Manifestantes bloquean vías en Bolivia ante probable arresto de Evo Morales

Grupos de campesinos bloquearon este lunes dos importantes vías de Bolivia, ante la probable aprehensión de su líder, el exmandatario Evo Morales, investigado por el presunto abuso de una menor cuando ejercía el poder.

Desde la mañana estuvo interrumpido por manifestantes el tráfico en las rutas que conectan el departamento de Cochabamba (centro) con los de Santa Cruz (este) y Chuquisaca (sureste), según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Al frente de la protesta está el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones afines al exmandatario de 64 años, que se movilizó “para resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro” de Morales, según anunció en un manifiesto.

La policía estuvo apostada en tramos de las carreteras bloqueadas.

Morales está siendo investigado por los delitos penales de “estupro, trata y tráfico de personas”.

El jueves incumplió una citación de la fiscalía del departamento Tarija, para que diera su declaración, con lo que la autoridad podría ordenar su aprehensión.

El presunto caso se remonta a la época en que el líder cocalero era presidente, en 2015. Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016, según la denuncia que indaga el ministerio público.

La defensa del expresidente, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, alega que el caso ya fue revisado y archivado en 2020.

Morales acusa al presidente boliviano, Luis Arce, de reactivar el proceso para meterlo preso o incluso matarlo para impedirle que sea candidato presidencial en 2025.

En su manifiesto, los seguidores del Morales arremetieron contra Arce, otrora afín a Morales y con el que ahora mantiene una pugna por la candidatura oficialista en las presidenciales de 2025.

“El gobierno traidor (...) no respondió nuestro pliego petitorio, ni tuvo la voluntad de convocar al diálogo, sobre el abastecimiento de combustible, la escasez de dólares, el alza de la canasta familiar, el grave endeudamiento interno y externo”, entre otras actividades que afectan la economía, señaló el Pacto de Unidad.

Fiscalía pide que se considere activar alerta migratoria contra Morales

La Fiscalía General de Bolivia pidió al fiscal departamental de La Paz, William Alave, que revise y considere activar la alerta migratoria contra Evo Morales por seis casos de posible corrupción que supuestamente “quedaron impunes”, informó este lunes uno de los denunciantes.

El exdiputado opositor Amilcar Barral dijo a EFE que, junto a la también exparlamentaria Yesenia Yarhui, presentó ante el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, una solicitud para que se active la alerta migratoria y que se abra una investigación contra Morales en seis casos.

“Solicitamos de manera urgente la activación de alerta migratoria contra el ciudadano Evo Morales con el objetivo de evitar su posible fuga y asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales”, dice la nota enviada el 9 de octubre.

Además, agrega que “es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre varios casos que han quedado impunes”.

Barral comentó que Morales “ni siquiera llegó a declarar en esos casos”.

Lanchipa afirmó en esta jornada desde Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del Órgano Judicial, que se pidió al fiscal departamental de La Paz que “revise” la nota firmada por los dos exdiputados.

“No es un pedido de alerta migratoria. Se ha pedido que se revise la nota enviada por los dos ciudadanos y se actúe como corresponda”, aclaró en una rueda de prensa.

En el documento enviado a Alave, la Fiscalía General le pide que actúe “en el marco de sus atribuciones establecidas en el artículo 34.3 de la Ley 260, procese conforme corresponda y que las y los fiscales de materia a cargo de los procesos (…) determinen lo que en derecho corresponda”.

Los exdiputados explican en su nota que los seis casos en los que piden que se procese al exmandatario son los contratos adjudicados de manera ilegal a la empresa china CAMC (2016), la presunta malversación de fondos destinados a proyectos indígenas (2015) y la “sobrevaloración” en la adquisición de barcazas chinas (2012).

A esos se suman las supuestas irregularidades en proyectos de infraestructura a través de una constructora del Ejército, la adjudicación posiblemente ilegal de contratos en la petrolera estatal YPFB (2009) y los contratos “irregulares” con pérdidas millonarias con una empresa de servicio de alimentos para la línea aérea estatal Boa.

Esta nueva denuncia surge en medio de un proceso de investigación que se abrió contra Morales por los delitos de “trata de personas” y “estupro” con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.