de Woburn, donde los inmigrantes haitianos socializaban bajo la luz del sol, un chico de 16 años, que hablaba inglés con fluidez, dijo que estaba emocionado por empezar el undécimo grado después de perderse siete meses de clases durante su tránsito hacia Estados Unidos.

Mientras traducía para varios adultos, entre ellos su padre, el adolescente dijo que su preocupación más apremiante era obtener la autorización para trabajar lo antes posible. Las normas retrasan la capacidad de los solicitantes de asilo para trabajar legalmente; Healey y los funcionarios electos de otros estados han aumentado la presión sobre el gobierno federal para que revise esas políticas.

c.2023 The New York Times Company