Una maestra de Florida se dirigió a un estudiante por su nombre preferido sin permiso de los padres. No renovaron su contrato

La comunidad de una escuela secundaria de Florida se unió en apoyo de una de sus maestras, después de que el distrito escolar decidiera no renovarle su contrato de enseñanza por llamar a un estudiante por su nombre preferido sin permiso de los padres.

Un padre en la Escuela Secundaria Satellite, en Satellite Beach, Florida, denunció a la maestra y se quejó de que “había estado refiriéndose a un estudiante por un nombre diferente al nombre legal”, dijo una portavoz de Brevard Public Schools (BPS) en un comunicado.

“Esto viola directamente la ley estatal y el proceso estandarizado del distrito para el consentimiento parental por escrito”, dijo la portavoz Janet Murnaghan en el comunicado. “BPS apoya el derecho de los padres a ser los principales tomadores de decisiones en la vida de sus hijos, y la ley de Florida reafirma su derecho a ser informados”.

Según el comunicado de BPS, la maestra —cuya identidad no fue revelada por el distrito escolar— dijo a los funcionarios del distrito escolar que “concientemente no había cumplido con el estatuto estatal”, y como resultado, el distrito llevó a cabo una investigación y le emitió una carta de reprimenda.

CNN no ha podido comunicarse con la maestra involucrada.

El estatuto estatal prohíbe a los empleados de escuelas públicas K-12 referirse a otra persona por su “nombre o sus pronombres personales preferidos”, si el mismo no corresponde al sexo asignado al nacer, y los estudiantes no pueden ser consultados por un empleado o contratista de una escuela pública K-12 para que comparta “su nombre o pronombres personales preferidos”.

“Florida es el estado de los Derechos Parentales, y esos derechos están consagrados en la ley. Las decisiones sobre el cambio de nombre de los estudiantes corresponden a los padres, no a los educadores ni a los administradores”, dijo a CNN la portavoz del Departamento de Educación de Florida, Sydney Booker, en un comunicado.

“De acuerdo con la Regla 6A-1.0955 de la Junta Estatal, los distritos (escolares) deben adoptar una política para que los padres especifiquen cualquier desviación del nombre legal de su hijo en la escuela. Los distritos escolares desarrollarán un formulario para obtener el consentimiento parental junto con cualquier documentación requerida, según corresponda”, dijo Booker.

Actualmente, la maestra sigue trabajando bajo un contrato de 10 meses que expira el próximo mes, según el distrito escolar. Debido a la acusación, el estado está revisando su certificado de enseñanza y el distrito ha decidido no renovar su contrato anual “hasta que el asunto se resuelva con el estado”, dijo el distrito.

“Se espera que los maestros, como todos los empleados, cumplan la ley”, dijo Murnaghan. “En BPS nuestro enfoque está en la educación: los maestros están aquí para enseñar y apoyar a los estudiantes académicamente. Nuestro trabajo es colaborar con los padres y tutores para garantizar el éxito de los estudiantes”.

La comunidad responde indignada

Más de 26.000 personas han firmado una petición en Change.org, describiendo a la maestra como una “defensora del respeto y de los derechos de los estudiantes” y exigiendo que se renueve su contrato. Las firmas incluyen comentarios de apoyo de sus exalumnos, colegas y miembros de la comunidad.

“Fue reprendida por referirse a un estudiante por el nombre que éste prefería en lugar de su nombre oficial, (lo que implica) un golpe directo a los derechos personales y al respeto”, dice la petición.

“(Ella) es la encarnación de lo que debería ser una educación adecuada: inclusiva, comprensiva y respetuosa de la individualidad. Perderla sería una pérdida significativa para la comunidad educativa del condado de Brevard. Su historia deja en evidencia un problema fundamental en nuestro sistema educativo donde la empatía y la comprensión son dejadas de lado por una burocracia rígida”, continúa la petición.

Un grupo de estudiantes de Satellite High salió de las clases y realizó una reunión pacífica en el patio de la escuela el jueves antes de regresar a las aulas unos 10 minutos después, dijo el Departamento de Policía de Satellite Beach en Facebook.

Kristine Staniec, especialista en medios de la Escuela Secundaria Satellite, cuyo hijo fue alumno de la maestra que enfrenta acción disciplinaria, habló en la reunión de la junta de Brevard Public Schools el martes y criticó a la escuela por su decisión de no renovar su contrato.

Dijo que no hubo “explicación para las familias, ni oportunidad para que la maestra corrigiera el error, ni transparencia, solo una decisión final silenciosa que efectivamente terminó con su carrera en nuestro distrito”.

“La maestra hizo una diferencia en su aula y en la vida de nuestros estudiantes, incluido mi propio hijo; ella merecía más que esta salida silenciosa”, añadió Staniec. “Ella merecía justicia, contexto y compasión”.

El condado de Brevard es uno de los dos condados de Florida donde se fundó el grupo conservador de derecha Moms for Liberty. Inicialmente creado en respuesta al cierre de escuelas por el covid-19 y a la obligatoriedad del uso de las mascarillas, la organización ha ampliado su enfoque para incluir la defensa de las prohibiciones de libros; pidiendo detener la enseñanza de la teoría crítica de la raza, y prohibiendo a los maestros discutir sobre género y sexualidad durante el horario escolar.

Esta última disputa en las escuelas públicas se produce mientras algunos estados han comenzado a limitar los derechos de las personas LGBTQ.

En los últimos años, estados de EE.UU. han restringido la reafirmación de género, han prohibido a atletas trans participar en deportes de chicas y mujeres, y han exigido que las escuelas informen a los padres sobre las identidades de los estudiantes trans y no binarios.

Los críticos dicen que los intentos a nivel nacional, liderados por conservadores, de promulgar más leyes que restringen la discusión sobre identidad de género y sexualidad en las aulas, así como las prohibiciones de libros con personajes, autores y temas LGBTQ en bibliotecas públicas y escuelas, tienen como objetivo limitar la representación y los derechos de la comunidad. Señalan datos que muestran que los jóvenes LGBTQ informaron tasas más bajas de intentos de suicidio cuando tenían acceso a espacios afirmativos LGBTQ.

Las decisiones de castigar a los educadores por respetar la autodeterminación de sus estudiantes probablemente tendrán un impacto negativo duradero en la salud mental de los estudiantes, lo que también afectará su éxito académico futuro, dijo Brian Dittmeier, director de políticas públicas de la Red de Educación Gay, Lesbiana y Heterosexual, o GLSEN, un grupo de defensa para estudiantes LGBTQ.

“Hemos notado consistentemente que los entornos de aprendizaje hostiles, incluidos los entornos de aprendizaje que no dan a los estudiantes espacios para su nombre y pronombres elegidos, pueden contribuir a un menor éxito académico, una falta de sensación de pertenencia en la comunidad escolar y resultados adversos en salud mental, incluidos mayores tasas de depresión y ansiedad y mayores tasas de intentos y pensamientos suicidas”, dijo Dittmeier a CNN.

Florida también tiene la ley de Derechos de los Padres en la Educación, apodada por los críticos como el proyecto de ley “No digas gay” porque prohíbe la discusión sobre identidad de género y orientación sexual con los estudiantes en ciertos niveles de grado. También requiere que se notifique a los padres sobre decisiones o cambios que afecten la salud mental, emocional o física o el bienestar de los estudiantes. Y establece que los empleados del distrito escolar no pueden desalentar o prohibir tal notificación a los padres.

Varios maestros de Florida han estado bajo escrutinio debido a dichas disposiciones, incluido un maestro de quinto grado que en 2023 fue investigado por mostrar una película de Disney que presenta un personaje gay, y maestros LGBTQ que han dicho que ya no sienten que puedan discutir sus vidas o responder las preguntas de sus estudiantes sin miedo a represalias.

Un acuerdo el año pasado entre funcionarios educativos estatales y un grupo de defensores y familiares de LGBTQ aclaró la ley, especificando que los estudiantes y maestros pueden discutir orientación sexual e identidad de género en las aulas, siempre que no sea parte de la instrucción formal.

Organizaciones de derechos civiles, maestros y familias argumentaron que el lenguaje “vago” de la ley original podría tener un efecto paralizante en los temas relacionados con los derechos y la comunidad LGBTQ que se discuten en las escuelas.

Al poner la burocracia en medio de las relaciones entre estudiantes y maestros, Dittmeier dijo que los estudiantes se sentirán incapaces de asistir a la escuela en sus versiones auténticas, y a los maestros se les prohibirá tratar a sus estudiantes con “dignidad básica”.

Al menos 13 otros estados han promulgado políticas similares que prohíben a los educadores usar los nombres alternativos o pronombres preferidos de los estudiantes, pero este parece ser el primer caso de un maestro que pierde su trabajo por violar tales políticas, dijo Dittmeier.

Staniec habló apasionadamente ante los miembros de la junta escolar sobre su colega.

“¿Su ofensa? Una violación involuntaria de la política de apodos. No hubo daño, ni amenaza a la seguridad, ni malicia, solo una maestra tratando de conectar con un estudiante, y por eso, su contrato no fue renovado, a pesar de su fuerte dedicación y años de servicio”, dijo Staniec.

“Les pregunto: ¿Cómo podemos justificar esto?”.

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