Las leyes locales de Texas que impiden los traslados para abortar ganan impulso

HOUSTON — En los últimos meses, los opositores al aborto en Texas lograron promulgar un número cada vez mayor de leyes locales para impedir que las personas ayuden a las mujeres que quieren viajar para someterse a abortos en estados cercanos que aún permiten el procedimiento.

El lunes, el condado de Lubbock, un eje conservador de más de 300.000 residentes cercano a la frontera con Nuevo México, se convirtió en el condado más grande en promulgar este tipo de prohibición. El tribunal de comisionados del condado votó a favor de prohibir el transporte de una mujer embarazada por el condado, o el pago de su viaje, con el fin de que aborte, en una reunión pública en la que en ocasiones se escucharon apasionados testimonios.

El condado, que abarca la ciudad de Lubbock y la Universidad Tecnológica de Texas, se unió a otros tres condados mucho más pequeños — uno a lo largo de la frontera con Nuevo México y otros dos en el centro del estado— en la aprobación de ordenanzas que fueron redactadas en parte por el arquitecto de la prohibición del aborto de seis semanas de Texas, que se promulgó en 2021 incluso antes de que la Corte Suprema anulara la sentencia del caso Roe contra Wade el año pasado.
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El martes pasado, en la ciudad de Amarillo, al norte del estado, en una zona conocida como el Mango de Texas, se llevó a cabo una audiencia pública que duró varias horas, con la finalidad de analizar una ordenanza similar, que aplicaría a una red de caminos y autopistas que pasan a lo largo de la ciudad de 200.000 habitantes y que conducen a Nuevo México y Colorado, estados a donde muchas mujeres texanas han viajado para interrumpir su embarazo.

“Estas ordenanzas para evitar el tráfico del aborto en verdad son el siguiente paso para un Estados Unidos libre de abortos”, comentó Mark Lee Dickson, un activista antiaborto que ha recorrido el estado para apoyar este tipo de leyes. Afirmó que esperaba que varios condados más adopten medidas similares en los próximos meses.

Las ordenanzas han sido redactadas por Dickson y Jonathan Mitchell, el exprocurador general de Texas que elaboró la prohibición del aborto en el estado en 2021, y se basan en el mismo mecanismo de aplicación que la prohibición del aborto: las demandas de ciudadanos particulares. En específico, prohíben que la policía, los alguaciles u otros funcionarios o empleados del condado apliquen la prohibición, lo cual constituye una manera de evitar una impugnación judicial inmediata y una posible medida cautelar.

En la práctica, alguien tendría que tener conocimiento de que una persona ayudó a una mujer embarazada a salir del estado para realizarse un procedimiento a fin de presentar una denuncia. Lo más probable es que las ordenanzas funcionen como la prohibición del aborto de seis semanas, que atrajo pocos casos, pero tuvo un efecto disuasorio.

Algunos juristas comentaron que este tipo de leyes podrían vulnerar la protección constitucional.

“Hasta el magistrado Kavanaugh, en su opinión concurrente en la decisión del caso Dobbs, que anuló la sentencia del caso Roe contra Wade, señaló que un estado estaría violando el derecho constitucional a los viajes interestatales si tratara de prohibir a las mujeres viajar fuera del estado para buscar un aborto legal”, dijo Jeffrey Abramson, profesor emérito de Gobierno y Derecho en la Universidad de Texas en Austin.

Dickson comentó que este tipo de leyes pueden entrar en vigor porque aplican a cualquiera que ayude a una mujer embarazada a viajar —incluyendo el apoyo financiero— y no prohíben que una mujer conduzca ella misma o viaje por otros medios.

“No lo vemos como una prohibición de viajar”, dijo. “Lo vemos como una prohibición del tráfico de abortos”.

En una declaración, Autumn Keiser, vocera de Planned Parenthood en todo el estado de Texas, dijo que estas leyes eran “innecesarias, confusas y destinadas a infundir miedo para impedir el acceso a la atención médica fundamental”.

Las filiales de Planned Parenthood en Texas, que dejaron de facilitar la realización de abortos en el estado, también están luchando contra un caso presentado por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien acusa a la organización de defraudar al programa Medicaid. El lunes, el juez Matthew Kacsmaryk, un juez federal nombrado por Donald Trump, determinó que esa demanda debe ir a juicio. Texas reclama casi 2000 millones de dólares.

La promulgación de la ley para impedir los viajes, que contó con 3 votos a favor y 0 en contra de los comisionados del condado de Lubbock, no sorprendió a nadie. Los electores de la ciudad de Lubbock aprobaron la prohibición del aborto en 2021, poco antes de que entrara en vigor la prohibición estatal de las seis semanas. El lunes, un flujo constante de residentes habló a favor de la medida, en muchos casos, por motivos religiosos.

“Vengo aquí con Dios de mi lado”, dijo Tonya Gilliam, quien les dijo a los comisionados que ella había abortado hacía casi 50 años. “Esto es muy querido por Dios. La vida lo es todo”, afirmó.

Otra mujer, manifestó su oposición a la ley y su apoyo al derecho al aborto. “Hay miles de personas que no han podido venir porque tienen que trabajar y creen que las mujeres deben decidir sobre su cuerpo”, expresó Charlotte Dunham, quien dijo a los comisionados que crecía que el aborto debería legalizarse.

El juez del condado, Curtis Parrish, dijo que no se oponía a la intención de la ordenanza, pero se abstuvo en la votación tras decir que creía que la ordenanza, “tal como está escrita, tiene muchos problemas legales”.

Parrish también dijo que se preguntaba cuál sería el verdadero impacto de la ley, dado que solo aplicaba a las partes no incorporadas del condado y no, por ejemplo, a la ciudad de Lubbock. Dijo que una persona podría llevar a una mujer embarazada al aeropuerto de Lubbock para tomar un vuelo a Nuevo México para que abortara, sin infringir la ley.

Gilbert Flores, comisionado del condado, también se abstuvo de votar. “Tengo 77 años”, dijo, y describió tiempos de su vida en los que sus derechos se violaron.

“Ahora, ante mí está la pregunta: ¿tengo el derecho, tengo el poder, quiero la autoridad para decir a estas mujeres lo que tienen que hacer, para violar sus derechos?”, dijo. “Me resulta difícil”.

Otro comisionado, Terence Kovar, dijo que en una ocasión había ayudado en un centro de embarazos en crisis y que votar a favor de la ordenanza coincidiría con sus opiniones contrarias al aborto y con las de sus electores.

“Esta puede ser una manera de hacer que las madres lo piensen”, dijo en una entrevista. “En lugar de conducir hasta Nuevo México, vienen y encuentran uno de los lugares locales para que las ayuden a superar un momento problemático y acaban teniendo el niño”, concluyó.

c.2023 The New York Times Company