Mar del Plata: bronca vecinal y corte en la ruta 11 por la entrega de predios en El Marquesado a la agrupación de Grabois

MAR DEL PLATA.- Vecinos de barrios de la zona y otros que, en apoyo, llegaron desde Mar del Plata, acompañaron la manifestación sobre ruta 11 en rechazo a la entrega de un campo de 140 hectáreas en la zona de El Marquesado a una ONG alineada con el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois.

Los miembros de la ONG se instalaron ayer en este predio, a menos de 10 kilómetros de Miramar y ruta de por medio con el frente marítimo, a partir de un convenio firmado con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que le entrega estas tierras fiscales para un proyecto de huertas y cría de ganados que contempla, según se lee en el documento, la construcción de viviendas.

“No queremos más tomas”, se leía en los carteles de más de 200 manifestantes que a media tarde se concentraron frente al acceso al predio que en su tranquera lleva el nombre de “La Fundación” y donde desde ayer pernoctan dos miembros de esta agrupación denominada Asociación Civil Tercer Tiempo luego de que, con presencia de una funcionaria nacional, se dispusiera la salida de Luis Boni, quien desde hacía años era encargado del lugar. En declaración testimonial, en sede policial, Boni aseguró que le ofrecieron 1,5 millones de pesos como indemnización. “En 15 días lo vamos a llamar”, dice que le prometieron por ese pago.

El clima de tensión se mantuvo este domingo, aunque con más orden que ayer, cuando la situación tomó a todos por sorpresa, con el arribo de medio centenar de personas dispuestas a instalarse tranqueras adentro. Incluso tomó intervención el Municipio de General Pueyrredón, con funcionarios que advirtieron a vecinos y nuevos ocupantes del predio que iban a hacer “todo lo posible” para que esta ONG no se instale en el lugar.

Los manifestantes aseguran que se sorprendieron por la irrupción de ese grupo de más de 50 personas que llegó el sábado a tomar posesión de esas tierras. “Había gente de barrios de Mar del Plata, pero también de afuera, de La Matanza y también de Luján”, contaron a LA NACION. Dijeron que confían en el proyecto presentado porque aseguran que “no son tierras aptas para cultivo y no hay servicios de luz, gas y agua”.

Se espera que en las próximas horas sea el propio intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien se presente en tribunales federales con una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en procura de que la Justicia devuelva las condiciones originales a estas tierras del Estado nacional. “Es ilegal e ilegítima”, dijo anoche, en declaraciones a LN+, en referencia a la cesión de estas tierras.

Representantes de decenas de sociedades de fomento y organizaciones barriales del distrito acompañaron este reclamo en las calles. “Es una manifestación pacífica para decirle a las autoridades que este no es un lugar ni son las formas para un emprendimiento como el que se quiere llevar a la práctica”, contó Marcelo Bologno, referente vecinal del barrio El Marquesado, el más próximo a este predió de casi 1,4 millones de metros cuadrados.

Según el convenio, allí y por el plazo inicial de 18 meses, se permitiría a esta ONG avanzar con un proyecto de chacra productiva que incluiría la construcción de viviendas, la cría de ganado y la concreción de un camping balneario.

El rechazo, que tuvo en redes sociales expresiones del fundador de Pro, Mauricio Macri; del jefe de gobiero porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de decenas de figuras relevantes de la oposición, también tuvo hoy otras voces de puertas adentro del oficialismo nacional.

Desde el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, se opusieron al proyecto en marcha. “Vemos con sorpresa como una ONG cercana a Juan Grabois tendría claras intenciones de ocupar lotes en la zona sur de Mar del Plata”, afirmó el exconcejal y hoy director de Aerolíneas Argentinas Ariel Ciano, uno de los referentes locales de esta fuerza en la región.

Dijo que se deben priorizar “la vía del diálogo y la claridad de conceptos, dos instancias que en este hecho tan repentino no ocurrieron”. Y si bien no planteó la oposición firme para que no avance el emprendimiento, manifestó que pedirán de manera formal que el convenio firmado el pasado 16 de febrero “no se renueve y quede sin efecto”.

Las tierras en cuestión, según pudo conocer a LA NACION de fuentes extraoficiales, serían una extensión del conjunto que en su mayor porción ocupan los hoteles del Complejo Turístico de Chapadmalal. Este campo que hoy es motivo de debate está a unos 1000 metros al sur del estadio polideportivo que allí se construyó para los Juegos Deportivos Panamericanos de 1995.

Boni, en su exposición ante funcionarios policiales de El Marquesado que tomaron intervención atendiendo líneas de acción dispuestas por el fiscal a cargo del caso, Juan Pablo Lódola, presentó documentación que lo reconoce como cuidador de esas tierras desde 2010, a las órdenes de Fundación Justicia Social.

Según consta en el acta de procedimiento policial a la que tuvo acceso LA NACION, la abogada Gabriela Carpineti, que es directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia de la Nación y vino a entregar este predio a la citada ONG, no atendió la orden del fiscal de presentar este lunes la denuncia por usurpación de propiedad. “Hace caso omiso (a la orden), vociferando en estado de alteración”, se deja constancia. Luego, a partir de intervención de una autoridad policial, se comunicó un acuerdo entre Carpineti y Boni para que este se retire del lugar. A partir de allí, el fiscal dispuso que se abra una causa por averiguación de ilícito.

En esa misma acta quedó establecida la partida del cuidador y la permanencia como custodios del lugar de la mencionada Carpineti y Marcos Santucho, referido como presidente de la Asociación Civil Tercer Tiempo. Este domingo, durante la protesta, nadie del interior del predio se acercó hasta el acceso. La funcionaria, desde redes sociales, negó que se trate de una toma u ocupación de tierras sino que esta modalidad “es una forma de custodiar las tierras fiscales para evitar ocupaciones ilegales”.