Yahoo Noticias Madre de Miami que publicó artículos sobre policía que baleó a su hijo no irá a la cárcel. Al menos por ahora
Gamaly Hollis recibió un aplazamiento de la petición de los fiscales de enviarla de nuevo a la cárcel por publicar artículos noticiosos sobre el policía que disparó y mató a su hijo enfermo mental a pocos metros de donde ella estaba en su apartamento de Kendale Lakes.
Pero la medida de la libertad de Hollis aún debe ser decidida por un juez de Miami-Dade.
La Fiscalía Estatal de Miami-Dade retiró el lunes su petición de que Hollis volviera a la cárcel una semana después que fuera puesta en libertad bajo fianza a la espera de juicio por cargos de acoso y resistencia a la autoridad, cargos que conllevan una posible pena de dos años de prisión.
Los fiscales habían pedido a la jueza de circuito Cristina Rivera Correa que ordenara a Hollis, de 51 años, que se mantuviera alejada de internet mientras estuviera en libertad bajo fianza, una restricción que a Hollis le ha resultado difícil cumplir en el pasado. A finales de la semana pasada, los fiscales pidieron que se revocara la fianza de Hollis después de publicar en Facebook artículos de prensa, sin ningún comentario, sobre su difícil situación.
Sus abogados de la Oficina del Defensor Público afirman que tales restricciones violan el derecho de Hollis, recogido en la Primera Enmienda, a hablar abiertamente sobre el agente que, según ella, mató a su hijo innecesariamente. Richard Hollis, que padecía una grave enfermedad mental, recibió seis disparos de un agente de Miami-Dade el 15 de junio de 2022, después que un vecino llamó para quejarse de gritos en el apartamento de Hollis.
Hollis acaparó la atención nacional tras ser procesada, entre otras cosas, por llamar asesino al agente Jaime Pino por disparar a su hijo. En un enfrentamiento que ahora resulta inquietantemente profético —y que fue grabado por una cámara corporal–, Pino había advertido a Hollis menos de un año antes de lo que ocurriría si su hijo blandía un arma delante de la policía.
“Se lo digo. Si su hijo me apunta con una pistola de aire comprimido o un arma de verdad, lo mataré. Así que si tiene algún problema con eso, no nos llame”, le dijo Pino a Hollis según la grabación de la cámara corporal.
“Si tiene algún problema con la forma en que la Policía trata a su hijo”, dijo también Pino, “no nos llame”.
En las semanas posteriores a la muerte de Richard Hollis, su madre visitó la subestación de policía en la que trabajaba Pino, sin llegar a verlo, y después se enfrentó a él en el lugar de un arresto no relacionado de otro hombre con una enfermedad mental. Ahí Hollis llamó a Pino “asesino” en español. Más tarde fue sacada por la fuerza de su auto y arrestada.
La Fiscalía Estatal de Miami-Dade, en una revisión habitual tras los tiroteos mortales de la policía, exculpó posteriormente a Pino de cualquier delito.
Por encima de las objeciones de Pino y del sindicato que lo representa, la Police Benevolent Association, Rivera Correa puso en libertad a Hollis bajo fianza de $1,000 el 19 de abril. Los fiscales y los abogados de la defensa discrepan sobre si la jueza ordenó a Hollis que se mantuviera alejada del teclado de su computadora, o tenía intención de hacerlo, cuando fijó la fianza.
Una vez en libertad, Hollis publicó artículos noticiosos en Facebook tras su puesta en libertad, lo que llevó a los fiscales a solicitar su regreso a la cárcel.
El lunes, en lugar de solicitar que Hollis fuera encarcelada, los fiscales pidieron a otra jueza, Jennifer Azar, que aclarara las condiciones de su libertad provisional. Por su parte, Azar dejó eso en manos de Rivera Correa.
La disputa sobre la actividad de Hollis en las redes sociales se centra en qué pretendía precisamente Rivera Correa cuando ofreció a Hollis dos alternativas para salir de la cárcel: Podía haber sido puesta en libertad bajo arresto domiciliario, donde habría sido supervisada por un monitor de tobillo. La orden de arresto domiciliario de Rivera Correa prohibía a Hollis publicar información sobre el agente en las redes sociales.
Pero esa opción resultó inviable porque el anterior encarcelamiento de Hollis —por infringir la orden de un juez de dejar de publicar sobre Pino en las redes sociales— la dejó sin techo. Rivera Correa también ordenó que Hollis quedara en libertad bajo fianza de $1,000, $500 por cada uno de los dos cargos penales. Hollis pagó la fianza, pero luego publicó en Facebook noticias sobre su caso, de las que informó por primera vez el Miami Herald.
El fiscal estatal adjunto Alecsander Kohn dijo que esas publicaciones en las redes sociales infringían la orden de la jueza.
La defensora pública adjunta Chandra Sim sugirió que restringir a Hollis la posibilidad de volver a publicar artículos noticiosos es una restricción previa de la libertad de expresión. También argumentó que las restricciones impuestas por Rivera Correa a las redes sociales eran una condición del arresto domiciliario, la opción de libertad que Hollis no pudo elegir, y no la libertad bajo fianza, que es lo que hizo.
Kohn discrepó. “No serviría de nada que, si se la pusiera en libertad bajo arresto domiciliario, se le impusiera la condición de no usar internet, pero si pagara una fianza monetaria, entonces podría usar libremente Internet”, dijo.
Hasta que Rivera Correa ofrezca más aclaraciones sobre estas restricciones, Azar sí ordenó a Hollis que se mantenga alejada de las redes sociales.
