Dan libertad bajo fianza a policías de Hialeah acusados de propinar golpiza a indigente y luego encubrirlo

Los dos agentes de la Policía de Hialeah acusados de golpear a un indigente y tratar de ocultar lo ocurrido, saldrán de la cárcel dentro de poco.

Tras cinco días de audiencias, el juez Robert Watson le impuso a Rafael Quiñones Otaño, de 27 años, una fianza de $10,000 y arresto domiciliario parcial, y a Lorenzo Rafael Orfila, de 23 años, una fianza de $20,000 y arresto domiciliario total. Ambos enfrentan una sentencia de cadena perpetua de ser hallados culpables. Se les había negado la posibilidad de salir en libertad bajo fianza luego de sus arrestos el 26 de enero.

Quiñones Otaño, veterano de seis años en el Departamento de Policía, fue acusado de secuestro a mano armada y de agresión. Su compañero Orfila, que lleva tres años en la agencia, enfrenta cargos de secuestro a mano armada, agresión y mala conducta oficial.

Los caminos de Quiñones Otaño y Orfila se cruzaron con José Ortega Gutiérrez el 17 de diciembre, cuando ambos fueron enviados a Los Tres Conejitos Bakery, ubicada en el 1912 W. 16 Street. Un cliente había llamado a la policía tras quejarse de que el lugar había un vagabundo con un comportamiento descontrolado y agresivo.

El encuentro terminó con Ortega Gutiérrez inconsciente y lanzado a un área boscosa a casi siete millas de distancia. Investigadores estatales dijeron que Quiñones Otaño y Orfila le dijeron a Ortega Gutiérrez que lo iban a llevar a la cárcel por estar ebrio y provocar desórdenes públicos.

Sin embargo, lo que en realidad hicieron fue llevar a Ortega Gutiérrez —con las luces de emergencia del auto patrullero activadas— a un área boscosa cerca de la calle 174 y la avenida 94 del noroeste, determinaron los investigadores estatales a través de el dispositivo de rastreo (GPS) y un video de vigilancia. Quiñones Otaño y Orfila no registraron ninguna prueba del viaje.

Durante los argumentos finales, el fiscal Shawn Abuhoff argumentó que Quiñones Otaño y Orfila pudieron haber arrestado a Ortega Gutiérrez el 17 de diciembre, pero en realidad lo que hicieron fue secuestrarlo y darle una golpiza, sin notificar a sus supervisores que tenían a Ortega Gutiérrez bajo arresto. De igual modo, tanto Quiñones Otaño como Orfila habían apagado las cámaras instaladas en sus uniformes.

“Simplemente demostraron haber traicionado a la placa que llevan”, dijo Abuhoff. “Traicionaron a su departamento. Y también traicionaron a la comunidad”.

Abuhoff habló igualmente de los antecedentes penales de la víctima, y lo describió como un desamparado alcohólico y narcotraficante. Según documentos estatales, Ortega Gutiérrez tiene un pasado criminal de delitos de menor cuantía en su mayoría, como allanamiento de propiedad privada y desorden público. En 1998, fue acusado de intento de homicidio en primer grado y de intento de homicidio en segundo grado un año después.

Ortega Gutiérrez fue detenido en una fecha tan reciente como el 17 de enero por posesión de cocaína con la intención de venderla.

“No estamos tratando de ocultar quién es la víctima”, dijo Abuhoff. “Pero es también una persona”.

Michael Pizzi, abogado defensor de Quiñones Otaño, expresó dudas sobre la teoría del fiscal de que Quiñones Otaño ayudó a Orfila con el secuestro y la golpeadura. Pizzi le pidió al juez que le fijara a Quiñones Otaño una fianza de $5,000, para que pudiera irse a la casa y estar con su familia.

“Están pidiendo darle crédito al testimonio de un delincuente habitual a quien Quiñones Otaño arrestó por posesión de drogas”, dijo Pizzi. “El estado jamás debió acusar al agente de la policía Rafael Quiñones Otaño”.

Después de la decisión del juez, Pizzi dijo que estaba satisfecho de que Quiñones Otaño pudiese irse a la casa con su esposa y con su bebé este fin de semana. Pizzi dijo al Miami Herald que esperaba que el estado retire las acusaciones contra Quiñones Otaño. Durante la audiencia, el juez dijo que la fiscalía no presentó pruebas sustanciales de que, en efecto, había cometido un delito.

“Esperamos que al final de todo esto Rafael Quiñones Otaño quede completamente exonerado y recupere su empleo”, dijo Pizzi.

Robert Barrar, abogado defensor de Orfila, secundó el escepticismo de Pizzi. Describió el presunto secuestro como un arresto que los dos agentes no llevaron a cabo porque sintieron “lástima por él”. Para su cliente, Barrar pidió una fianza que no fuese mayor de $20,000.

“Lo que sucedió ese día fue que la policía hizo lo que se le permite hacer”, dijo Barrar. “La ley le permite a los agentes de la policía ejercer la fuerza con discreción. Quizás fue estúpido que no mantuvieran encendidas las cámaras, pero eso no es un delito”.

Barrar dijo a los reporteros que se sentía contento de que Orfila tuviera la oportunidad de salir bajo fianza y estar en casa con su madre, su madre y su hermana, agregando luego que esperaba que en el juicio “pudiera demostrarle a la población de Miami-Dade que Orfila no hizo nada malo”.

Casi dos semanas después de la presunta golpiza, el investigador privado Ali Amin Saleh, quien según investigadores estatales, es amigo de Quiñones Otaño y Orfila, encontró a Ortega Gutiérrez en el mismo centro comercial donde empezó todo el incidente. Saleh le dio $1,350 a cambio de firmar una declaración jurada de que no fue golpeado y que no quería que castigaran a los agentes.

Saleh, de 45 años, fue arrestado y acusado de sobornar a un testigo. El viernes, se le fijó una fianza de $10,000 bajo condiciones regulares de arresto domiciliario.

Stephen López, abogado defensor de Saleh, trató de poner en entredicho las afirmaciones de Abuhoff de que Saleh le pagó a Ortega Gutiérrez y estuvo de acuerdo con Orfila. También solicitó que Saleh fuera liberado de la cárcel ya que la acusación en su contra no conlleva una fianza.

“La única persona que dijo que el dinero se lo dio el señor Saleh es Ortega Gutiérrez”, dijo López. “El señor Saleh es amigo de muchos policías de Hialeah, habla con ellos por teléfono y acostumbran a reunirse para tomar café y almorzar”.

Tras el anuncio del juez, López que estaba satisfecho de que la fianza de Saleh fuera razonable, y que sus cuatro hijos se reunieran con su padre el viernes por la noche.

“Al final de todo, será reivindicado”, le dijo López a los reporteros sobre la futura fecha del juicio.

Sin embargo, el incidente no finaliza con Saleh. Juan Prietocofino, notario de 51 años que trabaja en la misma oficina de Saleh, fue acusado de fraude tras haber sido acusado de notarizar una declaración jurada falsa.

Quiñones Otaño, Orfila y Saleh rechazaron la oportunidad de testificar el viernes.

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