Los ciudadanos de EEUU también son deportados

Las deportaciones y las separaciones de familias son la pesadilla de millones en Estados Unidos. Muchas ya han sufrido su golpe pero enormes grupos de personas viven en el miedo y la tensión ante esa muy real posibilidad.

En el trasfondo, el gobierno de Barack Obama ha creado mecanismos para diferir la deportación de ciertas personas (como el programa DACA para jóvenes indocumentados llegados en la infancia) o para establecer prioridades sobre quién debe ser el objeto de la actividad de persecución oficial para ser echado del país.

Y, en paralelo, los dos más importantes precandidatos presidenciales republicanos, Donald Trump y Ted Cruz, agitan descaradamente la retórica antiinmigrante y han prometido deportar a todos los cerca de 11 millones de indocumentados en el país.

Un agente de la Policía de Inmigración y Aduanas vigila durante un vuelo de personas que son llevadas a la frontera para su deportación. (AP)

Pero como recordó el portal Vice, la deportación no es una amenaza exclusiva para los inmigrantes: gran cantidad de ciudadanos estadounidenses son detenidos y expulsados del país por su gobierno, a veces por error o confusión, por consideraciones relacionadas con cuestiones de inmigración.

En primer término se encuentran los deportados de facto, los menores nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados que, con grave frecuencia, se ven obligados a dejar su país natal cuando sus familiares son deportados.

De acuerdo al Huffington Post en 2013 72,410 inmigrantes que fueron deportados tenían hijos nacidos en Estados Unidos, y aunque muchos de los extranjeros tenían antecedentes penales que los hacían “prioridad” para ser sacados del país, una cantidad muy importante no lo era.

Entre 2003 y 2013 la cantidad de deportados con hijos estadounidenses habría ascendido a cerca de tres cuarto de millón de personas, de acuerdo a un estudio del Urban Institute. Muchos de esos hijos, presumiblemente miles, salieron del país con sus padres y los que se quedaron experimentaron fuertes carencias económicas, educativas, sanitarias, sociales y psicológicas.

Además, muchos estadounidenses que no entrarían en esa categoría de ‘deportación indirecta’ sí han sufrido la persecución de autoridades de inmigración en firme y habrían sido arrestados y/o deportados, aunque como lo narra un artículo de Jacqueline Stevens, profesora de la Universidad Northwestern, las autoridades de Inmigración y Aduanas (ICE) frecuentemente digan no tener cifras al respecto.

Pero datos citados por Vice colocarían esa cifra en 4,000 en 2010, y entre 2011 y 2014 las cortes de inmigración habrían revocado 256 de esos casos, por haber confirmado que los deportados eran en realidad ciudadanos estadounidenses.

Un centro de detención de inmigrantes, donde se les mantiene presos en tanto se define su situación migratoria. Muchos son luego deportados. (Getty Images)

Esas deportaciones de ciudadanos tendrían diversas causas, entre ellas errores y prejuicios por parte de las autoridades de inmigración, algo que se da en casos de personas de ascendencia extranjera o que son naturalizados y que, con frecuencia, tiene que ver con la falta de rigor o displicencia del ICE a la hora de comprobar la nacionalidad y status de un detenido en su custodia.

Vice relata el caso notorio de una niña de 4 años, ciudadana estadounidense, que en 2011 fue detenida en un aeropuerto cuando volvía al país de visitar a familiares en Guatemala. La niña fue devuelta a Guatemala y no pudo volver al país hasta que su padre contrató abogados y peleó legalmente hasta ganar en 2015.

Y otro caso, indica Vice, es el de un estadounidense nacido en Massachusetts que fue detenido por ICE en 1999 y deportado a República Dominicana, donde permaneció por 10 años hasta que pudo obtener un pasaporte estadounidense y volver al país, tras diversas alegaciones sobre la legitimidad de su acta de nacimiento en Estados Unidos que tuvo que enfrentar.

El portal ThinkProgress documentó el caso de un estadounidense hispano que fue detenido en 2007 y deportado pese a haber dicho varias veces que era ciudadano. Tuvo que pelear su caso y no pudo volver sino hasta 2011. En 2015 recibió 350,000 dólares del gobierno en compensación por los daños causados por su deportación injustificada.

Otro ángulo del problema, señalado por Stevens, son los casos de ciudadanos estadounidenses a quienes no se les ha permitido, en la frontera, reingresar al país por errores o abusos de agentes de la Patrulla Fronteriza, que muchas veces no toman en cuenta o incluso destruyen documentos que prueban la nacionalidad estadounidense del individuo, sobre todo en casos de personas de apellidos hispanos (un problema frecuente antes de que el pasaporte fuera requerido a los ciudadanos para volver al país vía terrestre).

Manifestantes protestan contra las deportaciones y la separación de familias, que afecta a inmigrantes y a sus hijos y familiares estadounidenses. (AP)

Y no solo los hispanos o personas de ascendencia extranjera han sufrido deportación injustificada. Stevens relata el caso de Mark Daniel Lyttle, nacido en Carolina del Norte y sin evidencia de que tuviera nexos familiares con México. Tras problemas psiquiátricos y legales, fue arrestado, transportado encadenado a la frontera de Texas con México y echado del país. La causa, como relató la revista The New Yorker, fueron errores en la información colocada en su expediente cuando fue inicialmente arrestado, que lo hacían pasar erróneamente por extranjero.

Cuando Lyttle trató de volver a Estados Unidos agentes de la Patrulla Fronteriza se lo impidieron y él experimentó un largo periplo por México y Centroamérica, incluso fue a la cárcel en varios países, hasta que un funcionario consular logró contactar a sus familiares en Estados Unidos y le expidió un pasaporte.

Pero cuando llegó al aeropuerto de Atlanta para reunirse con su hermano, un militar ubicado en Kentucky, autoridades de inmigración se negaron a dejarlo entrar al país, con todo y su pasaporte estadounidense, y fue arrestado y dispuesto para ser deportado de nuevo. La American Civil Liberties Union actúo en su defensa y demandó al gobierno estadounidense. Su caso fue arreglado en 2012, y él recibió 175,000 dólares en compensación.

Casos así han sucedido a lo largo de los años, pero durante esta campaña electoral han saltado nuevos y ominosos focos rojos.

Dentro de sus abrasivas frases de campaña, Trump prometió deportar a todos los indocumentados, cerca de 11 millones, y para ilustrar tamaña acción, que implicaría crear un estado de persecución a enorme escala, aludió a la llamada ‘Operación Espaldas Mojadas’ desatada en la década de 1950 por el gobierno del presidente republicano Dwight Eisenhower: una acción militarizada que deportó a cerca de 1.5 millones de personas, entre ellas gran cantidad de ciudadanos, y que fue severamente criticada por los abusos y violaciones de derechos humanos que perpetró. Hoy esa operación es considerada vergonzosa.

Y antes, en la década de 1930, una ola de repatriaciones forzadas, que habría afectado hasta a 2 millones de personas, entre ellas muchos estadounidenses méxicoamericanos, se llevó a cabo en el país bajo gobiernos republicanos y demócratas con similar falta de respeto por derechos básicos de ciudadanos y extranjeros. En 2005, California aprobó una ley donde específicamente se pide perdón por este hecho y se reconoce que cerca de 1.2 millones de personas nacidas en Estados Unidos fueron deportadas y violados sus derechos.

Así, las ominosas promesas de Trump y de Cruz imponen una sombra grave e indeseable sobre el futuro del país, con antecedentes históricos inquietantes, y de la que no están exentos ciudadanos ni extranjeros.

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