Sin Maduro ni Guaidó: en qué consiste el plan de transición de Estados Unidos para Venezuela (y cuán viable es)

Guillermo D. Olmo (@BBCgolmo) - Corresponsal de BBC News Mundo en Venezuela
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, planteó un acuerdo con Venezuela que lleve a la elección de un nuevo gobierno.

Estados Unidos presentó este martes su plan para lograr una "transición democrática" en Venezuela.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo público un documento en el que se propone la creación de un gobierno de transición -del que no podrían formar parte ni el actual presidente, Nicolás Maduro, ni el líder opositor, Juan Guaidó- y la celebración de elecciones en Venezuela a cambio del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos.

Pompeo reiteró la postura de Washington sobre Venezuela: "Nicolás Maduro no volverá a gobernar".

Estados Unidos, como la mayoría de países europeos y latinoamericanos, reconoce a Guaidó como presidente interino del país y considera a Maduro un "dictador".

El gobierno de Donald Trump lleva años aplicando una política de presión diplomática y sanciones que busca forzar su salida del poder.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió a Juan Guaidó en la Casa Blanca a principios de febrero.

El último giro se produjo el pasado 26 de marzo, cuando el fiscal general de EE.UU., William Barr, anunció la presentación de cargos formales por narcotráfico y otros delitos contra Maduro y otros destacados dirigentes del chavismo, así como una recompensa para quien facilite su captura.

Qué dice el documento de Estados Unidos

El denominado Marco para la Transición Democrática de Venezuela pauta una serie de condiciones que deberían ir cumpliéndose paso a paso e irían acompañadas de un levantamiento paulatino de las sanciones impuestas sobre el país latinoamericano.

En primer lugar, se fija el restablecimiento de los poderes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y la anulación de la declaración de desacato que le impuso el Tribunal Supremo de Justicia, leal al gobierno.

Todos los "presos políticos" deberían ser puestos en libertad y debe concluir la persecución legal de la que en los últimos años han sido objeto diputados opositores.

También se disolvería la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano legislativo "plenipotenciario" cuya creación impulsó Maduro tras su derrota en las elecciones legislativas de 2015.

Diosdado Cabello es uno de los dirigentes chavistas acusados de conspiración para el narcoterrorismo y de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

A eso le seguiría una retirada de todas las fuerzas extranjeras presentes en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro cuenta con apoyo militar de Rusia, que suele enviar personal y material al país, y de Cuba, que presta apoyo médico y, según numerosas fuentes, inteligencia y seguridad.

A partir de ahí, según el plan de Washington, se pondría en marcha un nuevo mecanismo electoral que implicaría la elección por consenso entre el chavismo y la oposición de un nuevo Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo.

Luego, se formaría un Consejo de Estado, con representación de chavismo y oposición, que fungiría como gobierno de transición hasta la celebración de nuevas elecciones en un plazo de entre 6 y 12 meses. El presidente de ese gobierno provisional no podría ser candidato.

Ningún miembro de la Asamblea Nacional podría formar parte del Consejo de Estado, lo que excluye a Guaidó de ese hipotético ejecutivo provisional.

Juan Guaidó es reconocido por EE.UU. y decenas de países como mandatario provisional. Nicolás Maduro fue reelecto presidente en 2018.

A partir de esa fase, afirma el documento, Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a "quienes se habían atribuido funciones presidenciales", en clara alusión a Maduro, siempre y cuando "esas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos" y reconozcan la autoridad del nuevo Consejo de Estado.

En ese momento, Venezuela podría optar a programas de apoyo internacional y se iniciarían negociaciones en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales a tal fin.

También se crearía una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que investigaría los "actos de violencia graves ocurridos desde 1999" y se aprobaría una amnistía que cubriría todos los delitos, salvo los de lesa humanidad.

El proceso debería culminar con la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales en las que cualquier venezolano que cumpla los requisitos que fija la Constitución podría presentarse. Esos comicios deberían contar con observación internacional.

Al concluir ese proceso, ya no quedarían sanciones en vigor.

¿Dará resultado el plan de Estados Unidos?

Juan Guaidó agradeció la propuesta de Pompeo y reiteró su exigencia de que Maduro abandone el poder.

Pero la Cancillería de Venezuela rechazó tajantemente la propuesta en un comunicado. "Venezuela es un país libre, soberano, independiente y democrático, que no acepta, ni aceptará jamás, tutelaje alguno, de ningún gobierno extranjero".

El analista David Smilde, de la Oficina de Washington para Latinoamérica, un centro de análisis estadounidense, afirmó que el nuevo plan es "básicamente la misma propuesta que se discutió el verano pasado como parte de las negociaciones de Oslo y Barbados", las últimas conversaciones formales conocidas entre el gobierno y la oposición.

Entonces, recuerda Smilde, Estados Unidos fue "reacio a secundar ningún plan que permitiera a Maduro presidir unas nuevas elecciones".

Aunque bien acogido por la oposición venezolana, el plan también suscitó críticas de los demócratas estadounidenses, que apoyan la causa de Guaidó frente a Maduro, pero discrepan de la estrategia del gobierno de Donald Trump.

Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que la decisión de acusar de narcotráfico a Maduro y otros dirigentes y, solo unos días después, ofrecer el levantamiento de las sanciones refleja "una política extremadamente incoherente".

Lograr un consenso entre el gobierno y la oposición que permita que ambos se reconozcan en unas mismas instituciones se presenta como un gran obstáculo, después de que en los últimos años el conflicto político en Venezuela haya llevado a que Guaidó y Maduro se reivindiquen ambos como legítimos presidentes, y existan dos asambleas legislativas que se disputan la superioridad la una sobre la otra.

El fiscal general de EE.UU., William Barr, anunció el jueves 26 de marzo la acusación de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Luis Vicente León, de la consultora Datanálisis, aseguró que "aunque la posición de Estados Unidos ha sido radicalizada" últimamente, "más allá de la probabilidad de éxito, promover una negociación es siempre una buena opción".

Otra dificultad a superar serían las más que probables reticencias de Rusia y China. Ambas potencias muestran desde hace años su apoyo a Nicolás Maduro y rechazan los intentos de Washington de interferir en la política venezolana.

Por último, después de la presentación de cargos criminales en tribunales estadounidenses, los máximos responsables de todas las ramas del poder en Venezuela, desde la judicial hasta la militar, se encuentran ahora sancionados o acusados por Estados Unidos.

Según Smilde, "da la impresión de que el gobierno de Trump está buscando una fractura en la coalición gobernante, entre quienes están en lo alto y los cuadros medios", un desenlace que el analista considera "improbable".

Por qué ahora

La pandemia desatada por el coronavirus causante de la covid-19 amenaza con colocar a Venezuela en una situación crítica.

El coronavirus también está presente en Venezuela, donde amenaza con agravar la ya deteriorada situación del país.

Pese a que el gobierno ha confirmado un número de casos y muertes muy por debajo de las cifras de países más afectados en este momento, como Italia, España o Estados Unidos, la situación económica en el país, sumido en una grave crisis en los últimos años, podría empeorar aún más con la pandemia.

La caída del comercio mundial, el desplome de los precios del petróleo, del que Venezuela es muy dependiente, y el efecto de las sanciones de Estados Unidos dibujan un escenario muy sombrío parta el país sudamericano.

En un giro inesperado, Maduro solicitó ayuda financiera de emergencia al FMI para hacer frente a la pandemia, después de haberlo acusado durante años de estar al servicio del "imperialismo".

La petición fue rechazada, poniendo de manifiesto los graves apuros financieros que, según todos los analistas, atraviesa el gobierno venezolano, que en los últimos días había redoblado sus llamamientos a Washington para que relaje las sanciones ahora que el mundo entero afronta una emergencia sanitaria.

También voces habitualmente críticas con Maduro y su manejo de los derechos humanos en el país, como la de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Josep Borrell, representante de Política Exterior de la Unión Europea; o el diario británico Financial Times apoyaron una excepción humanitaria a las sanciones debido a la pandemia.

Con su propuesta para la transición, Washington responde a esas voces y deja claro, de nuevo, que las sanciones pueden desaparecer… siempre que antes lo haga Maduro.

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