En la lujosa Ibiza, los trabajadores esenciales se ven obligados a vivir en tiendas de campaña

A 1,900 euros al mes, el alquiler no era barato. Pero Alicia Bocuñano se sentía afortunada de encontrar un apartamento en Ibiza a ese precio. Como taxista con jornadas de 16 horas diarias, Bocuñano, madre soltera que creció en esta isla española, se imaginó que el excedente proveniente de los ajetreados meses de verano podría bastar para pagar el alquiler.

Pero su posible casero quería seis meses de renta más un depósito de seguridad por adelantado: cerca de 14,000 euros, unos 15,300 dólares, de golpe. Aunque no son del todo legales en el estrictamente regulado sector del alquiler en España, este tipo de exigencias son comunes en Ibiza, donde los turistas ricos llenan los hoteles en primera línea de playa y las discotecas de moda, mientras que las personas que trabajan en esos lugares —por no hablar de los profesores, bomberos y otros trabajadores esenciales de la isla— no encuentran un lugar donde vivir.

En vez de un nuevo apartamento, Bocuñano, de 38 años, pasó dos semanas aterradoras durmiendo en su automóvil, y luego tres meses en una tienda de campaña con su hijo de 10 años, Raúl, a su lado, antes de comprar una caravana usada en junio. Durante un par de meses, estacionó la caravana marca Caravelair en Can Rova, un pueblo dispuesto especialmente para las tiendas de campaña, chabolas y autocaravanas a las afueras de la ciudad de Ibiza, la capital de la isla, apenas detrás de un concesionario que vende costosas lanchas. “La primera vez que vinimos hacía frío”, dijo.

Las ciudades de tiendas de campaña empezaron a surgir aquí en 2023, pero este año han proliferado en tamaño y número. Can Rova, el mayor de los tres grandes campamentos de la capital y sus alrededores, acogió a unas 280 personas este verano. Una noche de julio, seis personas y un perro dormían en el suelo de la caravana de Bocuñano.

Muchos residentes de Can Rova dijeron que, al no tener otro lugar adonde ir, esperaban quedarse indefinidamente. Pero el 31 de julio, la policía cumplió una orden judicial de desalojar el campamento, levantado en un terreno privado. El propietario está inmerso en una serie de disputas legales y de zonificación. Muchos dijeron que planeaban trasladarse a otro de los campamentos, aunque esos lugares carecían de la electricidad, el agua y la valla perimetral que hacían de Can Rova un lugar amable.

Bocuñano fue detenida por la policía durante el desalojo masivo y podría enfrentarse a una multa.

En gran parte del mundo, la falta de vivienda se correlaciona con la falta de trabajo. Pero no en Ibiza, donde abundan los empleos y el pujante sector turístico depende de trabajadores itinerantes (con estatus migratorio variable). Aunque la mano de obra estacional ha puesto a prueba la oferta de vivienda durante unos meses al año, la escasez parece ahora más estructural.

Alicia Bocuñano dijo que las personas que trabajan todos los días “para cuidar de sus hijos” no tenían dónde vivir.

El aumento del trabajo a distancia y el incremento de los alquileres de corta duración han eliminado muchos apartamentos del mercado, lo que agrava la escasez existente causada por las restricciones de uso del suelo en una isla apreciada por su belleza natural y por las deficientes políticas públicas que siguieron al estallido de la burbuja inmobiliaria en España en 2008.

Carme Trilla, economista y exdirectora de política de vivienda de Cataluña, la región española de “la península”, como dicen los isleños, dijo que era fundamental. “Tienen que vivir allí”, agregó Trilla, “y el problema no es solo el precio, sino también la disponibilidad”.

La creciente crisis inmobiliaria de Ibiza llegó despacio al principio, y luego de golpe. La marca de la isla —“sol, playa, vida nocturna”, como dijo un vendedor de bienes raíces— floreció en las décadas de 1960 y 1970, cuando los bohemios se congregaron en esta isla balear. Los chicos de las flores dieron paso a la música disco, y los pantalones de campana fueron desplazados de las pistas de baile en las décadas de 1980 y 1990 por la cultura rave. En la década de 2000, Ibiza se había afianzado como la meca de la música electrónica y el escapismo lujoso.

“Es el único lugar del mundo donde se puede ver a los mejores DJ del mundo en los mejores locales cada noche”, dijo Yann Pissenem, director ejecutivo y propietario de Night League, empresa matriz de Ushuaia y Hi, dos de los clubes más de moda de la isla.

La población anual de la isla, 160,000 habitantes, es el doble que hace 20 años y sigue creciendo. Durante los meses de verano, más de un millón de personas se divierten en la isla en cualquier momento y el turismo de lujo ejerce aún más presión sobre la vivienda.

Ibiza es un ejemplo extremo de un fenómeno mayor en España, donde alrededor del 12 por ciento del producto interior bruto procede del turismo. Según un informe reciente, en 306 ciudades y pueblos considerados turísticos, los alquileres son 75 por ciento más altos que la media nacional, la mayor diferencia de la historia. Este verano, miles de manifestantes se han hecho presentes en otros lugares vacacionales, como Málaga, Mallorca y las islas Canarias, para protestar contra los excesos del turismo.

Trilla, que ahora dirige Hábitat 3, una fundación que trabaja para facilitar viviendas de protección oficial, dijo que en Ibiza la crisis se ha intensificado por una nueva oleada de conexiones aéreas de bajo precio a las capitales europeas y por más plataformas en línea que alquilan apartamentos a visitantes extranjeros. El precio medio de una vivienda en la isla es ahora de unos 6006 euros (6724 dólares) el metro cuadrado, tres veces la media nacional y más del doble que en Madrid y Barcelona.

Tres cuartas partes de los compradores potenciales de Ibiza buscan una segunda residencia, mientras que otro 15 por ciento quiere una propiedad de inversión, según Paloma Pérez Bravo, directora general de Sotheby’s International Realty en España. En una isla con viviendas inadecuadas y un terreno con espacio limitado para construir, muchas casas permanecen vacías gran parte del año. Y desde la pandemia, añadió, ha aumentado la demanda de compradores que quieren vivir en la isla todo el año. Ibiza, dijo Pérez, es una buena inversión porque “los precios no dejan de subir”.

En una tarde reciente, apenas antes de la demolición de Can Rova, los residentes relataron historias de apartamentos tipo estudio abarrotados donde la gente dormía por turnos en las llamadas “camas calientes” por unos 300 euros al mes.

María Fernanda Chica, una colombiana de 34 años que está a la espera de papeles para trabajar, vivió en uno de esos apartamentos mientras limpiaba casas de lujo a cambio de dinero. Chica dijo, refiriéndose a las condiciones, que no podía cocinar cuando lo necesitaba.

Este verano vivía en una estructura improvisada en Can Rova con su pareja y su hijo adolescente. La mayoría de los residentes alquilaban parcelas por entre 350 y 450 euros al mes (entre 389 y 500 dólares), más 50 euros por el agua y otros 50 por la electricidad. Los residentes eran responsables de excavar sus propios sistemas sépticos. Un buen número había construido chabolas con madera contrachapada, palés de transporte, pasto artificial, lonas y otros materiales básicos.

Jonathan Sánchez, de 33 años, y su novia Sandra Velásquez, de 41, duermen en una tienda de campaña entre otras decenas de personas en otro asentamiento informal. Sánchez, nacido en Ibiza, trabaja de día en la construcción. Velásquez, emigrante colombiana sin papeles, trabaja de noche limpiando por 7 euros la hora.

Sánchez dijo una noche reciente que no recordaba la última vez que había ido a la playa. Su camiseta decía “Ants”, el nombre de la fiesta que Pissenem organiza los sábados.

La pareja carga sus teléfonos móviles en las paradas de autobús y saca agua del grifo de un cementerio cercano. La mayoría de sus vecinos son trabajadores temporales de Marruecos que se van después del verano. Sánchez lleva 14 meses en su tienda. Sus compañeros no tienen ni idea de dónde vive. Dijo que eso no significaba que le avergüence su situación, sino que “no quiero que la gente se compadezca de mí”.

Cuando las personas que acampan como Sánchez se ven obligados a mudarse, la Guardia Civil, uno de los dos cuerpos nacionales de policía de España, probablemente ha intervenido (como lo hizo en el desalojo de Can Rova). Pero muchos de los agentes mismos están atrapados en esta crisis inmobiliaria. En plena temporada turística, había 17 puestos vacantes de la Guardia Civil en Ibiza. Muchos nuevos reclutas evitan trabajar en la isla y se van rotando cuando encuentran una vacante en otro lugar de España, explicó Tomás Quesada, agente de la Guardia Civil y representante sindical. Los sueldos iniciales son de apenas 1800 euros (2000 dólares) al mes, y la prima mensual de 94.63 euros por el costo de la vida apenas supone una diferencia.

Esa situación, dijo Quesada, estaba llevando a la desertización de los servicios públicos. “Tenemos derecho a poder vivir”.

Las enfermeras y los médicos se enfrentan a una realidad similar. También los profesores, algunos de los cuales viajan a diario en avión desde otras islas para ahorrar dinero. Joana Tur Planells, representante sindical de los profesores, dijo que en Ibiza no tenían “el mismo nivel de servicios públicos”.

El terreno siempre estará limitado en una isla de 572 kilómetros cuadrados, pero está surgiendo un consenso sobre la necesidad de la intervención gubernamental. En la localidad de Santa Eulària des Riu, donde se encontraba Can Rova, el Ayuntamiento tiene previsto destinar 5016 metros cuadrados de suelo público a la construcción de viviendas en los próximos años. Los documentos políticos piden que se haga más hincapié en la construcción de viviendas plurifamiliares y que se tomen medidas enérgicas contra los alquileres ilegales de corta duración.

Carmen Ferrer Torres, alcaldesa conservadora de Santa Eulària des Riu, señala los planes para iniciar la construcción de 60 apartamentos de alquiler más pequeños, una fracción de las unidades necesarias para aliviar la presión.

La alcaldesa aseguró que se trataba de problemas “importantes y urgentes” con soluciones que llevarán tiempo. Mientras tanto, su partido también aboga por una mayor liberalización de los mercados de alquiler, apostando por que la agilización de los desahucios para los morosos podría liberar el estancado parque de viviendas. Ferrer estuvo en el sitio apoyando el desalojo de Can Rova el 31 de julio.

Pero para Trilla, la economista especializada en vivienda, la solución global es clara. “Es necesario dar prioridad a la vivienda pública para los trabajadores esenciales”, dijo, y añadió que el problema no es solo la vivienda, sino el precio del suelo. Básicamente, se necesita dinero público para comprar propiedades privadas a precios de mercado.

Señaló una serie de políticas públicas en Barcelona, la capital catalana, que podrían facilitar la oferta de viviendas de corta duración, incluida una que flexibilizaría temporalmente las normas de zonificación para que los funcionarios pudieran dividir las casas unifamiliares en varios apartamentos. Barcelona también está eliminando gradualmente los alquileres a corto plazo del tipo que ofrecen plataformas como Airbnb. Estarán prácticamente prohibidos en 2028.

En el ámbito privado, empresarios de éxito como Pissenem, empresario de discotecas, se enfrentan a la crisis. Su empresa ha empezado a ayudar a sus trabajadores temporales a encontrar alojamiento. “Todos tenemos que encontrar la manera de ayudar a la gente que tiene la isla en sus manos”, dijo.

Por ahora, los ibicencos como Bocuñano se preguntan cuál será su próximo hogar. Durante las dos primeras noches tras la redada de Can Rova, se quedó en el sillón de una amiga. Su hijo vive con su madre en la otra punta de la isla. La dejaron volver brevemente a Can Rova para recoger sus pertenencias, incluida su caravana, pero tuvo que pedir prestado un vehículo para remolcarla.

A partir de ahí, dijo, “voy a recuperarme y volver a juntar las piezas”.

c. 2024 The New York Times Company

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO

El Congreso de la Ciudad de México aprueba un límite al aumento de alquileres