Yahoo Noticias Llevan a la ONU 5 casos de niñas víctimas de maternidad forzada para buscar un precedente de acceso a la justicia
A los 13 años, Norma vivía con su papá y su hermano mayor porque su mamá se había ido con su padrastro. “Un día mi papá creo que tomó mucho, no sé, y comenzó como que a gritarme que todas las mujeres somos unas cualquiera, a usar palabras malas, y entonces fue cuando abusó sexualmente de mí”, relata en un testimonio grabado.
Al otro día, le advirtió que no le dijera nada a nadie. La amenazaba con hacerle daño a su hermano y a sí mismo, si ella hablaba. Por eso se quedó callada. “Mi hermano me preguntaba, pero yo no le contaba nunca; la verdad es que en ese instante me quería morir, no quería hacer nada, no sabía qué era lo que me estaba pasando”, señala.
Odiaba a la persona que la había dañado, pero al mismo tiempo tenía miedo de llevar a término un embarazo que llegó sorpresivamente, y del que no sabía siquiera cómo había ocurrido. Norma quería abortar, pero la doctora argumentó que era muy riesgoso. Cuando hizo la denuncia por el abuso, acompañada de su hermano, la policía incluso le preguntó si le había gustado o no.
Pero no hicieron nada: su agresor siguió en las calles. El temor de ella creció. Finalmente, tuvo que dar a luz, en medio de violencia obstétrica por no querer que le hicieran un tacto. “Hay que buscar a las personas que más confianza les tenemos y a las que más confían en nosotras, y a ellas contarles lo que nos está pasando; a las niñas que ya no se callen, que el silencio ya se acabó”, aconseja Norma ahora.
Su caso, ocurrido en Ecuador, junto con el de Fátima, de Guatemala; Lucía y Susana, de Nicaragua, y Camila, de Perú, llegaron al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas entre 2019 y 2020 gracias a un litigio promovido por ocho organizaciones que impulsan el movimiento Son Niñas, No Madres. Ninguna de las sobrevivientes ha recibido reparación o justicia. Las asociaciones esperan que en noviembre el comité se pronuncie al respecto.
Con ello, la ONU podría dictaminar que los Estados señalados tengan la obligación de modificar su legislación sobre interrupción del embarazo, para que todas las niñas puedan acceder a él de forma segura y oportuna; regular este servicio en el sistema de salud y no en el penal; adoptar medidas para que el personal sanitario ofrezca suficiente información al respecto; impulsar que las niñas sean escuchadas; garantizar educación sexual integral; asegurar recursos judiciales efectivos, y tomar medidas para erradicar estereotipos de género y violencia obstétrica.
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Esto, de acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood, Promsex, Surkuna, Mujeres Transformando al Mundo, el Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala, Clacai, Amnistía Internacional y GIRE –las organizaciones promoventes– sentaría un precedente en el acceso a la justicia para niñas embarazadas como resultado de violencia sexual para toda la región, donde 5 de cada 100 menores de 15 años se convierten en madres.
América Latina y El Caribe sigue siendo la región en el mundo con la segunda tasa más alta de embarazos en niñas de menos de 15 años, y es la única donde la tendencia va en aumento. Además, 8 de cada 10 violaciones de niñas y adolescentes en la región tienen por víctima a una niña de entre 10 y 14 años; el 90% se da en un contexto de violación reiterada. Aunado a ello, la mortalidad materna sigue siendo una de las principales causas de muerte entre jóvenes de entre 15 y 25 años; cuando son menores de 16, la probabilidad de morir es cuatro veces más alta.
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México y sus estadísticas de casos de maternidad forzada en niñas
En México, la estadística de maternidades forzadas en niñas menores de 15 años no es más alentadora. Durante 2022 ocurrieron 7 mil 255 registros de nacimientos que tenían como madre a una niña de entre 10 y 14 años, destacó Rebeca Ramos, directora ejecutiva de GIRE, durante el relanzamiento del movimiento Niñas No Madres previo a las resoluciones que se esperan de la ONU.
Sin embargo, el acceso al aborto de niñas menores de 15 años corresponde únicamente al 1.23% del total de abortos practicados. “En México en teoría el acceso al aborto por violencia sexual debería estar garantizado; hay diferentes regulaciones que establecen que toda institución de salud pública y no pública debe proporcionar a las víctimas de violencia sexual atención inmediata sin exigirles ninguna condición ni establecer ningún plazo”, recordó.
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Tanto en la Ley General de Víctimas, como en la Norma Oficial Mexicana 046, la violación sexual se cataloga como un servicio de urgencia médica. No obstante, destacó la activista, mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar enfrentan todos los días diversas barreras para poder ejercer el derecho a la interrupción de un embarazo.
A ello se suman los altos índices de impunidad de los agresores, que Ramos calificó como desalentadores, lo que significa un panorama preocupante de desprotección para las niñas. “Es un imperativo moral poder hacer algo para cambiar ese panorama, para cambiar las vidas de esas niñas, y ahí fue donde emprendimos un proceso legal que esperamos genere condiciones reales de acceso a la justicia para cambiar el futuro de estas niñas”, añadió.
El proceso internacional
Catalina Martínez, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, puntualizó que los casos seleccionados que se llevaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU permiten ilustrar una problemática más grande, que se replica en toda la región.
“Lo revolucionario de este litigio estratégico es que incluimos cuatro casos que, si bien son peticiones individuales, los presentamos al mismo tiempo y los hemos ido llevando conjuntamente durante todas las etapas de litigio, de tal forma que ojalá, y es lo que estamos esperando, sean decididos al mismo tiempo, y salgan por primera vez y de manera muy histórica cuatro decisiones, que representan una problemática regional”, agregó.
Martínez subrayó que estos litigios tienen todo que ver con México, porque es un país que hace parte de los pactos internacionales y ha aceptado la competencia del Comité de Derechos Humanos para examinar, y si estos casos –como expuso GIRE– también están ocurriendo en México, a nuestro país le corresponde igualmente hacer cambios estructurales.
Las organizaciones reiteraron que a pesar de ser un servicio esencial de salud, América Latina y el Carible contempla gran parte de las regulaciones restrictivas y prohibitivas de interrupción del embarazo. La falta de opciones, junto con los altos índices de violencia sexual en la región, son una manera de forzar a las niñas a la maternidad.
Ante ello, el movimiento Niñas No Madres no solo busca justicia para los casos específicos, sino un precedente que orille a los Estados a regular el acceso al aborto; garantizar la vida digna, autonomía y no discriminación de las niñas, lo que incluye no obligarlas a llevar a término embarazos no deseados; asegurar educación sexual; considerar la maternidad forzada en niñas como una violación de la prohibición de tortura y tratos crueles, y lograr un antecedente histórico en jurisprudencia internacional.
“Soñamos con que todas las niñas puedan vivir su infancia y completar sus estudios, sin tener que renunciar a sus sueños por un embarazo forzado. Queremos darles fin a los ciclos de violencia, exclusión y discriminación que generan los embarazos y maternidades forzadas en niñas”, reiteraron las organizaciones en su invitación a sumarse al movimiento www.ninasnomadres.org
