¿México ya es un régimen autoritario?

La jornada electoral terminó y parece que el país se está reacomodando, porque se están animando diferentes debates en la conversación pública. Y uno de los debates de mayor interés es la dialéctica entre autoritarismo y democracia en México, por el triunfo de Morena y la posible aprobación del paquete de reformas que propuso hace unos meses el presidente López Obrador. Hay preocupación en las minorías por este tema y también cierto nihilismo de la parte oficialista. Sin embargo, los participantes en este debate sobre democracia y autoritarismo suelen repetir imprecisiones y exageraciones, y escribir en clave moral, ideológica, partidista o emocional, sin mucho rigor analítico o atención a los hechos (más allá de las pugnas de poder en México).

Este cuestionario con categorías, recursos y literaturas pueden ayudar a esclarecer estos temas en México.

¿Qué define a una democracia?

La existencia de elecciones. La democracia es el gobierno de la gente, pero como por la cantidad de habitantes en los países es imposible que todos los ciudadanos se congreguen en una asamblea para debatir y tomar decisiones, el voto libre y secreto es el método por antonomasia en este tipo de regímenes para que la gente tome decisiones y elija quién estará en el poder. Igualmente, como, por la cantidad de habitantes, es imposible que todos estemos discutiendo sobre todos los temas del país todo el tiempo (porque tenemos que trabajar y seguir con nuestros proyectos de vida), en las democracias elegimos delegados en las cámaras para que representen los intereses y preferencias de todos.

Asimismo, para que las jornadas electorales funcionen, los gobiernos democráticos deben garantizar libertades (de pensamiento, expresión y manifestación), la existencia de un sistema de partidos y de espacios de contestación en la vida pública.

A partir de esta visión minimalista de la democracia, existen otros aspectos de intensidad democrática, que consideran características como la calidad de la rendición de cuentas, la calidad del estado de derecho y el sistema de pesos y contrapesos y el nivel de involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones. En este sentido, las democracias liberales tienden a legalizar los regímenes: en ellas, no se hace lo que las élites quieren, porque la gente siempre es el soberano, y la vida de la comunidad se regula según los limites la constitución, el principal mapa jurídico de la comunidad política. Y también, dentro del Estado, se acota legalmente con severidad a los servidores públicos, porque en su efímero periodo de gobierno se les entrega demasiado poder y permisiones en el uso de los recursos de todos.

Existen, además, visiones más expansivas de la democracia que van más allá de lo procedimental (las elecciones): democracia deliberativa, democracia económica o democracia en espacios ajenos al gobierno.

¿Cómo identificar y comparar a los regímenes democráticos?

Nuevamente: identificando si hay o no elecciones libres. Como se dijo, las elecciones son la condición necesaria de estos regímenes y la principal variable a estudiar. En este sentido, esta base de datos de Carles Boix, Michael Miller y Sebastian Rosato es una excelente fuente para identificar regímenes democráticos, pues ofrece una codificación dicotómica (si hay elecciones libres y confiables o no) de todos los países de 1800 hasta 2020.

Asimismo, existen otros índices, como Polity y V-Dem, que analizan más variables para comprender la intensidad democrática o autocrática de los regímenes. Sin embargo, estos índices suelen tener sesgos de interpretación y variables basadas en consideraciones subjetivas.

¿México es una democracia?

Sí. El producto final de la transición democrática fue una democracia, al menos procedimental, en la que, gracias a un instituto autónomo que organiza elecciones confiables, el Instituto Nacional Electoral (INE), desde mediados de los noventa los ciudadanos eligen a sus representantes en los tres niveles de gobierno y en las cámaras. Los ciudadanos mexicanos han podido castigar a los gobernantes en todos niveles de gobierno y el sistema electoral ha contado con la flexibilidad necesaria para que nuevos partidos políticos nazcan y se consoliden.

Sin embargo, el producto final de la transición democrática fue un régimen híbrido, con rasgos democráticos y rasgos autoritarios, pues el cambio político no vino acompañado de una reforma de Estado. A pesar de que en México se celebran elecciones creíbles, la corrupción sigue siendo endémica, hay bajo estado de derecho, baja rendición de cuentas por parte de los representantes, baja calidad educativa, desigualdad, y, como se vio en las pasadas elecciones, no todos los votos son libres y secretos, pues siguen habiendo practicas como la compra de votos y la coerción en las burocracias para forzar el voto por ciertos candidatos, a lo que se suman los asesinatos y las amenazas a candidatos por parte del crimen organizado. Estas prácticas lesionan la democracia, porque doblegan (con dinero o amenazas) las decisiones de la gente.

Pero no deja de ser impresionante en términos históricos, dado el pasado autoritario de México y el pasado caudillista de la región, que en el país se hayan celebrado tantas elecciones legítimas y limpias, o semilimpias, en los tres niveles de gobierno entre los noventa y 2024.

¿López Obrador fue un presidente demócrata?

No: fue un autócrata. El gobierno del presidente López Obrador se puede entender como un proceso permanente, explícito y públicamente justificado de centralización política que intentó romper o difuminar los límites de lo legal, para imponer en el Estado un mandato absoluto, en que se hiciera lo que el presidente diga, no lo que las leyes permiten. En otras palabras, López Obrador intentó durante todo el sexenio (y con éxito) centralizar el poder político para utilizarlo sin apego a la Constitución (el marco legal de la comunidad política), aunque al principio del sexenio haya jurado en el Congreso de la Unión que respetaría la Constitución.

En una escena reciente, en febrero de 2024, el presidente incluso declaró que, por encima de la ley, estaban él y su “autoridad moral”. Es decir, el presidente López Obrador no se considera a sí mismo, ni sus ideólogos lo consideran, como un ciudadano mexicano (como el resto de los mexicanos), ni mucho menos como un servidor público, sino como alguien superior (un líder supremo, un Héroe de la Revolución de las Conciencias), que no solo debe estar más allá de las leyes, sino que debe ser considerado como la única fuente legítima de soberanía, moralidad, mexicanidad y legalidad en el territorio.

Por esto, durante el sexenio todos lo que se opusieran a sus opiniones (movimientos sociales, periodistas, académicos, partidos políticos, ciudadanos) pudieron bien ser llamados, desde el Estado, “traidores a la patria”, “corruptos” o “agentes de intereses ocultos” (sin pruebas).

Asimismo, durante el sexenio que termina, el desacato de todo tipo de leyes y reglamentos (de construcción de obra pública, de transparencia, electorales) fue una constante en el Gobierno Federal. Y, al tiempo que avanzó la militarización de actividades estatales, avanzó también la opacidad en el ejercicio del gasto público.

Por otro lado, el legislativo sirvió en este sexenio, más que como un contrapeso, o un poder soberano, como una caja de resonancia del ejecutivo e, incluso, abdicó a su responsabilidad de exigir la rendición de cuentas del ejecutivo. Igualmente, vimos un proceso de partidización y cooptación de organismos públicos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que las instituciones dejaran de hacer lo que la ley las mandata a hacer (en beneficio de los ciudadanos) y se dedicaran a hacer lo que el presidente les mandatara (en beneficio del presiente). Asimismo, el presidente ha dicho explícitamente que quiere cooptar, partidizar o desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el principal interprete de la Constitución, y la principal instancia del Poder Judicial).

No solo eso: el presidente López Obrador dedicó medio sexenio a intentar “destazar”, cooptar o desaparecer el INE, el colegio electoral, sin que nadie en la república lo pidiera. Es decir: el presidente busco destruir explícitamente al instituto que permite a los ciudadanos organizar elecciones para elegir a sus gobernantes y representantes (la condición mínima de un régimen democrático), para que su grupo se enquistara en el poder. Igualmente, el así llamado “Plan C” (el tercer intento por desaparecer el colegio electoral) contempla la legalización de un poder ejecutivo autoritario (sin contrapesos) en el marco de la Constitución.

Finalmente, López Obrador forjó un régimen que se tratara sobre él y sus ideas y proyectos, no sobre los mexicanos y sus ideas y proyectos. El programa de López Obrador en el gobierno incluso se demarcó del programa que él presento y por el que la gente votó en las elecciones de 2018.

López Obrador fue un autócrata que quiso minar, de principio al fin de su administración, el régimen democrático mexicano. Pero, a pesar de que hay retrocesos, a junio de 2024, el INE sigue en pie y se siguen celebrando elecciones ejemplares (como la de 2021) o aceptables (como la de 2024), en las que los ciudadanos eligen a sus representantes en los tres niveles de gobierno.

¿Qué es la erosión democrática?

La “erosión democrática” o el “retroceso democrático” puede entenderse como un deterioro en la gobernabilidad democrática de los regímenes; implica una cuestión de reducción de calidad democrática, no un cambio de régimen, aunque el producto final de este proceso puede ser un cambio de régimen.

En la literatura hay un interés creciente por el populismo y la polarización y los retrocesos en las democracias en el mundo. Se suele decir que ya vivimos “una recesión democrática”, un periodo de autocratización general; sin embargo, la literatura sobre estos temas es reciente y todavía faltan más trabajos en términos de volumen y también de calidad; otros estudios cuestionan, por ejemplo, que las aseveraciones sobre la actual “recesión democrática” suelen estar basados en indicadores subjetivos, no en evidencia empírica.

En este artículo y en este podcast, Alejandra López Villegas, candidata a Doctora en Ciencia Política por la Universidad Estatal de Michigan, ofrece un excelente resumen sobre el tema.

México puede ser considerado como un caso paradigmático de erosión democrática.

¿Qué es un régimen autoritario?

Los regímenes autoritarios son regímenes en los que el poder reside en una élite y, sobre todo, en un autócrata. El soberano ya no es la gente y los ciudadanos ya no se pueden involucrar en la toma de decisiones o, en otras palabras, en estos regímenes no hay elecciones libres y justas, existe más opacidad y los espacios de contestación, expresión y movilizaciones suelen ser restringidos o reprimidos. Asimismo, al no haber instituciones autónomas de justicia, la violencia suele ser un recurso omnipresente para resolver conflictos.

En la literatura hay un creciente interés por los regímenes autoritarios, dada su estabilidad en el mapa del mundo después de la “tercera ola de la democracia” de finales del siglo XX.

Lo primero a saber de estos regímenes es que varían mucho entre ellos, en la composición de las élites, en sus instituciones, en su origen, en sus herramientas de coerción y propaganda y en su nivel de cooperación con otros Estados, entre otros elementos.

Segundamente, como estos regímenes carecen de la legitimidad de las democracias, en ellos hay una fuerte inversión en instituciones para estabilizar el poder entre las élites. La principal preocupación de los autócratas suele ser, en este sentido, las escisiones en las élites, los golpes de estado, las rebeliones y la (in)estabilidad de la relación con los militares. Y, de hecho, los golpes de estado son uno de los mecanismos más comunes de cambio de régimen. El verdadero juego del régimen autoritario, entonces, suele ser el dilema de cómo mantener al autócrata o a la élite en el poder (y con qué instituciones) y los politólogos suelen investigar la estabilidad de estos regímenes como variable dependiente.

¿Los regímenes autoritarios tienen elecciones?

Sí. Muchos regímenes autoritarios hoy celebran elecciones (impostadas) y, asimismo, cuentan con otro tipo de instituciones con fachada democrática: legislaturas, sistema de partidos, cortes, constituciones, oposiciones leales. Este tipo de instituciones les permiten dar señales a sus habitantes o a la comunidad internacional para ganar legitimidad, atraer inversiones, disfrazar métodos de coerción, cooptar disidencias o expandir espacios para crear y recrear equilibrios entre las élites, exactamente como lo hacía en México el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el cenit del régimen autoritario a mediados del siglo XX.

¿En los regímenes autoritarios hay mejor gobernabilidad que en los regímenes democráticos?

En los pasados años hemos visto la aparición de gobernantes que podríamos llamar “autócratas eficientes”, como Viktor Orbán en Hungría o Nayib Bukele en El Salvador, que proponen una fórmula de eficiencia gubernamental, sin libertades civiles, que supuestamente solventa las limitaciones del caos y la incertidumbre inherente de los regímenes democráticos. En México (y en otros países, donde algunos habitantes sufren cierto desencanto con la democracia), estás ideas empiezan a enraizar e, incluso, desde la izquierda se suele expresar una cierta nostalgia por un pasado “eficiente” bajo el sistema autoritario de partido único (un pasado que, por cierto, me parece que nunca existió, pues recordemos que el sistema desde los sesenta estuvo en crisis y el descontento desembocó en la transición a la democracia y el cambio de modelo económico en los ochenta y noventa).

En un trabajo de investigación todavía en desarrollo analizo estos temas. Tengo la impresión de que los regímenes autoritarios (por diseño) están demasiado enfocados en el juego de mantener el poder, y suelen tener poblaciones enfermas, infelices, sin libertades y pobres. Las democracias, al garantizar libertades, contrapesos constitucionales, rotación de gobernantes y espacios de contestación, movilizaciones y reclamos, permiten tener (por diseño) mayor espacio para la rendición de cuentas. Por esto, los países más felices y con mayor desarrollo económico siguen teniendo regímenes democráticos.

El sexenio que termina también es un caso paradigmático de que más autoritarismo, más centralismo, más militarismo y más opacidad no se traducen en más gobernabilidad y mejores resultados de gobierno, sino en menos.

*Jorge Cano Febles es escritor y politólogo. Es coautor, junto con Anuar Portugal, de Cartas a un joven diseñador (RRD, 2020) y autor de Sopa de huesos (RRD, 2022). En 2023, fue becario del programa Jóvenes Creadores (antes FONCA) del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) en la categoría Ensayo Creativo. Entre 2015 y 2017, perteneció al equipo editorial de Horizontal. Es licenciado en Administración por el ITAM y actualmente es estudiante del doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Virginia.