QUITO.- En medio de una profunda crisis de seguridad a la que se sumó en los últimos días un golpe climático que llevó al país a un riguroso racionamiento de energía, los ecuatorianos aprobaron este domingo en un referéndum una batería de reformas del gobierno de Daniel Noboa que lo habilitan a impulsar leyes más duras contra la violencia del crimen organizado y le insufla oxígeno político a su imagen y gestión.

Nueve de las once preguntas planteadas en la consulta popular habrían sido aceptadas por la ciudadanía en las votaciones de este domingo, según el exit poll de la empresa Infinity Estrategas, habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los puntos que recibieron el mayor porcentaje de “Sí” fueron aquellos que se referían a la seguridad, como la colaboración complementaria de las Fuerzas Armadas con la Policía, la extradición de ecuatorianos hacia el exterior, el control de armas en las vías y rutas de acceso a las cárceles y el endurecimiento de penas para diez delitos vinculados al crimen organizado y narcotráfico.

Al aprobarse cinco de las medida previstas, Noboa podrá modificar la Constitución. La extradición de ecuatorianos es la punta de lanza del referendo, ya que la Carta Magna la prohíbe.

Anteriormente, la población ya había sido consultada sobre este asunto, en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el No se impuso con 52%.

La profesora Alexandra Rocha, de 25 años, votó a favor de la extradición. “Siento que las leyes aquí no son suficientemente fuertes como para que las personas que cometen un delito paguen por lo que están haciendo”, justificó.

Las dos preguntas que no fueron apoyadas por los ecuatorianos están vinculadas en parte a cambios económicos que Noboa quería hacer, como permitir que los trabajadores sean contratados por horas y el arbitraje internacional para resolver controversias. Estos dos puntos eran los principales a los que se oponía la oposición.

La jornada estuvo marcada por el asesinato de Damián Parrales, director de la cárcel conocida como El Rodeo de la costera Portoviejo (suroeste). Parrales, quien había asumido el cargo hace cinco días, fue baleado por hombres armados mientras almorzaba con su familia en un restaurante del poblado de Jipijapa (cerca a Portoviejo), según medios locales.

Las penitenciarías son escenario de cruentas matanzas entre reclusos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.

Sin embargo, la consulta también representa una prueba de imagen para el joven jefe de Estado, que asumió el cargo el pasado noviembre y buscará la reelección en 2025.

La reciente crisis energética, con apagones que duraron hasta ocho horas, y la decisión del gobierno de suspender parcialmente el suministro eléctrico, dañaría la imagen del líder conservador y podría influir en el voto de los ciudadanos.

Crimen y violencia

El crimen empañó la consulta popular, a la que 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes fueron llamados a votar por Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el mandatario Daniel Noboa, que coquetea con la reelección en febrero próximo.

En el sur minero dos alcaldes fueron asesinados entre miércoles y viernes. Hace un mes también mataron a la jefa municipal de un balneario en el Pacífico.

Una docena de políticos han muerto a tiros desde 2023, cuando los homicidios treparon al récord de 43 por cada 100.000 habitantes frente a 6 en 2018.

Noboa sufragó en el poblado costero de Olón (suroeste) bajo un fuerte resguardo militar y recibirá en Quito los resultados de un conteo rápido del Consejo Electoral previsto para esta noche.

El referendo “definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado”, dijo temprano en la inauguración de la jornada.

”Que gane el Sí, al presidente Noboa le representa más oxígeno de popularidad, de aceptación”, manifestó el coordinador de Ciencia Política de la privada Universidad San Francisco, Pablo Medina.

Con una popularidad de 69%, Noboa declaró la guerra a las organizaciones ligadas a carteles de México y Colombia tras una violenta arremetida en enero, con una veintena de muertos.

Entonces decretó el estado de conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas doblegar a una veintena de agrupaciones consideradas “terroristas” y “beligerantes”.

El viernes, el gobierno reveló una lista de “objetivos militares” encabezada por capos mexicanos y colombianos.

Noboa militarizó desde enero las cárceles, centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.

La mano dura ha reducido el índice de homicidios de acuerdo con el gobierno, pero la violencia se recrudeció en el último mes.

”Todo voté no, no estoy conforme con este tipo de gobierno, nos ha llevado a un desastre total” y la extradición “no sirve para nada”, manifestó Dulce Negrete, de 61 años y empleada privada.

En el último tramo de la consulta apareció una crisis energética. El gobierno sostiene que, además de la sequía que empezó en marzo, hubo sabotaje y corrupción que afectaron la operación de centrales hidroeléctricas.

Agencias AFP y Reuters